Publicado: 31/05/2022 11:37
Actualizado: 31/05/2022 14:48
El decreto-ley aprobado este lunes por la Generalitat entra en vigor este martes para burlar la sentencia del 25% del castellano en las escuelas impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ratificada por el Supremo. La ley apuró la fecha límite ya que el TSJC fijó el 31 de mayo como deadline para la ejecución forzosa de la sentencia, por lo que el Govern celebró una reunión extraordinaria del Consell Executiu ayer para aprobar su reglamento y blindar los "criterios aplicables en la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos" en Cataluña.
La ley que busca proteger a los directores de los colegios ante la sentencia del 25% de castellano y traspasar la responsabilidad que pueda derivarse de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, para hacer así frente a lo que califican de "injerencias" judiciales. La norma aún está pendiente de ser aprobada por el pleno del Parlament, una vez el Consejo de Garantías Estatutarias haya emitido el dictamen solicitado por Vox, Ciudadanos y el PP.
La Generalitat monitorizará el plan
Con el decreto ley, la conselleria de Educación que lidera Josep Gonzàlez-Cambray asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y concertados catalanes, de manera que monitorizará la forma de aplicar las lenguas en los centros educativos amparando a la figura de los directores para que no se vean obligados a aplicar ese 25% del castellano. Según el decreto, el Departamento de Educación debe valorar previamente los proyectos lingüísticos, que tiene que diseñar cada escuela e instituto en base a su realidad cultural y sociológica.
El Govern pretende fulminar el principio expreso de la sentencia del TSJC: los porcentajes. El catalán es el "centro de gravedad del servicio público educativo de Cataluña", subraya el decreto, que rechaza aplicar "porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas". Así, mientras la Justicia ha dictado sentencia del castellano como lengua "vehicular" como el catalán, enfatizando que debe darse en, al menos, una de las materias troncales, el decreto pactado con Junts y PSC defiende el uso del castellano como lengua curricular.
Posible intervención del TC
El plan del Govern, que lleva meses tramándose ante la línea roja del 31 de mayo, trata de dejar sin efecto el fallo del TSJC con la aprobación del decreto justo el mismo día que expira: este martes. A partir de ahora, la pelota está en el tejado del TSJC que tiene que determinar si la sentencia se ejecuta o no, pudiendo abrir la puerta a la intervención del Tribunal Constitucional en la interpretación de la nueva ley. Como alta institución judicial autonómica, determinará si el fallo es un intento engañoso de adaptarse al fallo del 25% o si cumple con la sentencia.
El PSC: "Generará problemas en los centros"
El PSC, cuyo apoyo fue clave para el pacto del decreto, ahora se desmarca de la polémica. La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alicia Romero, ha sostenido este martes que el decreto del Govern sobre el catalán en la escuela no cumple con la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano, lo que "generará problemas en los centros educativos".
Este decreto "no acabará resolviendo el problema, que viene de lejos por el fracaso de la política y por no haber resuelto un problema que no existe en las aulas pero que se ha puesto sobre la mesa", ha dicho en una entrevista de Cataluña Ràdio recogida por Europa Press. Romero ha asegurado que "el catalán no es un problema en la escuela ni en la universidad", pero ha remarcado que las sentencias se deben cumplir gusten o no, en referencia a la del 25% del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ha criticado que el decreto fije la "inaplicación" de porcentajes cuando el TSJC estableció este 25% y que el texto no incluya el castellano como lengua curricular, como sí figura en la nueva ley pactada entre PSC-Units, ERC, Junts y comuns
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El Tribunal Supremo ha recordado que el artículo 118 de la Constitución dispone que «es obligado» (por tanto, también para todos) «cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto».
El Tribunal Constitucional tiene establecido el derecho a la ejecución de las sentencias como derecho constitucional fundamental amparado por el artículo 24 de la Constitución como derecho a la tutela judicial efectiva. El alto tribunal tiene consagrado el principio de que las sentencias deben ejecutarse en sus propios términos así como el derecho a la invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes.
Es decir, el golpe de Estado que perpetran los golpistas separatistas catalanes continúa y el gobierno de extrema izquierda que lidera Sánchez es cómplice porque ni cumple ni hace cumplir la Constitución lo que los convierte, además, en perjuros. Todos éstos prevarican, hay desacato y desobediencia.
Estamos llegando al punto 155. Ellos lo quieren y lo buscan, que así sea.