El presidente del CGPJ convoca Pleno extraordinario el lunes por la ley de amnistía

El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, ha convocado Pleno extraordinario el lunes a las 19.00 horas a petición de ocho vocales del órgano que buscan un pronunciamiento institucional sobre la ley de amnistía. La reunión, instada por el bloque conservador, se ha solicitado formalmente este mismo jueves a tenor del inminente registro en el Congreso de la futura ley que exonerará a los líderes del procés.

Fuentes del órgano de gobierno de jueces confirman a Vozpópuli que Guilarte ya ha convocado formalmente a los integrantes del actual CGPJ en funciones. Para que la petición del bloque conservador prospere necesitan la adhesión de al menos un vocal más, ya que la mayoría actual se constituye con nueve.

Las fuentes consultadas no descartan que lo puedan conseguir, pese a que el sector más progresista del CGPJ es reacio a respaldar el comunicado suscrito por la mayoría conservadora. El propio presidente interino, Vicente Guilarte, o el también progresista Wenceslao Olea podrían inclinar la balanza a favor de una comunicación institucional en contra de la ley de amnistía.

La ley de amnistía contra el Estado de derecho

La nota redactada por el bloque conservador advierte de las consecuencias de la ley que exonerará a Puigdemont y otros implicados en el procés. La propuesta, que firman los vocales Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, amparó su solicitud de convocar Pleno extraordinario ante el pronunciamiento de Sánchez del pasado sábado.

El presidente del Gobierno en funciones anunció durante el Comité Federal del PSOE que se va a amnistiar a Puigdemont, procesado en rebeldía por el Tribunal Supremo, y a otros implicados en el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña. Según dijo, la amnistía que ha negociado Moncloa con sus socios independentistas se aprobará "en el nombre de España y en el interés de España".

Al respecto, los firmantes sostienen que ese pronunciamiento público da pie a que el Consejo General del Poder Judicial efectúe una declaración institucional contraria a amnistiar a los líderes del procés, los CDR acusados en la Audiencia Nacional por terrorismo o los miembros de Tsunami Democràtic que también están siendo investigados en este órgano.

Los intereses de Pedro Sánchez

Al hilo apelan a la "preocupación" y "desolación" porque la medida supone la "abolición del Estado de derecho". "Cualquiera que sea la justificación que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley su motivación real ya ha quedado expresada (...). Lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos en la Constitución, con el fundamento real expresado por el presidente del Gobierno en funciones", reza la nota.

La ley de amnistía supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos. Es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho

El bloque conservador sostiene al respecto que no cabe confundir los intereses de Pedro Sánchez (que busca el respaldo de sus socios independentistas para ser investido) con los de España. Al respecto alegan que aprobar esta norma para evitar la formación de un gobierno de coalición de derechas entre PP y Vox "es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política".

Los vocales consideran que exonerar a Puigdemont (procesado en rebeldía) y al resto de investigados o condenados por las derivadas del procés, supone dejar en papel mojado los pronunciamientos de los tribunales. "Es algo rotundamente incompatible con el Estado de derecho", indican.

La amnistía y la UE

Por ello quieren que el CGPJ se pronuncie acerca de que la ley de amnistía violenta el principio de separación de poderes y también el de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, recogido en el artículo 14 de la Constitución. "Supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos", dicen.

Además, terminan su escrito recordando que la UE, que vigila muy de cerca a los partidos políticos de España por la no renovación del CGPJ, también estará muy pendiente de esta ley de amnistía. Según recalcan la norma choca de frente con los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea (UE) relativos a que en todo momento prevalezca la independencia judicial en los estados miembro.

"El riesgo en que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en ese momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el 'interés de España'", concluyen.