El juez ofrece a la Abogacía personarse en Tsunami Democràtic y obliga al Gobierno a retratarse

El magistrado Manuel García Castellón continúa la investigación por terrorismo contra Tsunami Democràtic. A pesar de haber solicitado al Tribunal Supremo que asuma las pesquisas por la condición de aforado de Carles Puigdemont y de otro imputado, el instructor avanza con las diligencias enfocadas en los graves disturbios de la plataforma en el aeropuerto de El Prat en octubre de 2019. En ese contexto ha ofrecido a la Abogacía General del Estado que se persone a tenor de los daños que supuso la ocupación.

Se trata de un movimiento que obligará al Ejecutivo de Pedro Sánchez a tomar partido en esta causa que será una de las grandes beneficiadas por la ley de amnistía. La propuesta del instructor se produce apenas días después de las graves acusaciones del Secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián (Tontxu) Rodríguez, en entrevista radiofónica al apuntar que imputó por terrorismo a Puigdemont para hacerlo coincidir con la negociación de la investidura de Pedro Sánchez.

La Audiencia Nacional, que investiga desde 2019 la actuación y financiación de Tsunami Democràtic, considera que hay motivos para ofrecer a la Abogacía que represente los intereses del Estado, tras acreditarse unos daños de más de 2,1 millones de euros con la ocupación del aeropuerto de Barcelona, así como un peligro potencial para las personas allí presentes.

El juez ve terrorismo en Tsunami

Así lo recoge una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en la que hace alusión a los daños que la plataforma originó con la ocupación del Prat. Aunque la causa investiga también otras protestas radicales de la plataforma como el sabotaje en la AP-7 o los disturbios en el clásico en el Camp Nou en diciembre de 2019, el foco está puesto en estos hechos por ser, a su juicio, constitutivos de un posible delito de terrorismo.

Al tratar de impedir el cambio de turno de los controladores no solo se buscaba provocar daños económicos sino que podría haber tenido un daño catastrófico

Se trata de un criterio del que difiere la Fiscalía que, al igual que defienden los imputados de la causa, entiende que se estaría ante desórdenes públicos graves. Por ello ha recurrido ante la Sala de lo Penal la decisión del juez, dejando a este órgano la última palabra sobre si es terrorismo o, por contra, se queda en desórdenes, lo que implicaría el envío de la causa para los juzgados ordinarios catalanes al perder la Audiencia la competencia.

Frente a lo manifestado por la Fiscalía, el instructor considera que lo ocurrido en las barricadas de El Prat es terrorismo en cuanto la turba convocada allí por Tsunami Democràtic impidió el acceso de los pasajeros a las terminales, puso en riesgo la seguridad de los viajeros y provocó graves daños materiales que ocasionaron unas pérdidas al erario público de 2,19 millones de euros.

García Castellón se ampara en los informes de la Guardia Civil, en los atestados recientemente incorporados por los Mossos d'Esquadra y también en el fallecimiento de un turista francés, a cuya familia ha ofrecido personarse en las diligencias. El magistrado acaba de incorporar a la causa la información forense remitida por el juzgado de L'Hospitalet de Llobregat que investigó el deceso y que apunta a un infarto como causa de la muerte.

Resultado catastrófico

A su juicio, entre las "circunstancias" del deceso a las que apela el forense en su informe se podrían encontrar la ocupación del aeropuerto, motivo por el cual sostiene que hay que seguir investigando estos hecho. Por ello, acaba de oficiar a la OTAN para que recabe del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas en Torrejón de Ardoz (CAOCT) cualquier incidencia que se pudiera haber registrado en el tráfico aéreo nacional e internacional registrada con la ocupación que impulsó Tsunami Democràtic.

El instructor considera que al intentar impedir el cambio de turno de los controladores aéreos no solo se buscaba provocar daños económicos, sino que podría haber tenido un "resultado catastrófico" para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo o subidas a un avión, "con evidente riesgo y peligro de su vida".

Al respecto, considera que todas las incidencias registradas aquella jornada, unido al hecho de que se falsificaron tarjetas de embarque para que la masa pudiera acceder al aeropuerto, constituirían un delito de terrorismo recogido en el Convenio número 196 del Consejo de Europa o en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil de 1971.

Acusado por el Gobierno

Del mismo modo se ampara en los atestados de los Mossos d'Esquadra que recogen las comunicaciones interceptadas a los detenidos en el marco de estas protestas. Las mismas desvelan que Tsunami Democràtic, lejos de ser un movimiento espontáneo que nació como protesta a la sentencia del procés, estaba perfectamente estructurado. "Ha sido increíble, osea, en mi p*** vida he visto algo tan bien organizado y tan bien planeado. Increíble", reza uno de los mensajes desvelados por este medio.

La propuesta del magistrado a la Abogacía General del Estado se produce en plena investigación abierta en el CGPJ por las acusaciones del 'número dos' de Justicia. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 pidió amparo al CGPJ, que acordó tramitar la denuncia y está a la espera de que tanto Rodríguez como la portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Patricia Paja presenten sus alegaciones ante el órgano. Esta última le acusó de prevaricar con su actuación.

Mientras tanto, el juez sigue adelante con las pesquisas que dieron un giro de 180 grados tras incorporar el informe definitivo de la Guardia Civil que señaló como responsables del movimiento a una docena de personas, entre ellos a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El magistrado reaccionó imputándoles por delito de terrorismo junto con Puigdemont, a quien se le ubica en reuniones en Ginebra coincidiendo con la puesta en marcha de Tsunami Democràtic.

A petición de Dignidad y Justicia, personada como acusación particular en las diligencias, García Castellón pidió la semana pasada al Supremo que asuma las diligencias al actuar contra dos aforados. Fuentes del alto tribunal consultadas por este medio determinan que la respuesta no se conocerá a corto plazo ya que no concurren los requisitos de urgencia, y que tienen que estudiar a fondo los alegatos del magistrado.