El exsocio rumano de Iberdrola, sobre el espionaje de Villarejo: “No eran datos públicos”

La Audiencia Nacional ha arrancado la semana de declaraciones en el caso Villarejo escuchando a los primeros testigos citados en la investigación por los contratos de Iberdrola. Se trata de presuntos perjudicados por algunos de los encargos de espionaje que el comisario jubilado elaboró para la eléctrica entre 2004 y 2017. Uno de ellos, el empresario Corneliu Dica, ha asegurado que la información que atesoró el policía sobre él para trasladarla a la eléctrica era confidencial ya que solo la tenían los servicios secretos de Rumanía. "No eran datos públicos", ha dicho.

Este empresario, que figura como perjudicado en esta pieza concreta, fue objetivo del comisario jubilado en el marco del proyecto Wind. Este encargo -el último que efectuó para Iberdrola- tenía como fin indagar si los socios de la compañía en Rumanía tenían bienes a su nombre. Esto es así porque la firma Eólica Dobrogea se declaró insolvente para no hacer frente a un laudo millonario que había perdido contra Iberdrola. De esta forma Villarejo puso el foco tanto en el entonces presidente Christopher Kapp como el delegado Corneliu Dica.

Fuentes presentes en la declaración consultadas por Vozpópuli explican que Dica ha hecho hincapié en que la información que trabajó el comisario jubilado no provenía de fuentes públicas. Cabe recordar que Iberdrola Renovables (imputada en la causa por costear este proyecto) defendió en su turno ante el juez que el pago de cerca de 30.000 euros al Gupo Cenyt se produjo con motivo de la oferta de servicios pero que nunca llegaron a contratar al comisario jubilado para este asunto en concreto.

En los avances de informe que elaboró el Grupo Cenyt el foco se puso principalmente en todas las filiales de la sociedad suiza así como del principal accionista, Kapp. De él se indagó los bienes a su nombre y a los de su familia más cercana (mujer y padre). En lo que respecta a Dica las fuentes consultadas explican que ha hecho continua alusión a todo el litigio que tenía la compañía con Iberdrola por un proyecto eólico fallido, lo que ha provocado la interrupción por parte del magistrado Manuel García Castellón para que respondiera exclusivamente en relación a este presunto encargo de espionaje.

Proyecto Arrow

Además de Dica estaba citada para este martes la exalcaldesa de Arcos de la Frontera (Cádiz), Josefa Caro. En este caso se le cita como testigo también por el espionaje que llevó a cabo el comisario jubilado en el marco del proyecto Arrow. El mismo se impulsó en 2004 (fue el primero de los encargados por Iberdrola) y el objetivo era el consistorio de este municipio gaditano en donde la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán quería impulsar una central eléctrica de ciclo combinado que había comprado previamente a Enron.

El agente encubierto se adentró en movimientos vecinales y ecologistas ante su negativa a dar luz verde a este proyecto. En su declaración ante el juez, la exalcaldesa del municipio ha precisado que no se sintieron ni monitorizados ni controlados por el comisario jubilado. También ha descartado que existiera algún tipo de presión política para tratar de boicotear la construcción de esta central que contaba con todos los permisos necesarios. De hecho, Caro ha explicado que en aquel entonces decidieron recurrir a un abogado de la Diputación para que les aconsejara en relación a esta construcción. El letrado les confirmó que no había irregularidad alguna con el proyecto.

La proveedora de Iberdrola

Además de estos testigos, el magistrado ha llamado a declarar a otras personas implicadas en estos encargos tales como el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, que está imputado en otras piezas del procedimiento. El exmando policial está citado en calidad de testigo este miércoles junto con otros presuntos espiados también en el marco del primero de los encargos al Grupo Cenyt. Las citaciones seguirán el jueves y el viernes, día este último en el que comparecerán Antonio Holguín y Francisco Javier García Saldaña. Se trata de los socios fundadores de Castellana de Seguridad (Casesa), la entonces proveedora de Iberdrola.

Precisamente, ambos declararon ya en marzo de 2020 por estos mismos hechos. Entonces los empresarios negaron tener relación alguna con el entramado del comisario jubilado pese a las sospechas de que Iberdrola utilizó esta firma para pagar los servicios de Villarejo por el proyecto Arrow. En el marco de estas pesquisas, Hacienda acreditó en información remitida a la causa que Casesa efectuó pagos al entramado del comisario jubilado ese mismo 2004. En concreto, Cenyt recibió 256.360 euros mientras que la filial Cenyt Data facturó 81.200 euros.