Han pasado 434 días desde que el PSOE firmó con Junts el acuerdo que le dio a Pedro Sánchez Pérez-Castejón la tercera investidura. Fue el 9 de noviembre de 2023. Aquel día, nueve años después de la primera consulta independentista, la derecha secesionista catalana, heredera de la antigua CDC, logró arrastrar a los socialistas a la aplicación de una ley de amnistía para los condenados del procés.
La firma de aquel pacto se hizo con gran desconfianza por ambas partes. Pero Sánchez quería ser presidente y Carles Puigdemont, ser amnistiado. El problema es que, más de un año después, solo se ha cumplido lo primero. Por eso, el expresidente catalán ha lanzado un órdago sin precedentes con una amenaza muy seria. Este viernes, Junts puede romper con Sánchez y dejarle a la deriva, a los mandos de un barco que zozobra. Nadie en el Palacio de la Moncloa sabe qué decisión tomará la cúpula posconvergente, convocada en Bruselas. "No sabemos a dónde nos llevará", confiesa un miembro del Gobierno.
Lo cierto es que el Ejecutivo lleva toda la semana cortejando a Junts para que no rompa con ellos, pero el expresidente catalán está harto de los incumplimientos de Sánchez. En Moncloa se defienden alegando que llegan hasta donde llegan, que hay acuerdos y medidas que requieren mayorías complejas en el Parlamento para ver la luz. En cualquier caso, se percibe un cambio de discurso en el Consejo de Ministros que denota el nerviosismo que se vive en el palacio presidencial. Los giros de Puigdemont ya no son "fuegos de artificio", como los calificaban algunos ministros. La cosa va en serio. Los interlocutores socialistas con Waterloo lo preguntaron y recibieron una respuesta que no les gustó: sí, el asunto es grave.
Solo así se entiende el carrusel de guiños que el presidente del Gobierno ha hecho estos últimos días a Puigdemont: la proposición de ley para acotar el papel de las acusaciones populares en las causas judiciales —y alimentar el relato del 'lawfare' judicial en España—, la desclasificación de documentos de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils —una vieja reclamación de Junts, que quiere señalar a las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles— y la recusación del magistrado Macías, por orden del imputado fiscal general, para que no pueda deliberar sobre la constitucionalidad de la amnistía en el Tribunal de garantías —donde Puigdemont juega su última carta—.
Pero nada de eso parece calmar la ira del líder posconvergente, decidido a hacer sudar tinta a Sánchez. Y quién sabe si poner fin a una legislatura que el propio líder socialista está decidido a terminar sí o sí. A todo esto hay que sumar la nula expectativa de que el Ejecutivo apruebe unos presupuestos.
Sánchez, por el momento, se niega a aceptar que el Congreso de los Diputados debata sobre la conveniencia de que se someta a una cuestión de confianza, como le exigió Junts a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado y seguir manteniendo con vida al PSOE en el Gobierno. Y eso que, en las últimas horas, Sumar ha amagado con propiciar ese debate para ganarse a Junts. El partido de Yolanda Díaz también libra su particular guerra con el PSOE, que le ha congelado el acuerdo para reducir la jornada laboral. La vicepresidenta segunda ha coqueteado con Puigdemont para intentar ganarse su sí a la reducción de jornada. Sánchez está asediado por tierra, mar y aire.
A nadie se le escapa que, en caso de aprobarse, la reducción de la jornada sería la principal aportación de Sumar a esta legislatura, como en la anterior fue la reforma laboral. Sería el activo con el que Yolanda Díaz podría volver a presentarse en unas hipotéticas elecciones generales, lo que le permitiría saltar por encima de la fragmentación del espacio electoral a la izquierda del PSOE.
El proyecto tiene el apoyo de los socialistas y de los dos principales sindicatos (Comisiones Obreras y UGT, que también presionan al PSOE bajo amenaza de movilizaciones, según publicó El Español). Pero no está claro que logre el respaldo de una mayoría en el Congreso, puesto que todavía no está definida la postura de Junts. Los posconvergentes están muy influidos por Foment del Treball, la patronal catalana, que es radicalmente contraria a la reducción del horario laboral precisamente por considerarla lesiva para las pymes.
Entre tanto, el líder socialista solo contempla fotografiarse con el expresidente catalán, pero poco más. Y, en verdad, esa imagen ha quedado ya del todo comprometida. Nadie garantiza que se produzca en el corto plazo. En cualquier caso, todo parece indicar que Moncloa se resigna a que sus socios independentistas les impidan dar luz verde a las cuentas. En estos momentos, pocos socialistas creen que Moncloa será capaz de aprobar las cuentas —las vigentes son las de 2023—. El aterrizaje de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Andalucía, donde aspira a hacerse con las riendas de la federación socialista más importante del país, ha desconcertado por completo al partido, precisamente por el mensaje contradictorio que envía Sánchez.
La lectura de varios cargos socialistas consultados es que Montero no puede centrarse en su tierra y continuar al frente de Hacienda (y de la vicepresidencia), negociando con los independentistas, porque sus compañeros al sur de Despeñaperros son terriblemente sensibles a los agravios con el independentismo. En plata: nadie puede defender un privilegio para Cataluña (o para el País Vasco) en Sevilla sin morir quemado delante de la Giralda. Por eso, Montero, que quiere mantenerse como número dos de Ferraz y conservar su asiento en el Consejo de Ministros, se ha sacado de la chistera la singularidad fiscal para Andalucía.
MataNarcisos
16/01/2025 09:29
"Donde nos llevará" a tener que darles lo que piden. ( esto es más preciso )
Bluesman
16/01/2025 14:13
"No sabemos a dónde nos llevará". Con un poco de suerte, a la batalle final entre el bien y mal.
Stephen Dedalus
Seguro.