'Caso Odebrecht'

La Audiencia Nacional imputa a FCC por el pago de 82 millones en comisiones a políticos en Panamá

La Fiscalía anticorrupción considera que altos directivos de FCC y personal de la brasileña Odebrecht habrían diseñado un esquema de corrupción repetido que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio

Carlos Slim, accionista mayoritario de FCC
Carlos Slim, accionista mayoritario de FCC

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la imputación de la multinacional española FCC por el presunto pago de comisiones a empleados y dirigentes políticos de Panamá a cambio de adjudicaciones de obra pública en ese país. En el auto, recogido por Vozpópuli, el magistrado ha considerado que la constructora podría haber cometido delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros.

En concreto, el magistrado ha ordenado dirigir la investigación contra tres mercantiles del grupo constructor: FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A. Estas tres sociedades habrían constituido un consorcio con la multinacional brasileña Odebrecht para participar en el concurso de obras en Panamá (la construcción de líneas de metro y de la Ciudad de la Salud).

Según las pesquisas de la Fiscalía anticorrupción española, los participantes en las contrataciones -todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht- habrían diseñado un esquema de corrupción repetido queconsistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio. Estas personas, según ha señalado el juez en el auto, ya han declarado como investigadas.

Mordidas a empleados

Con esta estructura se habrían obtenido los fondos para pagar mordidas a empleados y dirigentes políticos de Panamá. El desvío de dinero, según el Ministerio Fiscal, se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de la constructora ahora investigada y por Odebrecht.

La investigación se inició en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht por la comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015. En mayo y junio, FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados. La constructora aportó 38 facturas y transferencias libradas al entramado por un importe de 82 millones de euros entre los años 2010 y 2014 por servicios no prestados.

En el autor, el juez ha señalado FCC "no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa”.

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