Publicado: 05/02/2024 19:49
Actualizado: 05/02/2024 20:50
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una declaración institucional en la que solicitan que se ponga freno a los descalificativos a jueces en el Congreso. El acuerdo, suscrito de manera unánime, clama porque se respete la independencia del Poder Judicial en las intervenciones parlamentarias a la par que rechaza "con toda firmeza" las últimas acusaciones desde el independentismo catalán a jueces y magistrados al frente de causas del procés.
El texto suscrito por vocales progresistas y conservadores alude a las acusaciones vertidas en la cámara baja el pasado 30 de enero en el marco de la deliberación de la ley de amnistía que finalmente tumbó Junts. Al respecto, el CGPJ determina que, aunque las manifestaciones realizadas por diputados están "especialmente protegidas por la inviolabilidad parlamentaria", ello no resta gravedad a su actuación.
Máxime teniendo en cuenta, reza el texto, que en el debate parlamentario sobre la ley que amnistiará a Puigdemont se han proferido acusaciones de 'lawfare' contra jueces y fiscales que instruyen causas contra el independentismo catalán. "Rechazamos con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo, al tiempo que manifestamos que seguiremos defendiendo la independencia del Poder Judicial residenciada en todos y cada uno de los jueces y juezas españoles", indican.
El CGPJ pide evitar las descalificaciones
"Debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial", reza el texto. Además, el CGPJ apela al "respeto institucional" y alude al Consejo Consultivo de Jueces Europeos para recordar que ante injerencias al trabajo de jueces los poderes del Estado "deben cooperar con lealtad".
El acuerdo suscrito por unanimidad se conoce tras dos horas de Pleno extraordinario convocado por el presidente en funciones del Consejo, Vicente Guilarte, la semana pasada. La convocatoria trae causa de la solicitud formulada por nueve vocales del sector conservador que solicitaron una reunión de urgencia a tenor de los últimos ataques vertidos contra los jueces en el marco de la sesión del Congreso en la que se tumbó el texto de la amnistía del PSOE.
Los nueve vocales redactaron un texto de mínimos en el que solicitaron al presidente interino que se abordara exclusivamente las declaraciones vertidas por algunos de los intervinientes en la sesión del pasado 30 de enero (entre los que se encuentran la portavoz de Junts en el Congreso Míriam Nogueras y el diputado de Sumar Gerardo Pisarello) así como "la aquiescencia y el mutismo" de la presidenta de la cámara baja, Francina Armengol.
En dicha sesión, en la que Junts tumbó la ley de la amnistía redactada a medida para Carles Puigdemont, diputados como Míriam Nogueras volvieron a señalar con nombres y apellidos a jueces de causas del procés a quienes acusaron de prevaricar con sus pronunciamientos. Así, atacaron al instructor del caso Tsunami y también del procedimiento Voloh sobre la conexión rusa del independentismo catalán, tras las respectivas prórrogas acordadas en dichos procedimientos.
Señalamientos sin precedentes a jueces
Los firmantes acompañaron su petición de la declaración institucional que realizó la Comisión Permanente el pasado 19 de enero a tenor de las acusaciones vertidas desde el Gobierno contra el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tsunami’, Manuel García Castellón. Tras los señalamientos del Ejecutivo, la Comisión Permanente aprobó un dictamen por unanimidad en el que reprobaron las palabras de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera.
"La Comisión Permanente entiende que estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia", expusieron.
Con todo, no es el primer manifiesto que el órgano de gobierno de jueces firma desde que Junts y PSOE incluyeran en su acuerdo de investidura el término 'lawfare'. Esta primera alusión a una presunta guerra judicial contra el independentismo propició la reunión de urgencia de la Comisión Permanente del CGPJ, el mismo día en que se conoció el acuerdo entre Moncloa y los de Puigdemont.
El órgano aprobó con el respaldo de todos los vocales miembros de la comisión -a excepción de Pilar Sepúlveda- un comunicado en el que expusieron su " frontal rechazo" a estas acusaciones a la judicatura, las cuáles no han cesado en estos meses.
Comisiones parlamentarias contra jueces
De hecho, el órgano volvió a pronunciarse semanas después tras conocerse que el acuerdo entre ambas formaciones políticas acarreaba la creación de comisiones parlamentarias en el marco de las cuáles se citaría a jueces y magistrados que hayan llevado casos que afectan al independentismo catalán, como el espionaje del CNI con Pegasus o la operación Cataluña.
Al respecto, el CGPJ volvió a posicionarse en contra de estas actuaciones parlamentarias y dejó claro que los jueces están obligados por ley a guardar secreto de los procedimientos que han instruido o juzgado. Es por ello que, además de condenar estas comisiones, se encomendó a los jueces que recibieran citaciones de la cámara baja que lo pusieran en conocimiento del CGPJ de cara a abordar una respuesta común. Del mismo modo se aconsejaba desatender dichas citaciones.
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El respeto hay que ganárselo y algunos jueces del CGPJ no se lo merecen.
¿Y? Ésto es cómo las reprimendas por anunciar cosas en campaña electoral y que se pasan por el arco del triunfo. Pellizco de monja, hasta la torta final que nos va a dar la mafia que nos gobierna.