Bruselas teme enmiendas a la Ley de Amnistía para beneficiar a Pujol y Laura Borràs

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha llevado su escrutinio sobre la amnistía más allá de la proposición de ley que se ha registrado en el Congreso. En su intervención en el debate en el Parlamento Europeo sobre la "amenaza para el Estado de Derecho por un acuerdo de gobierno en España" este miércoles, Reynders ha advertido de que fiscalizará las "enmiendas" a la amnistía y el resto de acuerdos de gobierno "que no hemos visto", en alusión al lawfare, "y elementos del Derecho criminal a nivel europeo", en referencia a la corrupción y malversación.

La Comisión ha lanzado un aviso al Gobierno de Pedro Sánchez sobre el control político sobre los jueces o lawfare, que aunque no está de forma explícita en la proposición de ley de amnistía, sí lo está en el acuerdo con Junts.

Las enmiendas a la ley se prevén además en este sentido, ya que la familia Pujol, Laura Borràs o incluso Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdmont, que se han quedado fuera de la proposición de ley de amnistía, se presentan como casos de lawfare por parte de Junts a pesar de tratarse de casos de corrupción.

Borràs fue condenada a cuatro años y medio de cárcel en marzo por corrupción. Entre 2013 y 2016, la presidenta de Junts fue la directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), dependiente de la Conselleria de Cultura, donde adjudicó a su amigo Isaías Herrero 18 contratos por 335.700 euros y le envió correos con indicaciones sobre cómo fraccionar contratos.

Ha participado en las negociaciones de Junts con el PSOE en Bruselas y ha estado en el cierre de las mismas y se ha mostrado muy satisfecha con el registro de la proposición de ley de amnistía a pesar de que no le incluya y ha abierto la puerta a intentar acogerse a la amnistía como víctima del lawfare en virtud del acuerdo con el PSOE.

El 'lawfare'

Borràs ha subrayado en Ràdio 4 que las víctimas del lawfare quedan reconocidas en el acuerdo y ha asegurado que sus abogados tienen margen para que su caso se incluya en la amnistía. "Todas las defensas de los procesos de persecución del independentismo que han tenido lugar en la horquilla cronológica marcada en la ley de amnistía iniciarán estos trámites", ha dicho.

Distintas informaciones apuntan a que la familia Pujol intentó ser incluida hasta el último minuto en la norma. Artur Mas, que sí se beneficia, ha sostenido en Catalunya Ràdio que los casos de Laura Borràs y Pujol caben en la Ley de Amnistía.

"Creo que hay argumentos desde el punto de vista de la defensa de Laura Borràs como mínimo para intentar incluirla en la ley de amnistía. Es muy evidente que en una ley de amnistía no hay casos particulares porque no dice esta persona sí, esta persona no. Lo que introduce son conceptos y periodos de tiempo [...] es evidente que en el caso de Laura Borràs habría sido distinto si ella no hubiera sido quien era y no hubiera representado lo que representaba", ha declarado Mas.

Respecto a Jordi Pujol, Mas ha apuntado que "se ha podido demostrar que había una policía patriótica que actuaba de manera ilegal, de manera ilícita, inmoral, que usaban elementos del Estado y paraestatales para intentar influir sobre las elecciones y que todo iba en la misma dirección, intentar cargarse por una vía ilegal, ilícita e inmoral el proceso independentista. [...] En la medida en que sea evidente que ha habido un abuso de poder por parte del Estado y que todo eso estaba orientado a desgastar a determinadas figuras políticas hay caminos para intentar defender su inclusión en la ley. Y creo que ese camino quedará abierto".

El intento de incluir a Gonzalo Boye dentro del grupo de amnistiados parece más complicado: está acusado de blanqueo de dinero para el narco Sito Miñanco. En Junts se defiende que si no fuera el abogado de Puigdemont no se le habría procesado.

El pacto entre el PSOE y Junts hecho público el 9 de noviembre establece que "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

De hecho, este miércoles la Mesa del Congreso que controla el PSOE ha autorizado dos comisiones de investigación para examinar el lawfare que exige Junts sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la llamada operación Cataluña para desacreditar a políticos independentistas.

Este jueves, se ha registrado una tercera sobre el espionaje con el programa Pegasus del que supuestamente fueron víctimas políticos, activistas, periodistas y abogados independentistas.

Las comisiones del lawfare en el Congreso se pactaron ya cuando se constituyó el Congreso y el PSOE acordó con ERC y con Junts permitir el uso de lenguas cooficiales y prestar diputados para poder formar grupo parlamentario.

Se entienda que está o no el lawfare en la ley de amnistía, el comisario de Justicia ha lanzando un aviso: es consciente de que esto está contenido en los pactos, que espera que se le remitan, y va a vigilarlo, junto con las enmiendas. 

El enfrentamiento entre Junts y ERC

El trámite de enmiendas puede suponer un nuevo elemento de enfrentamiento entre Junts y ERC. En ERC muchos creen que el caso de Borràs o el de Pujol son sólo corrupción y no deben incluirse en la amnistía.

Paradójicamente, ERC promovió que la proposición de ley se tramite con enmiendas, lo que retrasará su aprobación y una vuelta a España de Puigdemont que le permita presentarse a las elecciones catalanas.

Una proposición que registra un solo grupo queda abocada a que no se tramite en lectura única, es decir, sin enmiendas y con máxima celeridad.

La confrontación entre Junts y ERC fue el motivo de la firma solitaria del PSOE en la ley, de la que no se cambió ni el plural del verbo, cuando se preveía que la suscribieran todos los socios.

Los Republicanos arrancaron al PSOE en el pacto para investir a Pedro Sánchez una condonación de la deuda de Cataluña de 15.000 millones y el traspaso de Rodalies -aunque participada al 50% por el Estado-, dos medidas de gran trascendencia y, a la vez, concretas. La proposición de amnistía, con los obstáculos y el retraso que pueda acumular, quedarían en el haber de Junts.