La otra 'Operación Cataluña': los Mossos tenían un servicio ilegal de espionaje a opositores al procés

Justo durante los años en que estuvo en marcha la Operación Cataluña, la Generalitat habilitó un sistema de espionaje ilegal en el que los Mossos vigilaban a políticos, asociaciones y periodistas críticos con el procés.

Entre el 21 de abril y el 29 de agosto de 2017 el Parlamento de Cataluña investigó la Operación Cataluña, que destapó eldiario.es en 2014, con una importante contribución de Público en 2016. Los partidos constitucionalistas abandonaron la Comisión de investigación del Parlament, el primero, el PSC. En sus conclusiones finales, un mes antes del 1-O, estableció que fue "una conspiración para intentar frenar la disidencia política en Cataluña, y particularmente el movimiento independentista" y que fue llevada a cabo, "al menos, durante los años en que Jorge Fernández Díaz (2011-2016) ha sido ministro del Interior español". Su objetivo, según la comisión, era "reducir el apoyo social del independentismo en tanto que opción política mediante la desacreditación" de sus líderes.

Diez años después de que se publicaran las primeras informaciones, unas publicaciones de La Vanguardia y eldiario.es han traído a la palestra de nuevo la Operación Cataluña esta semana.

Este martes, horas antes de que los grupos registraran sus enmiendas a la Ley de Amnistía, entre las que Junts pretende salvar la corrupción de los Pujol y Laura Borràs, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha destacado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que las informaciones que se han publicado sobre la Operación Cataluña se han debatido en el cónclave ministerial por su "enorme gravedad", y se ha mostrado partidaria de que Mariano Rajoy y dirigentes del PP vayan al Congreso y se llegue "hasta las últimas consecuencias".

Y ello después de que el pasado 10 de mayo empezara su andadura una nueva comisión de investigación en el Congreso sobre la supuesta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y para obtener información sobre políticos catalanes. A escasos 20 días de que Pedro Sánchez convocara elecciones y disolviera las Cortes, el comisario jubilado José Manuel Villarejo comparecía para dar cuenta de su participación en la Operación Cataluña y no dudaba en contraponer todo lo que contaba, organizado por el PP, con el buen hacer del PSOE e, incluso, aseveraba que Pedro Sánchez era su "ídolo", y "el presidente más valiente que he conocido", al que votaría si en diciembre "vive".

"Ni el Gobierno ni el Congreso controlan al CNI", enfatizó Villarejo después de asegurar que dentro de los fondos reservados del centro de inteligencia existen fondos "súper reservados" para operaciones inconfesables.

Poca novedad en las informaciones y en la comisión que se prepara ahora en el Congreso. ¿Es novedoso que un Gobierno utilice medios del Estado con fines políticos ilícitos? No hay que salir de Cataluña para encontrar un caso de este tipo.

El 26 de octubre del 2017 una furgoneta entraba en la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) con 36 cajas de documentos que provenían de la Comisaría general de Información de los Mossos. Policías nacionales se lo impidieron y tras conseguir la autorización de la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investigaba la implicación de los Mossos y el mayor Josep Lluís Trapero en el 1-O y sus prolegómenos, la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Barcelona elaboró un informe de 395 páginas que acusaba a los Mossos de tratar de destruir pruebas sobre un "servicio ilegal de espionaje" para realizar seguimientos sobre políticos del PP, Ciudadanos y PSC, incluso de CiU, abogados, asociaciones civiles como Asociación Civil Catalana, y periodistas "de marcado perfil unionista o constitucionalista".

Empieza con Artur Mas

Según este informe, la Generalitat de Cataluña, tanto la de Artur Mas como la de Carles Puigdemont, "quería tener perfectamente controlados" a un grupo de personas contrarias a la independencia, urdiendo un plan en el que se emplearon fondos reservados. En concreto, 161.101,22 euros sólo en 2015, según dos correos electrónicos que iban a ser destruidos.

Jordi Pujol acusó a Gobierno de Felipe González de espionaje del Cesid, pero durante sus años como president ya habría existido un sistema de espionaje en la Generalitat.

Se aprovecharon las escoltas ordinarias a dirigentes del PP y Ciudadanos para controlar sus movimientos y comunicarlos a la Generalitat.

Los Mossos iban a quemar también unos "papeles rotos" que llevaban en la caja número 4 dentro de un coche Dacia cuando fueron interceptados por la policía. Entre esos papeles reconstruidos estaba la "comunicación del desplazamiento y dispositivo de seguridad de actos en Cataluña de la vicepresidenta del Gobierno, Doña Soraya Sáenz de Santamaría".

En la caja 12 se recogían apuntes de dispositivos de seguridad de la Casa Real.

La Audiencia Nacional también investigó "la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de investigaciones judiciales".

Espionaje a Jorge Fernández Díaz

La ex presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, tenía asignado un equipo de cuatro mossos, "escogidos de marcada tendencia nacionalista", que tenían "la instrucción expresa de comunicar cualquier movimiento de la protegida" al que entonces conseller de Interior, Felip Puig. Este seguimiento se realizó en vísperas de las elecciones autonómicas de 2012, convocadas por Artur Mas tras iniciar el proceso soberanista.

El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sufría un "tratamiento similar" cada vez que se trasladaba a Barcelona. De hecho, en otro de los documentos que iban a ser incinerados figura un esquema-organigrama "encabezado por el ministro del Interior, comisarios del Cuerpo Nacional de Policía y distintos enlaces a otras entidades como La Traca, La Camarga. Sociedad Civil Catalana, Método 3, etc".

La Policía también evitó que se quemaran documentos relativos al "seguimiento a varias personas, entre ellas al secretario primero de la mesa del Consejo General de Ciudadanos, David Heredia, y al inspector jefe de la Policía en segunda actividad Antonio Jiménez Raso".

El 26 de julio de 2019, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona confirmó la decisión del Juzgado de instrucción 22 de archivar las diligencias. La Fiscalía recurrió el sobreseimiento de la causa. Los magistrados concluyeron que los seguimientos fueron para evitar agresiones en una época "convulsa". En la parte dispositiva se acuerda un sobreseimiento provisional, por lo que la causa podría reabrirse si "surgieran nuevos elementos".