Impunidad y aislamiento: lo que esconde la salida de Rusia del Consejo de Europa

En septiembre de 1946 Winston Churchill pronunció un discurso en el que sentó las bases para la creación de la Unión Europea. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial hicieron ver en el primer ministro británico la necesidad de unificar el viejo continente, empezando para ello con la creación de un Consejo de Europa. El ente, convertido 76 años después en el símbolo de la identidad europea, sufría un duro golpe tras anunciar Rusia esta semana que abandona su pertenencia. La jugada de Vladimir Putin es adelantarse para evitar su expulsión por la invasión a Ucrania, pero tendrá también repercusiones nefastas en la persecución de las violaciones de los Derechos Humanos.

La decisión de Putin de abandonar tras 26 años la principal organización que garantiza el cumplimiento de los Derechos Humanos lleva aparejada una impunidad casi absoluta en sus actuaciones. Hasta la fecha, como estado miembro del Consejo de Europa, Rusia tenía que acatar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. De no hacerlo entraba en juego el Tribunal de Estrasburgo. El TEDH se erige como baluarte para investigar todas las denuncias presentadas contra la Federación. Tal es así que, desde su adhesión en 1998, se ha convertido en uno de los países con más condenas por violación de los Derechos Humanos.

El hecho de que sume centenares de sentencias pendientes de ejecutar y la ausencia de repercusión por este grave incumplimiento puso en tela de juicio la efectividad real de estos organismos europeos. Sin embargo, el escenario que se vislumbra a partir de ahora es mucho peor. Según explican a Vozpópuli expertos en Derecho Internacional, el daño colateral va a ir más allá de la impunidad ante violaciones de Derechos Humanos. La ruptura con el Consejo de Europa (organización ajena a la Unión Europea) abre la puerta también a desligarse definitivamente de tratados internacionales que impiden la pena de muerte o el respeto a las minorías, entre otros muchos.

Fin de los tratados

Su inclusión en el Consejo de Europa en 1996 ya implicó grandes avances al respecto. Por ejemplo, el entonces presidente ruso, Boris Yeltsin, impuso una moratoria a la pena de muerte que frenó condenas de este tipo y acercó el país a Occidente. Del mismo modo, también firmó tratados contra la discriminación por motivos de raza, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU. Además, estos avances en la defensa de los Derechos Humanos que siguieron a la caída del Telón de Acero propiciaron el nacimiento de muchas organizaciones no gubernamentales rusas contra la intolerancia y la discriminación.

La deriva totalitaria de Putin abre la puerta a darse de baja también de todos estos tratados internacionales, lo que implica que quedarán desprotegidos 146 millones de ciudadanos rusos. De hecho, los efectos de la invasión en Ucrania ya se están dejando sentir en el Tribunal de Estrasburgo. El órgano -que no guarda relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- ya ha anunciado que deja de examinar todas las demandas contra Rusia pendientes de estudio por el momento.

Deriva totalitaria en Rusia

Hasta la fecha es el país que más acciones de este tipo acumula en el tribunal. En concreto suma más de 17.000 demandas (el 24% del total registrado), lo que supone que una de cada cuatro que se estudian está relacionada con Rusia, según informa EFE. Desde Amnistía Internacional advierten de que la decisión de Rusia es una tragedia para todas las víctimas de abusos contra los Derechos Humanos del Kremlin; sin obviar que esto va a terminar por silenciar a los activistas rusos. Con todo, su salida era una realidad puesto que el Consejo de Europa preparaba su expulsión tras tres semanas de advertencias.

Ya el pasado 25 de febrero el Comité de Ministros del Consejo de Europa inició el procedimiento para suspender a Rusia de sus derechos de representación en el Consejo integrado por 47 países. También Ucrania recurrió a Europa para tratar de frenar la invasión que padece desde el pasado 22 de febrero. Además de pedir su ingreso en la UE, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reclamó al TEDH medidas urgentes para frenar el avance de las tropas rusas.

El tribunal respondió adoptando una decisión vinculante para Rusia para que se abstuviera de realizar ataques militares contra civiles. Sin embargo, las tropas rusas no solo han seguido con su ofensiva, sino que la han aumentado. Tras atentar contra puntos estratégicos como la capital Kiev, Járkov o la costera Mariúpol, en las últimas horas han pasado a la acción en el oeste del país atacando Leópolis, ciudad a menos de 80 kilómetros de Polonia.

Sin cooperación judicial

Así pues, en paralelo al recrudecimiento de la guerra, la comunidad rusa acrecienta su aislamiento de los principales organismos que velan por el respeto de los Derechos Humanos. Además hay que tener en cuenta también que la postura de Rusia se dejará sentir en todos los acuerdos de cooperación internacional en materia de Justicia que tenga suscritos con otros países. Así, por ejemplo, se plantea un problema especialmente importante en lo relativo a las extradiciones de los ciudadanos rusos. En España, el único tribunal competente para ello es la Audiencia Nacional.

Las fuentes consultadas avisan de que esta posible impunidad ante la violación de Derechos Humanos puede tener efecto directo en estos procedimientos ya que se antoja difícil autorizar una entrega si no se puede garantizar mínimamente el respeto de los derechos del ciudadano, tal y como viene recogido en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Lo mismo ocurre con toda la cooperación en materia penal que exista con las autoridades rusas o con las comisiones rogatorias libradas al país que lidera Vladimir Putin.

Así ocurre, por ejemplo, en una de las causas que se sigue en la Audiencia Nacional relativa a la quiebra de la tecnológica Zed y en el marco de la cual está imputada el ciudadano de origen ucraniano Mijail Fridman. Recientemente se han solicitado diligencias de calado a las autoridades rusas para saber si los socios de esta multinacional tuvieron algo que ver con su caída en picado. La actual situación va a dificultar en gran medida que Rusia dé respuesta y opte con colaborar con la Justicia española.