ERC consigue dilatar la ley de amnistía para retrasar la vuelta de Puigdemont

Nadie se puso de acuerdo para firmar a la vez la amnistía. No deja de ser un mal arranque de la mayoría que quiere investir al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que anticipa una legislatura accidentada. El PSOE ha registrado en solitario este lunes en el Congreso la proposición de Ley Orgánica de Amnistía pese a que estaba previsto que el texto llevara la firma de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y del BNG.

No pudo ser. Y eso que el PNV dio por descontado a primera hora que la firma de la amnistía sería común. La fórmula molestó especialmente a Sumar. El enfrentamiento entre Junts y ERC fue el motivo de la solitaria rúbrica socialista en la ley, de la que no se cambió ni el plural del verbo. Y todo por una maniobra de ERC, según ha podido saber Vozpópuli, para dilatar la tramitación.

Lo cierto es que el registro de una iniciativa por un solo grupo aboca a que ésta no se tramite en lectura única, es decir, sin enmiendas y con máxima celeridad, lo que pretendía Junts para facilitar y acelerar la vuelta de Carles Puigdemont a España. ERC, en cambio, quiere que la tramitación se dilate para torpedear un regreso rápido del expresident que le permita presentarse a las elecciones catalanas.

Las medallas de ERC

Los republicanos arrancaron al PSOE en el pacto para investir a Pedro Sánchez una condonación de la deuda de Cataluña de 15.000 millones y el traspaso de Rodalies -aunque participada al 50% por el Estado-, dos medidas de gran trascendencia y, a la vez, concretas y que ya estarían preparándose. La proposición de amnistía, con los obstáculos y el retraso que pueda acumular, quedarían en el haber de Junts en el relato de los de Junqueras en su eterna competición.

Aunque la proposición de ley no se registre con la previsión de que se tramite en lectura única, los grupos pueden solicitarlo antes de que la Mesa la califique. Pero que haya sido el PSOE en solitario quien presentara la ley descarta esta posibilidad.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, eludió explicar por qué los socios con los que se pretende sacar adelante la investidura de Sánchez este jueves firmaron. "Las razones de otros grupos... Les corresponde a ellos responder a los motivos por los que toman decisiones en un sentido o en otro", despachó.

De hecho, en el texto presentado en el Congreso el verbo está conjugado en plural pese a que solamente lo haya presentado el PSOE. "El Grupo Parlamentario Socialista tienen el honor de dirigirse a la Mesa", comienza el escrito. Una errata que delata que ya tenían el texto preparado y que contaban con presentarlo con la firma de todas las partes implicadas.

El desencuentro entre ERC y Junts también se ha referido al tratamiento del terrorismo en la norma. La proposición exonera los delitos de terrorismo en los que no haya sentencia firme, lo que afectará a Puigdemont pero también a Marta Rovira, de ERC, imputados por supuestos delitos terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic. Con todo, para Rovira no concurre la urgencia que sí opera para el expresident.

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En último término, el PSOE y Sumar controlan la Mesa del Congreso, con lo que cabe esperar que intenten agilizar la tramitación, pero la vía ordinaria y, por lo tanto, con enmiendas, se dilatará.

Además, el trámite de urgencia que sí concurre acorta los plazos de las enmiendas, pero no pone límites a estos plazos.

Dependiendo de si el Congreso habilita enero, mes inhábil, la proposición no saldrá del Congreso como mínimo hasta marzo o abril.

El retraso en el Senado

Una vez que la proposición de ley llegue al Senado, se encontrará con toda la fuerza de la mayoría del PP, que de momento ya ha tomado en consideración una reforma del Reglamento de la Cámara Alta para dilatar la tramitación. La iniciativa, que bebe de un informe que avanzó Vozpópuli, retrasará el proceso un mínimo de dos meses. El informe, de Esaú Alarcón y Alejandro Miguélez, abogados y profesores, planteaba excluir las proposiciones de ley de los plazos de tramitación aplicables a los proyectos de ley.

La Constitución regula los plazos de los proyectos de ley pero no de las proposiciones. La propuesta de reforma que ha registrado el PP modifica el artículo 133 del Reglamento del Senado, que establece que los proyectos de ley deberán tramitarse en dos meses o en 20 días si son urgentes y que también permite que la Mesa del Senado pueda decidir la tramitación de urgencia de un proyecto de ley.

La propuesta que avanzó este periódico planteaba que el plazo de las proposiciones de ley podría ser otro superior, permitiendo inclusive la intervención de las comunidades autónomas afectadas, sin resultar constreñido por el marcado por la Constitución para los proyectos de ley. Incluso, sine die.

Los populares han restringido finalmente el cambio a que el plazo pueda ser de dos meses. Con todo, el retraso será mayor por la participación social y de expertos prevista. Todo el proceso, incluida la vuelta al Congreso, puede retrasarse hasta más allá de la vuelta del verano.

De hecho, la reforma plantea "ofrecer mayores oportunidades al rigor y la calidad de la función legislativa del Senado, abriendo la posibilidad de que, en el trámite de las proposiciones de ley, y a diferencia de lo que sucede con los proyectos, los senadores cuenten con el tiempo necesario para poder paliar, al menos, los déficits de documentación y análisis técnico y jurídico, así como de debate público y de participación social de los que, como la experiencia demuestra, suelen adolecer este tipo de iniciativas legislativas".

Además de los escollos a los que pueda enfrentarse en los tribunales por cuestiones de Derecho nacional, a la proposición le esperan problemas de entidad en la UE, apuntan Esaú Alarcón y Francisco de la Torre. Para empezar por el exceso de competencias que se atribuye.

Alarcón augura "un choque institucional de dimensiones considerables con la Unión Europea", ya de entrada por la llamada "teoría del acto claro": los jueces y funcionarios están obligados a inaplicar aquellas normas internas que resulten contrarias al derecho de la Unión Europea.

De la Torre, inspector de Hacienda y abogado, que advierte de que parte de una posición personal contraria a la amnistía, tiene además dos grandes dudas de constitucionalidad, por el monopolio jurisdiccional e independencia judicial y por la igualdad en la aplicación de la ley.