Una exsenadora de Podemos asegura al juez que el cobro de sobresueldos era ‘vox populi’

La exsenadora de Podemos Celia Cánovas declaró este jueves como testigo del ‘caso Neurona’, sobre la presunta financiación irregular de la formación. Al finalizar su comparecencia en los juzgados de Plaza de Castilla ha dicho a los periodistas que era “vox pópuli” en la organización que “se cobraban sobresueldos”.

En su declaración ante el juez Juan José Escalonilla, Cánovas aseguró que la gerente del partido, Rocío Val, no tenía competencias para aprobar complementos salariales de los que ella misma se benefició, al igual que el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos. Los dos están imputados en esta causa.

La exsenadora aseguró saber que “había sobresueldos”, aunque insistió en que “no nos informaban de nada”. Por su parte, la defensa de Podemos insistió en que la dirección de la formación había habilitado a Val para poder aprobar complemento salariales mediante un acta notarial que la exsenadora dijo no conocer.

Pese a ello, la exsenadora insistió en que “los estatutos dicen lo que dicen” y no facultan al gerente para aprobarlos, puesto que ese tipo de complementos salariales deben estar contemplados en los presupuestos de la formación y ser aprobados por el Consejo Ciudadano Estatal.

Donación

Podemos se ha opuesto que se tomara declaración a la exsenadora, que ejerce la acusación particular en la causa tras denunciar que Podemos la acabó entregando un recibo por una donación suya de 5.000 euros, cuando en realidad el dinero entregado sólo llegó a los 3.000 euros. La defensa cree que el juez está sometiendo a la formación a una “auditoría” de todas sus cuentas y denuncia “animadversión” de Cánovas.

Por su parte, el juez Escalonilla admitió esta declaración solicitada por Vox y advirtió a los abogados de Podemos de que en esta causa no se investigan hechos de “naturaleza política” y que está “fuera de lugar” arrojar sospechas en ese sentido.

En su calidad de acusación particular, Cánovas pidió al instructor que imputase por administración desleal a la actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por avalar supuestamente el reparto de sobresueldos irregulares entre algunos de sus dirigentes.