Publicado: 30/07/2021 04:45
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acude a la Conferencia de Presidentes de este viernes en Salamanca sin el 'plan B' jurídico frente a los rebrotes que prometió hace catorce meses a las comunidades autónomas. Una reforma de tres leyes sanitarias que, en la práctica, hubiese sido similar a la ley de pandemias que hoy le exigen los barones del PP y sus socios valencianos de Compromís para evitar el caos y la disparidad de criterios por parte de la Justicia a la hora de avalar o rechazar las restricciones aplicadas por las autonomías ante el actual incremento de los contagios por covid-19 en toda España.
"Lo que sí haremos, señorías, es empezar a analizar y a debatir con todos ustedes y negociar la modificación de distintas leyes para garantizar la correcta gobernanza, una vez hayamos levantado el estado de alarma. Esas reformas necesarias serán previsiblemente muy concretas y con una única finalidad, que es la que les he dicho antes: gestionar el seguimiento de la pandemia una vez que se levante el estado de alarma", prometió Sánchez ante el Congreso de los Diputados el 20 de mayo de 2020, según quedó inmortalizado en el Diario de Sesiones de la Cámara Baja.
Eran los tiempos en los que el Gobierno alardeaba de la 'cogobernanza'. En plena desescalada y en medio de la negociación de una sexta prórroga del estado de alarma, Sánchez detallaba que el plan para evitar tener que usar de nuevo el estado de alarma pasaba por reformar tres leyes "básicamente sanitarias". En concreto, según indicó ante la cámara baja, se refería a la Ley General de Sanidad, de 1986; la Ley de cohesión y de calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003; y sobre todo a la Ley General de Salud Pública, aprobada en 2011. "También vamos a estudiar la Ley de Seguridad Nacional", indicó entonces el presidente del Gobierno.
Esa reforma de las leyes sanitarias para adecuarlas a la epidemia de covid-19, sobre el papel, era prácticamente idéntica a la 'ley de pandemias' que el PP, según ha avanzado el líder de la oposición, Pablo Casado, volverá a poner sobre la mesa este viernes en la Conferencia de Presidentes de Salamanca junto a una "gestión independiente de los fondos UE". Una medida que, sin embargo, no está incluida en el polémico y escueto orden del día para la Conferencia de Presidentes que Moncloa envío a las comunidades autónomas.
Los populares defienden desde abril del 2020 la necesidad de tener una alternativa al estado de alarma y añaden que la ausencia de un "plan B" condena al "caos" a unas comunidades autónomas que ante los rebrotes de la quinta ola "han hecho lo que han podido" y unos tribunales superiores de Justicia que han hecho "más de lo que deberían hacer".
Si volviese a haber una pandemia estaríamos igual de desprotegidos de lo que estábamos hace un año y medio", indican a Vozpópuli fuentes del PP
"O vamos a una reforma orgánica de las leyes sanitarias que sea mucho más descriptiva sobre qué medidas se pueden adoptar frente a los rebrotes o tendremos que redactar una legislación específica para pandemias en el Parlamento con un amplio consenso, como se ha hecho en otros países como Alemania. De lo contrario, si volviese a haber una pandemia estaríamos igual de desprotegidos de lo que estábamos hace un año y medio", indican a Vozpópuli fuentes del PP.
"Lo que estamos viendo es un auténtico bochorno, con unas comunidades con alta incidencia que solo pueden aplicar unas medidas menos restrictivas que otras comunidades que donde la incidencia es inferior. Con la 'cogobernanza' el Gobierno quiso traspasar toda la responsabilidad a las comunidades autónomas sin que estas tuvieran las competencias necesarias y sin dotarlas del marco jurídico necesario", añaden las mismas fuentes, que ponen como ejemplo la Ley de Sanidad gallega o la reciente polémica sobre la exigencia del certificado Covid para entrar en bares y restaurantes en algunas regiones.
Socios de Sánchez también piden una 'Ley de Pandemias'
No solo desde la oposición se reclama una 'Ley de pandemias'. Compromís, socio de investidura de Sánchez y que gobierna en coalición junto al PSOE y Unidas Podemos en la Comunidad Valenciana, también se ha sumado a esta petición. Su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, reclamó el martes que la Conferencia de Presidentes sirva para poner las bases de una ley de pandemias, informa Servimedia.
Baldoví afirmó que “estaría bien” que los presidentes de las diferentes comunidades autónomas, “y a la vista de los problemas que han tenido algunos para implementar sus propias medidas para combatir la pandemia”, se pusieran de acuerdo para hacer “una ley de pandemias, donde pudiéramos aprovechar todo lo que hemos aprendido” en la crisis sanitaria, “por si esto se alarga” o "por si en el futuro hemos de afrontar otra pandemia".
La ausencia de un paraguas legal para poder controlar los contagios en esta quinta ola está detrás también del amago del 'lehendakari' Íñigo Urkullu de plantar a Sánchez en la Conferencia de Presidentes.
Tal y como avanzó Vozpópuli, el presidente del País Vasco se planteó no acudir a la reunión con Sánchez en Salamanca como consecuencia del silencio del presidente del Gobierno ante la carta que le envió hace el 'lehendakari' la semana pasada para reclamar un "paraguas legal" para poder volver a imponer toques de queda y el uso obligatorio de las mascarillas en la calle. Finalmente, Urkullu acudirá para intentar conseguir que el Gobierno ceda la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y reactivar las negociaciones sobre otras transferencias pendientes.
Acuerdo incumplido con Ciudadanos
La promesa de Sánchez de reformar las leyes sanitarias para adecuarlas a la actual pandemia fue incluida en el pacto que el Gobierno suscribió en mayo de 2020 con Ciudadanos para la sexta renovación del estado de alarma. Una reforma de las leyes sanitarias que, pocos días antes, la vicepresidenta Carmen Calvo definió en el Senado como "un 'plan B' jurídico" para hacer frente a los rebrotes, y que tenía por objetivo actualizar la legislación para adecuarla a la actual pandemia de covid-19, de manera que las comunidades autónomas pudieran limitar derechos y aplicar restricciones sin estar a merced de la disparidad de criterios de la Justicia y sin necesidad de recurrir al estado de alarma.
No solo desde la oposición se reclama una 'Ley de pandemias'. Compromís, socio de investidura de Sánchez y que gobierna en coalición junto al PSOE y Unidas Podemos en la Comunidad Valenciana, también se ha sumado a esta petición
Se renovó entonces el estado de alarma, concluyó la 'desescalada' y aquella promesa quedó guardada en el cajón del olvido de Moncloa. Más de un año después, y en pleno repunte de casos (la incidencia llegó a superar los 700 casos por cada 100.000 habitantes el pasado miércoles) las autonomías se han encontrado en esta quinta ola de contagios con el mismo problema que tuvieron durante la segunda (verano de 2020): medidas como el toque de queda, por ejemplo, han sido avaladas por la Justicia en Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra, mientras que en Canarias o Baleares, los tribunales han prohibido esa medida para hacer frente a los rebrotes.
El Consejo de Estado, a favor de la 'Ley de pandemias'
Entre la promesa efectuada por Sánchez en mayo de 2020 y la Conferencia de Presidentes que se celebra en Salamanca, la tercera ola llegó en octubre y el Gobierno aparcó la idea de aplicar ese 'plan B' jurídico para decretar otro toque de queda que el Congreso avaló para los siguientes seis meses, hasta el 9 de mayo. Incluso el Consejo de Estado emitió el pasado mes de abril un dictamen a favor de que el Gobierno aprobase una 'Ley de pandemias' para evitar una situación de disparidad de medidas como la que estamos viviendo actualmente.
Pero el Ejecutivo, pese a la promesa de Sánchez en el Congreso, se limitó a defender que las comunidades autónomas ya cuentan con instrumentos jurídicos suficientes para hacer frente a los rebrotes. Poco antes de acabar el último estado de alarma, en mayo de esta año, el Gobierno aparcó definitivamente su 'plan B' contra los rebrotes y se limitó a dejar en manos del Tribunal Supremo, mediante un Real Decreto, la posibilidad de establecer un criterio común sobre los toques de queda y otras restricciones
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