Publicado: 08/05/2024 04:45
Actualizado: 08/05/2024 08:15
Dos reveses judiciales cercan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El nuevo varapalo del Tribunal Supremo por el último nombramiento de Dolores Delgado y la apertura de una causa a instancias de la pareja de Isabel Díaz Ayuso acorralan al máximo responsable de una Fiscalía en entredicho y con una credibilidad, según lamentan los propios fiscales, "bajo mínimos".
Los dos pronunciamientos judiciales conocidos este martes en apenas diez minutos de intervalo dejan al fiscal general en una posición especialmente delicada y agravan la crisis abierta desde su llegada al cargo en sustitución de Dolores Delgado. Precisamente, uno de los dos golpes que recibió ayer el fiscal general lo asestó el Tribunal Supremo al anular la elección de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática.
El pronunciamiento de la Sala Tercera se produce después de que en noviembre anulara su primera designación y, consecuentemente, el ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal. El Supremo le atribuyó entonces una "visible e innegable desviación de poder" al defender una especie de promoción automática para Delgado tras dejar la jefatura de la Fiscalía. A mayores, la Sala reiteró en enero que veía "incontestable" esta desviación, después de que Delgado agotara la última vía para revertir esta nulidad.
Reproche por el Consejo Fiscal
El varapalo no evitó que Pedro Sánchez volviera a proponerle como fiscal general para la nueva legislatura y ello pese a que el CGPJ le declaró inidóneo para el cargo en un pronunciamiento insólito hasta la fecha. Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que la futura sentencia en la que trabajan ya los magistrados no contendrá un pronunciamiento tan duro contra García Ortiz, aunque sí se le reprochará que mantuviera la celebración del Consejo Fiscal en el que iba a designar a Delgado, pese a que una mayoría de vocales que lo integran pidiera su suspensión.
Estos vocales esgrimieron que querían estudiar si la candidata concurría en causa de incompatibilidad contemplada en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por las actividades en materia de Derechos Humanos de su pareja, Baltasar Garzón. El fiscal general no atendió a la solicitud y ahora el Supremo le obliga a retroceder hasta ese momento puesto que el Consejo era competente para suspender el cónclave.
De esta forma, el Consejo tendrá que volverse a reunir y todo apunta a que los siete fiscales que pidieron tiempo para estudiar su candidatura podrían oponerse a la misma. De darse este escenario, Delgado no podría volver a optar a candidata a esta plaza para la que sonaba como favorita desde el mismo momento de su dimisión como fiscal general del Estado.
Sin embargo, si el Consejo avala su candidatura, podría ocurrir que el fiscal general volviera a proponerla para el cargo y también para el ascenso de la carrera, dado que perdió esta categoría tras el primer revés del alto tribunal. Sea como fuere se avecina un cónclave convulso en este sentido ya que, tras la negativa del fiscal general de suspenderlo, los vocales avisaron al Consejo de Ministros que la propuesta sobre Delgado era "nula de pleno derecho". Casi once meses después, la Justicia les ha dado la razón.
Incendio en la Fiscalía
Pero si hay un frente judicial que pone en la diana al fiscal general es el que acaba de abrir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por presunta revelación de secretos. El órgano ha admitido a trámite la querella interpuesta por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto para investigar si la Fiscalía cometió delito al informar sobre comunicaciones secretas entre este último y el abogado de Alberto González Amador.
La admisión de la querella ha supuesto un duro golpe para el fiscal general, sobre el que planea la sospecha de que pudo haber dado las órdenes de publicar dicha nota. El origen del incendio se sitúa con las primeras informaciones de este asunto que apuntaron a una propuesta de conformidad por parte de la Fiscalía. Para rebatir esta tesis, la Fiscalía Provincial de Madrid explicó en una nota el orden cronológico de las comunicaciones.
Del mismo se desprendió que fue el abogado de González Amador el que buscó el pacto y no al revés. De hecho, en un correo electrónico del 2 de febrero admitió la presunta comisión de dos delitos fiscales por los que se le investiga y propuso conformarse con una pena acordada. La denuncia no se frenó y se llevó a los juzgados de Plaza Castilla, donde se abrió causa contra él.
Sin embargo, la filtración de estos datos puso en pie de guerra a la Abogacía y al propio González Amador. Así, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) lo denunció en los juzgados, mientras que el novio de la presidenta madrileña interpuso querella directamente contra el fiscal de su caso y la fiscal jefa de Madrid por revelación de secretos.
El fiscal general, en manos de sus subordinados
Se da la circunstancia de que la Fiscalía pidió la inadmisión de la denuncia en el primero de los asuntos si bien en el segundo la fiscal a la que le cayó por reparto quiso seguir adelante. Su criterio favorable a la investigación de los hechos provocó un auténtico incendio dentro de la carrera fiscal puesto que se negó a doblegarse a las órdenes de la 'número dos' de la Fiscalía.
Ello derivó en la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano consultivo del Ministerio Público, que resolvió sin sorpresas, a favor de la cúpula. En consecuencia, la fiscal del caso fue apartada y el informe presentado ante el TSJ pidió la inadmisión de la querella.
Pero la Justicia acaba de rebatir sus argumentos y ha optado por la vía contraria. La admisión de la querella del novio de Ayuso no solo supone otro revés al criterio del fiscal general, sino que le coloca en el punto de mira, puesto que de la causa se dilucidará si la orden de emitir la nota informativa partió de él o, por contra, se fraguó en la propia Fiscalía Provincial de Madrid.
Más allá de las declaraciones de los querellados, serán de vital importancia lo que aleguen otros actores implicados en estos hechos, como la fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. Fuentes fiscales indican a este medio que Lastra se negó a recibir órdenes para firmar la nota con la que se desmintió al entorno de Ayuso. Su testimonio, por tanto, puede ser determinante para el fiscal general.
Estos dos nuevos golpes vienen a poner la puntilla a un mandato de García Ortiz especialmente convulso en el que ha tenido que hacer frente a otras polémicas como el caso Stampa, el descontento de una buena parte de la Fiscalía que le reprocha que no les defienda públicamente ante las acusaciones de 'lawfare' o más recientemente el varapalo que le dio el Supremo con el caso Tsunami, dado que la Sala de lo Penal se abrió por unanimidad a investigar a Carles Puigdemont por terrorismo, pese a que el fiscal general ordenó oponerse a ello.
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Escribo cosas y no se publican, será por que me gusta la fruta?
Ahora quiere que aparten a físcales que votaron en so contra. Pues si quiere nos vamos los españoles fuera de España, se queda aquí solito, con su jefe y así pueden hacer los que les dela gana no?, Pues va ser que no.
¿De quién depende? Se tomará 5 días para reflexionar, cómo su amio
Les importa un pito a estos delincuentes lo que la justicia les diga.... su próposito es tumbarla.
Que se tome 5 días de reflexión, haga un punto y aparte y luego continúe como ordenanza del sanchismo con más fuerza si cabe, pues eso.
Uno, cualquiera, puede engañar un día, un tiempo, pero nunca eternamente. Álvaro García Ortiz, cogió el cargo por atajos y, en lugar de enderezarlo, cumpliendo las órdenes de su P… amo, Pedro Sánchez y el maromo de Garzón que sigue mancándose, lo ha complicado todo aún más, manchando con sus decisiones algo tan noble como la justicia y a compañeros de profesión que siguen siendo decentes y profesionales, no camareros de alguien tan impresentable y anti democrático como Pedro Sánchez.
Con dimitir no es bastante, ni desmesurado, hoy inhabilitarlo para siempre y es mejor no empezar a narrar las razones para hacerlo.
Yo sé de uno que acaba de contratar a su mujer como secretaria en la comunidad de Madrid
¡Qué hartura de Ayuso y del novio!
Siempre habrá alguien que cuando le señalas la luna se queda mirando el dedo. Así nos va,
Hombre, tambalear, tambalear no creo.
De quién depende la fiscalía?. Pues eso.
La fiscalía no tambaleará mientras sirva los intereses personales y partidistas de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez ya no disimula, va lanzado hacia la dictadura bananera estilo Venezuela.
Cualquiera que tuviese un mínimo de dignidad y de amor propio ya se habría ido pero este sigue aferrado y chupando como una garrapata.
Es lo que es, una garrapata.
El Gobierno pedrista evidencia una descarada interferencia partidista en organismos que deberían ser neutrales, como la Fiscalía General del Estado, bajo la gestión de Álvaro García Ortiz, marcada por una falta de independencia y parcialidad, con una tibia defensa ante las acusaciones de 'lawfare' hacia los fiscales del procés, una cuestionable revelación de secretos y el favorecimiento del nombramiento de Dolores Delgado, anulado por el Tribunal Supremo. Su servilismo hacia el Ejecutivo daña la autoridad y la independencia de la Fiscalía, deshonra la función pública y socava su dignidad. La reciente designación de Carlos Ocaña, amigo personal de Pedro, en el consejo de Telefónica, confirma que el Gobierno sigue ocupando instituciones públicas y privadas con figuras afines, perjudicando su integridad y erosionando la credibilidad institucional. La liga pedrista mina los cimientos de nuestra democracia deteriorando las instituciones públicas.