Hacienda obliga a Juan Carlos I a pagar por el regalo de las cacerías

Hacienda obliga a Juan Carlos I a pagar por el regalo de las cacerías. En concreto, el ex jefe del Estado ha alcanzado un acuerdo con el organismo para cerrar la inspección que se le abrió por el citado regalo tras su abdicación.

El Emérito ha aceptado así una propuesta de sanción administrativa cursada durante las últimas semanas por Hacienda, que sostiene que debió declarar los desplazamientos en avión con los que le obsequiaron diversos empresarios para asistir a jornadas de caza, según publica 'El Mundo'.

De esta manera, el Borbón ha firmado un acta de conformidad con la Agencia Tributaria, cerrando el último escollo que quedaba abierto con el Fisco en España tras las regularizaciones voluntarias que ha realizado por valor de más de cinco millones de euros.

Así, Juan Carlos I ha logrado evitar ser acusado de varios delitos fiscales, ya que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha validado dichas regularizaciones.

El rotativo añade que el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria abrió en junio un procedimiento de inspección contra el monarca por el cual se le pidió que acreditara a cuántas cacerías había acudido tras abdicar.

Los importes reclamados no alcanzan, en ninguno de los ejercicios fiscales, el umbral de los 120.000 euros. A partir de esa cifra está tipificado el delito contra la Hacienda Pública en el Código Penal.

Concretamente, se estudiaba el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018. Además, se le requirió que especificase quiénes habían abonado los gastos correspondientes, principalmente los de los vuelos privados.

Todo ello debido a que, tras dejar de ser jefe del Estado, Juan Carlos I tuvo un incremento patrimonial no justificado y no estaba protegido por la inviolabilidad que le correspondía a su cargo.

Vuelos para cacerías de Juan Carlos I

El monarca admitió que no había abonado ninguna cantidad por los desplazamientos y vuelos en el periodo mencionado y Hacienda ha realizado unas actas que reflejan la sanción.

En concreto, según el mismo medio, los importes reclamados no alcanzan, en ninguno de los ejercicios fiscales, el umbral de los 120.000 euros. A partir de esa cifra está tipificado el delito contra la Hacienda Pública en el Código Penal.