La investigación penal abierta en los juzgados de Zaragoza contra Brahim Ghali parece coger impulso. Aunque el líder del Frente Polisario está bajo la lupa de la Audiencia Nacional desde hace más de una década por las querellas que le imputan delitos de genocidio y lesa humanidad, es la causa que se investiga en el juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza la que avanza en aras a esclarecer si hubo alguna irregularidad con la entrada del activista político a España. Tanto es así que el juzgado de Logroño que abrió causa por identidad falsa ha dejado las pesquisas en manos del instructor maño.

Los frentes judiciales contra el líder del Polisario se dispararon cuando se acreditó que estaba en un hospital de Logroño recuperándose de la covid. Ello hizo que el magistrado Santiago Pedraz reabriera una causa abierta en 2008 contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y otros líderes del Frente por detención ilegal, tortura y desapariciones. Igualmente activó unas segundas diligencias abiertas contra el polisario por atentar presuntamente contra un activista saharaui y le citó a declarar el 1 de junio.

Tras su comparecencia, que se hizo por videoconferencia desde el hospital de La Rioja, el magistrado le dejó en libertad con medidas cautelares. Esa misma noche Ghali abandonó territorio español rumbo de vuelta a Argelia, pero apenas horas después de salir del país, un juzgado de Logroño admitió a trámite una denuncia, adelantada por este diario, y que se presentó contra él y contra el número dos del Polisario, Salem Lebsir. El objetivo de estas diligencias era indagar si entró en el país con identidad falsa; unos hechos que declinó investigar la Audiencia Nacional por no ser de su competencia.

Los denunciantes se apoyaron en la documental que obra en la Audiencia Nacional y que ratifica que Ghali ingresó en el centro médico en abril utilizando la identidad ficticia de Mohammed Bembatouche. Al respecto expusieron que había contado con la "colaboración necesaria" para poder eludir los controles de entrada a España y obtener permiso para aterrizar en una base militar. Pese a que la titular del juzgado de instrucción número 2 de Logroño, Emma Vitoria, incoó diligencias sobre este asunto, ahora deja la causa en manos del juez de Zaragoza.

No pasó el control de pasaportes

Su homólogo al frente del juzgado número 7, Rafael Lasala, ya ha lanzado una batería de diligencias para esclarecer cómo y en qué condiciones se produjo la entrada secreta de Ghali en nuestro país. En concreto, y de acuerdo con la documental a la que ha tenido acceso Vozpópuli, uno de los primeros movimientos del instructor lo acordó el pasado 11 de junio cuando remitió oficio a la Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Zaragoza para que informara de manera pormenorizada en relación al aterrizaje del avión en el que viajaba Ghali junto con el número dos del Polisario.

El general jefe de movilidad aérea, José Luis Ortiz-Cañavate, contestó al cuestionario el 22 de junio explicando que la aeronave aterrizó a las 19.25 horas del 18 de abril en dicho aeropuerto y despegó hora y media después. El general jefe dejó patente en el escrito que recibieron órdenes de la Sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército del Aire de que el personal no pasara el control de pasaportes ni de aduana. "Se recibió información telefónica de que en el avión viajaba un paciente con pasaporte diplomático argelino, que iba en una camilla medicalizada acompañado de otra persona", dijo.

El general insistió en que desconocían sus identidades porque no se les pidieron los pasaportes. Se trata de una versión que no casa con la que facilitó Moncloa tras la escalada de tensión diplomática con Marruecos precisamente por la presencia de Ghali en España. El Gobierno dijo entonces que el activista político había entrado en el país con su propio pasaporte; no obstante, el general afirma que no llegaron a conocer las identidades de los que viajaban en el avión porque se ordenó su acceso sin identificación.

Petición a Defensa y Exteriores

 Estas respuestas llevaron al instructor a solicitar una nueva batería de diligencias, esta vez a los Ministerios de Defensa y Exteriores para que aclaren este capítulo todavía sin resolver. En concreto, reclama al ente de Arancha González-Laya que informe si se incoó algún expediente administrativo tras la llegada de este vuelo el 18 de abril y que identifique la persona que contactó con la Sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército del Aire para dar instrucciones sobre cómo habría que gestionar el aterrizaje en suelo español del líder Polisario.

Del mismo modo reclama al Teniente General del Estado Mayor del Ejército del Aire que informe igualmente si se incoó algún expediente sobre el asunto, así como el método que emplearon para comunicarse con Exteriores. El magistrado quiere saber si lo hicieron por la vía telefónica o bien existe algún documento que puede ofrecer más pistas del carácter de su visita a España a tenor de las contradicciones surgidas entre los Ministerios que dirigen González-Laya y Margarita Robles.