Una acusación del caso Ghali pide la imputación de Laya por "el montaje" de su entrada

La declaración de Camilo Villarino, el que fuera jefe de gabinete de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, ha propiciado que las acusaciones que litigan en el procedimiento por la entrada de Brahim Ghali en España muevan ficha. En concreto, una de ellas ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza en el que pide la imputación de la exresponsable de Exteriores por el "montaje" de la llegada del líder del Frente Polisario. Además propone también escuchar en calidad de testigo a la exjefa de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Así lo recoge un escrito que firma la defensa del exdiputado del PP Juan Vicente Pérez Aras, y al que ha tenido acceso Vozpópuli. El documento, presentado este martes, precisa que la declaración de Villarino "confirma el conocimiento del uso de la documentación falsa de Brahim Ghali, la actitud de encubrimiento del investigado y la acción de prevaricación de este montaje contrario a la ley" denunciando, además, que el Gobierno de La Rioja prefirió "mirar hacia otro lado" pese a saber que el líder del Frente Polisario ingresó en el hospital con una identidad ficticia.

La petición de imputación -que también formulará la otra acusación popular que ejerce el abogado Antonio Urdiales- se basa en lo manifestado en sede judicial este lunes por Villarino. El magistrado al frente de este procedimiento, Rafael Lasala, le imputó el pasado 9 de agosto tras constatar que fue él quien dio las instrucciones al teniente general Francisco Javier Fernández de cómo se tenía que gestionar el aterrizaje del avión procedente de Argelia en el que viajaba Ghali. El que fuera mano derecha de Laya le dijo que viajaba con pasaporte diplomático argelino y que no era necesario que pasara por el control de aduanas.

Las directrices de Laya

Villarino, según recoge este escrito, precisó en su interrogatorio de este lunes que el 15 de abril (tres días antes del aterrizaje de la aeronave) recibió una llamada de un alto cargo otro Ministerio (Vicepresidencia) para saber si tenía constancia acerca de este asunto. Es por ello que la acusación solicita la testifical en la causa de Isabel Valldecabres, exjefa de gabinete de Carmen Calvo. Prosigue el escrito que el día 16 recibió una llamada de González Laya y ya el 18 de abril un sms y una llamada también de la exministra "desde un teléfono seguro".

Según relató Villarino, su jefa le dijo que se había tomado la decisión (en plural) de admitir a Brahim Ghali y le facilitó los contactos de la Presidencia de La Rioja (hasta donde fue traslado el líder Polisario para ingresar en un hospital de Logroño) y otro de Argel. El exalto mando de Exteriores explicó al juez que se le trasladó que iba a entrar con un pasaporte diplomático argelino y su acompañante con "algún tipo de carnet de residencia". También precisó que la exministra le dijo que tenía que ser "discreto y reservado" teniendo en cuenta que terceros países (en referencia a Marruecos) desconocían esta maniobra.

Villarino siguió relatando que ya el 22 de abril, cuando ya se había filtrado su presencia en España, tuvo conocimiento de que se encontraba hospitalizado con una identidad falsa. Un día después solicitó que se verificase este extremo y se le remitió la copia del pasaporte falso. En lo que respecta a su acompañante precisa que el carnet de residencia se había expedido el día 28 de mayo, es decir, con posterioridad a su entrada en España.

La tesis del Gobierno

Al hilo, esta acusación matiza que este asunto se ocultó también a los 26 miembros del Espacio Schengen puesto que si se hubiera introducido su nombre en el sistema de información, cualquiera de los Estados miembro hubiera sabido de su llegada. Del mismo modo apunta que la salida del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) el 2 de junio también se hizo al margen de los procedimientos habituales.

El Gobierno, por su parte, defendió tras conocerse la presencia del enemigo de Marruecos, que se le permitió entrar en el país por razones humanitarias debido a su grave infección del coronavirus. Ghali ingresó en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Logroño bajo la identidad falsa de Mohamed Benbatouche, de acuerdo con los informes policiales que obran en la Audiencia Nacional. Los mismos dieron pie a la reapertura de dos procedimientos contra el líder Polisario de los cuáles uno terminó cerrando Pedraz por falta de pruebas.

Tanto Brahim Ghali en su interrogatorio ante el juez el 1 de junio como su defensa en posteriores escritos ha insistido en que el líder Polisario no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen en las causas de la Audiencia Nacional y que se trataban de querellas "ficticias" con un claro trasfondo político. Sin embargo, su presencia en territorio español propició la apertura de estas diligencias (así como de otras en los juzgados de Logroño que se acabaron inhibiendo en este juzgado) por presunta falsedad documental.

Al respecto el Ejecutivo razona que Ghalino no ingresó con identidad falsa mientras que la Policía acreditó que obtuvo "legalmente" su condición de residente. Pese a ello, los testigos consultados en este procedimiento y las diligencias practicadas apuntan a que a su llegada no se le identificó siguiendo el procedimiento ordinario. Del mismo modo, la Policía de Navarra remitió al juez que, en lo que respecta a la salida del país -desde el aeropuerto de Pamplona- se produjo con otras tres personas más y que Ghali no portaba documentación alguna. Descartaron irregularidades razonando que no necesitaba identificación al tratarse de una salida voluntaria.