Las leyes de la desconexión de Puigdemont fraguan pero no cuajan

La ley del referéndum que han firmado todos los diputados de JxSí en el Parlament es la última de las afrentas al Estado lideradas por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Un paso más para culminar un 'procés' que lleva en marcha desde que el pupilo de Artur Mas salvara el secesionismo en enero de 2016, formando gobierno y evitando nuevas elecciones en Cataluña. Un proyecto de desconexión que se basa en tres ejes: la ley de Transitoriedad Jurídica, una Hacienda catalana y una Seguridad Social propias. 

El referéndum y la ruptura inmediata

Pero, para poner en marcha esta desconexión, los catalanes tendrían que decir que están de acuerdo. La ley del referéndum lleva meses fraguándose. El proyecto consiste en apenas unas 20 páginas con instrucciones sobre el proceso, que abarcan cómo se formarán las mesas electorales, cómo serán las papeletas, quién formará parte del censo o dónde se votará.

Este jueves, el Parlament aprobó la reforma exprés de la Cámara para poder facilitar la ruptura inmediata con España. Una reforma que puede quedar paralizada si el Tribunal Constitucional, que se reúne el lunes para evaluar el recurso presentado por el Gobierno (después de que éste fuera avalado por el Consejo de Estado), decide anularla.

Mientras tanto, Puigdemont hace oídos sordos. De hecho, en una cena el pasado martes, aseguraba que ya dispone de las urnas que deben servir para el referéndum. Y, mientras, la Guardia Civil busca 400 millones del Govern para el referéndum y las estructuras del Estado, que habría escondido bajo otra denominación.

Pero parece poco improbable que, a partir de ahora, la Generalitat siga tratando de financiar el referéndum después de la amenaza del Gobierno de cortar los Fondos de Liquidez Autonómicos (FLA) si se derivaba “un solo euro” (en palabras del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo) a esta causa. Sin apenas financiación, el referéndum se torna inviable.

Sin posibilidad de referéndum todo se torna, de momento, desfavorable para la puesta en marcha de las tres estructuras del nuevo estado que quiere Puigdemont.

La Hacienda catalana

Aún así, este viernes, el Parlament ha aprobado también con los votos de JxSí y la CUP el Código Tributario de Cataluña, es decir, la ley para la futura Hacienda catalana. Los soberanistas han adaptado la norma para que no pueda ser anulada por el TC, pero piensan ampliarla en el futuro para adquirir más competencias.

Los tres primeros libros de este Código, que también han sido aprobados, incluyen la Agencia Tributaria de Cataluña ya creada por el Tripartito, el Consejo Fiscal de Cataluña y el Instituto de Estudios Tributarios de Cataluña.

El objetivo de esta norma es crear una estructura propia para no depender de los fondos del Estado y para que todos los ingresos de los catalanes sean exclusivamente para esta comunidad autónoma.

Muy discretamente, el pasado 1 de julio la Generalitat puso en marcha su sistema de tributo digital e-Spriu, que comenzó a funcionar para registrar los impuestos a las bebidas azucaradas. Su verdadera pretensión, sin embargo, es que sirva recaudar todos los impuestos a los catalanes, incluyendo los que corresponden al Estado.

Seguridad Social

La de la Seguridad Social es en la que menos ha avanzado hasta ahora el Govern. A pesar de ello, el martes pasado el Parlament aprobó el dictamen de la proposición de ley para crear una seguridad social catalana que tenga personalidad jurídica, independencia financiera, plena autonomía y control parlamentario permanente. Una agencia que esté preparada, además, para asumir nuevas competencias en el futuro.

Pero, desde que se planteó como uno de los pilares del proceso soberanista hace más de un año, no ha habido más avance en esta cuestión.

Ley de Transitoriedad Jurídica

Respecto a la ley de transitoriedad jurídica, JxSí y la CUP no han decidido aún cuándo se presentará públicamente, y menos todavía cuándo se registrará y tramitará, habida cuenta de que no prevén la posibilidad de que la pueda aprobar el Parlament hasta después del referéndum anunciado para el 1 de octubre, y siempre y cuando gane el "Sí" a la independencia.

El borrador del Govern para esta se hacía pública en mayo. Con ella, los soberanistas pretenden imponer el control de los jueces por la Generalitat , traspasar a Cataluña funcionarios y bienes de España y establecer una república.

Las pretensiones de esta ley son grandes. Desde proclamar la independencia de inmediato si no se permite el referéndum, hacer una amnistía para los condenados por el proceso soberanista, que la Generalitat asuma los bienes del Estado, eliminar la división de poderes, que los jueces tengan que volver a concursar su plaza a que éstos y los policías hablen catalán.

Igualmente, no se ha concretado las formas en las que se va a producir esa transición ni los medios que se emplearán para ello. Tampoco, las formas para evitar las medidas de la Justicia, puesto que vulneran los principios fundamentales recogidos en la Constitución relativos a la unidad y soberanía españolas.

Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo 1 de octubre para comprobar si el proceso soberanista por el que lleva peleando Puigdemont más de año y medio se hace real o sigue en agua de borrajas.