Un mosso al servicio de Puigdemont espió a Llarena y a policías para "entorpecer" causas judiciales

Un mosso vinculado a Carles Puigdemont y a uno de los actores clave de Tsunami Democràtic filtró información confidencial sobre jueces y policías en plena actuación en los tribunales contra el independentismo. Esta persona, que respondía al alias de 'Xuxu Rondinaire', facilitó documentos reservados que afectaban al magistrado Pablo Llarena, y a a un agente que investigó a los separatistas.

El receptor de toda esta información extraída de las bases de datos policiales era Josep Campmajó; un empresario muy cercano al expresidente catalán y considerado cabecilla de Tsunami Democràtic. Los informes policiales que obran en el sumario y a los que ha tenido acceso Vozpópuli determinan que las reflexiones que le trasladaba el mosso a Campmajó evidenciarían la intención de "entorpecer" causas judiciales que les afectaban de manera directa.

"La reflexión del mosso d’Esquadra, tiene un doble trasfondo: por un lado, le facilita datos reservados; y por otro, le realiza una advertencia encaminada a entorpecer investigaciones judiciales o policiales que estuviesen siendo realizadas sobre la persona de Campmajó", reza la Guardia Civil, la cual ya investigó a este empresario de Girona en el marco del 'caso Voloh' relativo a los presuntos nexos del independentismo con Rusia.

Espionaje a Llarena en pleno procés

Entre la información reservada que este agente suministró al empresario catalán destaca un documento titulado 'Movimiento de personalidades' que informaba sobre el desplazamiento a Barcelona entre los días 5 y 8 de marzo de 2020 del magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa del procés, Pablo Llarena.

La Guardia Civil sostiene que este documento de transmisión de novedades no puede relacionarse directamente con 'Xuxu Rondonaire' pero "es interesante" que tengan la misma fecha y traten un tema coincidente.

Los seguimientos al magistrado del Tribunal Supremo coincidieron en tiempo con la petición que remitió al Parlamento Europeo de suspender la inmunidad de Puigdemont. En 2020, la Sala de lo Penal ya había juzgado y condenado la parte troncal del procés, pero todavía seguía vigente la relativa a Puigdemont y otros exconsejeros a los que no se les pudo sentar en el banquillo por estar fugados de la Justicia.

La reflexión del mosso d'Esquadra tiene un doble trasfondo: por un lado le facilita datos reservados y, por otro, le realiza una advertencia encaminada a entorpecer investigaciones judiciales Informe de la Guardia Civil

Precisamente Llarena -que es uno de los magistrados a quienes el independentismo acusa de presunto 'lawfare'- venía sufriendo desde el arranque de esta causa en el Tribunal Supremo una campaña de acoso que afectó a su familia y que se tradujo, entre otras acciones, en pintadas en la casa que tiene en un pueblo de Girona.

Además de espiar los movimientos del magistrado, este empresario clave en la causa de Tsunami Democràtic también recibió información de policías que podrían estar investigando al entorno independentista. Así, los agentes analizaron conversaciones de Campmajó con este usuario de Signal que evidenciarían que le hizo gestiones para averiguar la identidad de un agente del departamento de Información.

"Es poli y es de info"

Las sospechas que llevan a la Guardia Civil a concluir que el interlocutor de Campmajó es policía residen no solo en la información que le facilitaba ,sino también en que cuando era preguntado por policías se refería a ellos como "compañeros". En ese contexto el empresario vinculado a Puigdemont le pidió información concreta sobre un agente del que consideraban uno de los suyos pero que le descubrieron grabándoles.

"Ha estado manteniendo contacto regular con uno de los nuestros, avisándole de cosas y manteniendo una amistad, hasta que el nuestro se dio cuenta de que le grababa", comenta Campmajó. El empresario no da nombres acerca de la persona a la que se había acercado el agente pero sí le pide información de todo tipo sobre él.

'Xuxu Rondonaire', le pregunta si él sabe que "le han pillado" y el empresario responde de manera negativa, insistiendo en que buscan información suya. "Querría saber qué hace, qué busca y para quien", apostilla. El mosso le respondió: "Es poli y es de info", a lo que Campmajó le trasladó que era probable que les interesara "darle comida cocinada", en referencia al objetivo del independentismo de utilizarle para sus intereses.

El sumario de esta causa que se sigue en la Audiencia Nacional pone de manifiesto como el 'topo' de los Mossos consiguió obtener la información requerida, aunque para ello tuviera que acceder a bases de datos restringidas. Las capturas hechas al móvil de Campmajó demuestran que le trasladó que el policía de quien pedía información no pertenecía al colectivo de mossos de carácter independentista 'Guilleries 59'.

Puigdemont y el 'lawfare'

El sumario de esta causa que se sigue por terrorismo evidencia seguimientos a policías y magistrados desde el entorno independentista, el cual, en estos días está impulsando comisiones de investigación en el Congreso para, paradójicamente, fiscalizar la actuación de los magistrados en las causas relacionadas con el procés.

Las críticas al Poder Judicial han ido en aumento desde que PSOE y Junts firmaran el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, el punto álgido se vivió este martes, cuando Miriam Nogueras, la portavoz en el Congreso del partido de Puigdemont, señaló con nombres y apellidos a magistrados del procés y les calificó de "indecentes".

Nogueras dijo que habría que "juzgar y cesar" a magistrados como Pablo Llarena o el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena por investigar y condenar a los responsables del referéndum ilegal del 1-O y de la declaración de independencia de Cataluña.

La portavoz de Junts en el Congreso señaló desde la tribuna a magistrados como Carmen Lamela, Concepción Espejel o Carlos Lesmes, este último expresidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Precisamente el actual presidente del alto tribunal, Francisco Marín Castán, tenía pendiente reunirse con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este miércoles pero suspendió el encuentro tras los ataques sin precedentes pronunciados en la cámara baja.

Además, emitió un comunicado en el que defendió a la labor de los magistrados de su casa; un pronunciamiento al que siguieron el del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y las principales asociaciones de jueces y fiscales que reprobaron a la portavoz de Junts. "Es tremendamente irresponsable trasladar a la ciudadanía el falso mensaje de que sus jueces actúan movidos por intenciones ajenas a la aplicación de la ley", respondieron.

El señalamiento a jueces, policías y periodistas de Nogueras coincidió con la aprobación de la tramitación de la proposición de ley de la amnistía y la creación de tres comisiones parlamentarias para investigar una presunta guerra judicial contra el independentismo (lawfare); requisito este último exigido por Junts y ERC al PSOE a cambio de desbloquear la legislatura.