España, en el foco de los tribunales europeos por la reforma del CGPJ y la ley de amnistía

Europa vigila con lupa al Gobierno español. Si hace una semana era la presidenta del TEDH la que avisaba que los tribunales europeos pueden actuar si persiste el bloqueo del CGPJ, esta vez ha sido el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, el que ha indicado que cualquier renovación que vaya en contra de sus recomendaciones puede acabar ante la Justicia europea.

La UE lleva años instando a España a renovar el Consejo General del Poder Judicial, el cual opera en funciones desde diciembre de 2018. La imposibilidad de PSOE y PP para ponerse de acuerdo llevó incluso a Reynders a viajar a España el año pasado para acercar posturas, pero fue infructuoso. Esta misma semana ha vuelto a visitar nuestro país y aunque el tablero político no se han movido, el tono del comisario ha sido bien diferente.

Como telón de fondo se encuentra no solo el bloqueo del CGPJ, sino también todos los cambios legislativos impulsados por el Ejecutivo en connivencia con sus socios independentistas. Se trata de la rebaja de la malversación, la derogación del delito de sedición y ahora la ley de amnistía; proyecto este último que estaría culminando Moncloa y que ha levantado las alarmas en la UE.

Fuentes jurídicas consultadas por este medio avisan de que la Comisión Europea podría abrir expediente contra España antes incluso de acudir a los tribunales. Al respecto, recuerdan el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que permite suspender los derechos como miembro de la UE si se infringen los principios en los que se basa la eurozona.

La advertencia del TEDH

Las advertencias de Europa han coincidido en tiempo con la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley de Moncloa que maniata al CGPJ estando en funciones. Se da la circunstancia de que el pasado 5 de octubre, tres días después de conocer el fallo, la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Siofra O'Leary, participó en una conferencia en el Constitucional junto con el presidente de órgano, Cándido Conde-Pumpido.

Durante su discurso, la jurista irlandesa lanzó un aviso a navegantes y dijo que ante "bloqueos a nivel político", los tribunales nacionales y europeos pueden intervenir "en defensa tanto de la independencia judicial como del buen funcionamiento de un Estado democrático de Derecho".

Cabe recordar que en junio el TEDH dio un tirón de orejas sin precedentes a España por vulnerar los derechos de seis magistrados de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria que iban en las listas de la renovación en 2018. Estrasburgo reprendió, por un lado, el bloqueo parlamentario que impide desatascar la situación y, por otro, al TC por no estimar el recurso de los demandantes.

Con todo, O'Leary no especificó a qué se refería con su alocución. Días después de su comparecencia, llegó el turno de Reynders. En su visita a España evitó pronunciarse sobre una ley de amnistía que todavía no ha visto la luz, pero avanzó que estará atento al impacto que tenga esta norma, sobre todo en lo que se refiere a delitos de malversación que afectan a fondos europeos.

La Comisión de Venecia

Ya el jueves, durante una intervención en el Consejo de Europa, el comisario volvió a pronunciarse sobre el bloqueo del CGPJ y la imposibilidad de que los actuales vocales efectúen nombramientos. Sobre este asunto fue explícito, hasta el punto que dejó claro que si se percibe la regresión de un Estado miembro se podría llegar a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si es necesario, según informó El Mundo.

Las advertencias del comisario de Justicia se producen en un momento en que Moncloa podría estar estudiando un nuevo cambio del CGPJ para poder renovarlo sin el apoyo del Partido Popular. Como informó este medio, el Poder Judicial contempla con temor el cambio legislativo que podría impulsar Moncloa para modificar las mayorías y, también, el tradicional sistema de elección de vocales, donde 10 los elige el Congreso y 10 el Senado.

Fuentes de las negociaciones consultadas por este medio cierran la puerta a cualquier cambio de postura al respecto. El Partido Popular se niega a renovar el órgano de gobierno de jueces si no hay un compromiso previo del PSOE de que cambiarán la ley en aras a que una mayoría de los vocales sean elegidos por sus homólogos. Moncloa, por su parte, está dispuesta a negociar ya, pero no se abre a cambiar las reglas del juego. El bloqueo persiste casi cinco años después.

Reforma legal del CGPJ

En ese contexto vuelven a sonar con fuerza los ecos de un cambio legal para rebajar la actual mayoría necesaria de tres quintos a mayoría simple. Se trata de un plan que ya se escuchó el año pasado y que se terminó abortando ante las advertencias de Europa, que avisó que va en la dirección opuesta a lo recomendado en la Comisión de Venecia.

La posibilidad de que peligrara el reparto de fondos europeos terminó por sofocar esta propuesta, pero, tras la sentencia del TC que avala a Sánchez, las sospechan han vuelto a aflorar. Además, tal y como informaron fuentes jurídicas a este medio, la reforma sería doble, ya que, además de rebajar la mayoría, se abriría la puerta a que el Congreso asuma la elección de los seis juristas que corresponde al Senado, de manera que 16 vocales los controlaría la cámara baja y solo 4 el Senado, donde el PP tiene mayoría.

El motivo esgrimido es que la Constitución, en su artículo 122, solo determina que la mayoría de tres quintos impera para la elección de los 8 candidatos elegidos entre juristas de reconocida competencia. Así pues, acogiéndose a la literalidad de la Carta Magna, se podría modificar el tradicional esquema de elección de los otros 12 restantes para evitar cualquier bloqueo de los populares.

Se da la circunstancia de que la sentencia del TC, que respalda la reforma del CGPJ sobre los nombramientos en funciones, se ha pronunciado sobre este escenario, aunque no era el objetivo del recurso. El texto, del que fue ponente la magistrada María Luisa Balaguer, apunta ya en esa dirección y allana el camino en el tribunal de garantías ante cualquier reforma de Moncloa en esa dirección.

"No existe una definición constitucional excluyente del sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ siendo posible, dentro del marco constitucional, que la propuesta para su nombramiento proceda en todo o en parte del Congreso o del Senado", reza el fallo. Fuentes jurídicas consultadas sobre el mismo dan por hecho que es un aval previo a cualquier reforma que impulse Moncloa, aunque persiste el veto de la UE.