La Generalitat admite que aumentará el catalán en los colegios en plena antesala de la batalla judicial

La Generalitat, con el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, a la cabeza, ha asegurado este miércoles que su voluntad es que en los colegios de Cataluña "se imparta y se hable más catalán que ahora". En un desayuno informativo en el Foro Tribuna Barcelona,el conseller se ha referido a la necesidad de que el profesorado conozca el plan lingüístico de su centro educativo y que "imparta las clases en la lengua que ese plan determine", algo que "es muy lógico, pero que no está pasando".

En el caso de que los docentes opten por impartir la clase en una lengua distinta a la que marca el proyecto lingüístico, el conseller ha indicado que "si hay desajustes, tomaremos las medidas necesarias". "No me gusta la fiscalización", ha asegurado Gonzàlez-Cambray, que ha enfatizado en el papel de "acompañamiento" de la inspección educativa para "sensibilizar a los docentes y dotarlos de herramientas" para que "sepan cómo actuar ante un cambio de lengua por parte de los alumnos en el aula".

"El papel lo aguanta todo, pero lo que escribimos tiene que pasar" y los planes lingüísticos "tienen que ser reales en las aulas", ha afirmado el conseller, que ha pedido a los docentes que "se responsabilicen de los planes lingüísticos" e impartan la clase según estos determinen. Sobre el uso del catalán en los colegios, el conseller ha reconocido su "disminución" en el uso, por lo que ha afirmado que "no estamos donde querríamos".

La Generalitat tranquiliza a los maestros

Hoy miércoles todas las escuelas e institutos catalanes deben empezar a impartir el 25% de materias en castellano, como indican una sentencia y posterior interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En este sentido, el conseller ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad a los profesores y directores de centros al insistir en que el decreto ley aprobado el pasado lunes por el Govern sobre el uso del catalán en la escuela garantiza que la responsabilidad jurídica de los proyectos lingüísticos recae "plenamente" en la consellería.

El conseller también ha señalado que la misión de la nueva normativa es evitar "aberraciones judiciales y pedagógicas" como la sentencia del TSJC. Asimismo, ha indicado que la normativa evitará que se apliquen medidas cautelares cuando las familias piden aumentar las horas de castellano y el tribunal determina que el 25% de las materias se impartan en esta lengua en el grupo del alumno cuya familia ha cursado la demanda.

Gonzàlez-Cambray, que ha vuelto a pedir que los tribunales "dejen de interferir en las aulas", también ha reclamado "más confianza" en los maestros, porque son los que "con criterios pedagógicos y según la realidad sociolingüística de cada centro" pueden aplicar los planes lingüísticos y garantizar el aprendizaje de castellano y catalán al final de cuarto de ESO. El conseller también ha insistido en que la nueva normativa y las instrucciones enviadas ayer a los colegios establecen que el aprendizaje de lenguas no se puede fijar con porcentajes, como ha ordenado el TSJC.

Inseguridad jurídica y batalla legal

El plan de la Generalitat, una vez aprobado el decreto ley no calma, sin embargo, el escenario de inseguridad jurídica. Con el proyecto de ley el departamento de Educación ha asumido el reconocimiento de la competencia que le da el tribunal para gestionar el uso de lenguas pero al mismo tiempo no niega el papel de los claustros y los consejos escolares a la hora de decidir. El limbo para los profesores en los colegios catalanes se agrava de esta forma al estar en medio. Educación defiende que se encargará de verificar los proyectos lingüísticos, cuestionario mediante, como recoge el decreto ley, pero a la vez pide a los centros que reconozcan el castellano como lengua de uso curricular.

Este martes, el escenario jurídico se enconó cuando el Govern declaró la "imposibilidad legal" de aplicar la sentencia del TSJC del 25%. La batalla judicial ya está a la vuelta de la esquina después de que el PP se sumara al recurso el Tribunal Constitucional y al Consejo de Garantías Estatutarias que lanzó Ciudadanos y al que también se ha unido Vox. El grupo de Inés Arrimadas, además, ha pedido al Gobierno que endurezca las medidas contra el Govern de Pere Aragonés tras el revuelo del decreto, rememorando el 155 aplicado por el 'procés' (y que pide Vox).