El voto en blanco del presidente del CGPJ: "La amnistía no puede ser moneda de cambio para una investidura"

El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, considera que el debate del órgano sobre la amnistía debería haber pivotado entorno al hecho de que la ley responde exclusivamente a un pacto político entre el PSOE y Junts. Al respecto, el magistrado considera que la norma responde a una contrapartida política desde la cual se tendría que haber abordado el debate sobre su constitucionalidad.

En un voto particular emitido contra el sentir mayoritario, que condenó la norma por inconstitucional, da sus razones de por qué no apoyó el informe de Wenceslao Olea, que fue el que se impuso frente al de la vocal progresista, Mar Cabrejas. "Creo que la amnistía no puede ser sinalagmática moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura, pues implica convertir la medida de gracia, por definición unilateral y gratuita, en algo bilateral y oneroso", recalca.

El presidente interino del CGPJ fue uno de los vocales que votó en blanco en la deliberación de los dos informes que se produjo la pasada semana. El otro fue el magistrado Enrique Lucas. Por su parte, cinco vocales progresistas respaldaron el texto de Cabrejas, frente a nueve conservadores que avalaron el de Wenceslao Olea. Se trató del tercer varapalo consecutivo para Moncloa sobre la amnistía, después del informe de los letrados del Senado y el respaldo al mismo de los letrados del Congreso.

Abstención ante cuestiones políticas

Guilarte recuerda en su voto que desde hace un tiempo insiste en que el Poder Judicial debe abstenerse de intervenir en cuestiones políticas. "Con mi voto en blanco he pretendido, de cara al exterior, ofrecer un posicionamiento neutral pues, queramos o no, el planteamiento de constitucionalidad tiene sin duda fuertes connotaciones políticas a las que debiéramos intentar ser ajenos", argumenta.

Guilarte, que ya votó en blanco en el primer varapalo del CGPJ a la amnistía en noviembre, destaca el carácter único de esta medida de gracia que, a diferencia de otras conocidas antes de la democracia, se produce con el único fin de desencallar una investidura en favor de Pedro Sánchez. "A diferencia de cuantas leyes de amnistía hemos conocido, la que nos ocupa no es una mera medida de gracia (...), sino que tiene contrapartidas políticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables", indica.

El presidente en funciones del órgano de gobierno de jueces desliza también un reproche a la división existente en el Pleno y argumenta que si los dos informes encargados se hubieran limitado a hablar del articulado de la amnistía (sin entrar en su constitucionalidad) se habría conseguido aprobar una solo. Ello es así, explica, porque lo que se trata obedece a una lógica jurídica en la que prácticamente todos los vocales hubieran estado de acuerdo. "La polaridad que nos acosa lo ha impedido", sostiene.

Una amnistía política

Al respecto insiste en que no existen precedentes en España de la aprobación de una amnistía a cambio de lograr el voto de cinco diputados para sacar adelante una investidura y que es desde ese prisma, desde donde se debe valorar su legalidad. El hecho de que la amnistía se plantee en estos términos "desdibuja radicalmente su causa y su esencia".

"Puede donarse gratuitamente un riñón pero no a cambio de precio de igual manera que no cabría indultar, menos aún amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa", recalca. Del mismo modo denuncia que nada de todo esto se plasma en la exposición de motivos de la norma así como que este asunto de calado no se incluyera en el programa electoral de los partidos implicados en su aprobación.

"En definitiva, aunque desconozco su incidencia constitucional, el previo pacto político alcanzado entre sus mentores, del que la amnistía trae causa real, si se analiza con una perspectiva civil difícilmente superaría los criterios de validez y licitud exigidos", determina.