Hasta en tres ocasiones afirmó el Gobierno por escrito que Brahim Ghali llegó a España de forma legal y con su pasaporte personal en la mano. Una información a la que difícilmente pudo tener acceso, al menos según la declaración del general jefe de la base aérea de Zaragoza, quien sostiene que ni los militares ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado requirieron documentación alguna al líder del Frente Polisario cuando tocó suelo español. Un juez ya ha abierto diligencias para investigar la posible comisión de un delito de falsedad documental y otro de prevaricación en la entrada de Ghali a territorio nacional.

Las suspicacias sobre la identidad con la que el líder del Polisario accedió a España arrancan a partir de un atestado de la Policía Nacional. Los agentes acreditaron que Ghali ingresó en el hospital San Pedro de Logroño bajo la identidad de Mohamed Benbatouche. A partir de ahí la oposición lanzó una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno, requiriendo información sobre la documentación con la que Ghali llegó a la base aérea de Zaragoza en un avión procedente de Argelia.

De acuerdo a la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el Gobierno remitió tres respuestas escritas a la oposición en las que ofrecía su versión de los hechos. Se trata de respuestas breves, de apenas unas líneas de contenido, en las que sostiene un denominador común: el líder del Polisario llegó a España de forma legal y empleó su verdadero pasaporte para identificarse.

La primera de las respuestas está fechada el pasado 10 de junio y está dirigida a las diputadas del Partido Popular Marta González Vázquez y María Valentina Martínez Ferrero. “La entrada del Sr Ghali en España es fruto de una decisión tomada debido a su condición médica grave y desprovista de cualquier connotación política. La entrada se produjo con la documentación a su nombre”, afirma el Ejecutivo. Y añade: “Tras el ingreso del Sr. Ghali en España, los servicios diplomáticos de España y Marruecos abordaron este caso en numerosas ocasiones”.

Dos respuestas a Vox

Las dos siguientes respuestas parlamentarias se remitieron con fecha del 18 de junio al grupo parlamentario Vox. En concreto, a los diputados Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, María Teresa López Álvarez, Macarena Olona Choclán y Francisco Javier Ortega Smith-Molina. Aunque las respuestas son breves y enviadas a los mismos destinatarios, el Gobierno optó por brindar dos contestaciones, a diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, cuando aglutina varias preguntas de temática similar a las que responde en un mismo documento.

En la primera de las respuestas a Vox, el Gobierno afirma que “la entrada del Sr. Ghali se produjo con la documentación a su nombre por lo que los dos extremos por los que se interesa la pregunta carecen de sentido”. Los diputados preguntaban cómo era posible que un ciudadano extranjero entrase en España con documentación falsa y si el Ministerio del Interior había abierto alguna investigación al respecto.

No existían impedimentos normativos que impidieran la entrada del Sr. Ghali en España”, refleja la segunda respuesta a este grupo parlamentario. Los representantes del partido pedían información sobre los motivos por los que se permitió el acceso a territorio nacional de un “dirigente extranjero” con causas pendientes con la Justicia, en referencia a los crímenes de lesa humanidad de los que se le acusa. También si se le había ofrecido algún documento “para no ser detenido por las autoridades españolas”.

La excepcionalidad del caso Ghali

Los extremos que sostiene el Gobierno en las tres respuestas parlamentarias quedan ahora en entredicho tras el escrito remitido al juez por el general jefe de la base aérea de Zaragoza, José Luis Ortiz-Cañavate. Según el mando militar, ninguna de las autoridades presentes en el aeropuerto exigió documentación alguna a Brahim Ghali, a pesar de que Moncloa asegurase que el líder del Polisario pisó España con su pasaporte personal en la mano.

El líder del Frente Polisario reaparece tras recibir la visita del presidente de Argelia
El secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, recibe la visita del presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune. Twitter

No pedir la documentación a los viajeros marca la excepcionalidad, más aún si proceden de un país ajeno al espacio Schengen. El general del Ejército del Aire detalla en su escrito que todos estos viajeros deben pasar un control de pasaportes, función que recae en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En esta ocasión no se ejecutó el protocolo habitual en cumplimiento de las órdenes recibidas desde estamentos superiores: fue el Estado Mayor del Ejército del Aire, a su vez exhortado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el que ordenó a los militares de la base que no requiriesen papel alguno a Ghali ni a sus acompañantes. “Se desconocen sus identidades ya que no se solicitaron los pasaportes”, detalla el general.

Un juez investiga la entrada

A tenor de todas las informaciones recabadas sobre la entrada de Brahim Ghali, el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza ha decidido abrir diligencias para investigar la posible comisión de un delito de falsedad documental y de prevaricación. El juez Rafael Lasala ya ha remitido un exhorto al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional donde solicita tener acceso a documentos clave.

La declaración del general jefe de la base aérea de Zaragoza, además de poner en entredicho las respuestas escritas del Gobierno sobre la entrada de Brahim Ghali, apuntala las responsabilidades del departamento que dirige Arancha González Laya en la gestión del asunto. La ministra, por su parte, se remitió a afirmar que la presencia del líder del Polisario se debía estrictamente a razones “humanitarias”, para tratarle de las afecciones derivadas del coronavirus que aquejaba.

Marruecos, por su parte, criticó la opacidad con la que el Gobierno español había recibido a Ghali. También que una parte del Ejecutivo -liderado por Unidas Podemos- apoyase la celebración de un referéndum en el Sáhara occidental, región sobre la que reclama su soberanía.