La Guardia Civil ha acreditado en su último informe aportado a la causa abierta en la Audiencia Nacional contra varios CDR que realizaron búsquedas de cerca de una decena de líderes políticos, entre ellos Pablo Casado; el exprimer ministro francés Manuel Valls; o el exdirigente de Ciudadanos José Manuel Villegas, con el objetivo de la “posible relación de una acción” contra todos ellos. En concreto atribuyen a Jordi Ros la búsqueda de datos en Internet de políticos contrarios a la independencia de Cataluña y de un agente de los Mossos d’Esquadra contra los que estaría planeando una actuación.

De acuerdo con el oficio policial del pasado 20 de mayo y al que ha tenido acceso Vozpópuli, las búsquedas se centraron en la alcaldesa del Ayuntamiento de Sabadell, Marta Farrés, de la concejal del mismo consistorio, Marta Morell, además de diputados del PSC y del PP en el Parlament catalán. Entre ellos, el diputado socialista Francisco Aranda o el exdiputado popular Joan López. Los agentes sostienen que los detenidos en el marco de la operación Judas también se incautaron de anotaciones personales sobre matrículas de vehículos de personas “ideológicamente contrarias a la independencia”.

Los agentes concluyen cerca de dos años después del estallido de esta causa, que los nueve miembros de los Comités de Defensa de Cataluña (CDR) tenían como único objetivo “coadyudar para la independencia de Cataluña”. Para ello, estos integrantes del Equipo de Respuesta Táctica (la facción más radical de los CDR) recibieron y aceptaron ayuda del conocido como CNI catalán a través de Xavier Buigás, el considerado como cerebro del grupo. El objetivo no era otro que asaltar el Parlament catalán llegado el denominado día ‘D’.

"Considerable información" contra objetivos

La Guardia Civil destaca en su informe la “considerable información” de la que disponían los investigados en relación a “posibles objetivos de sus acciones o atentados” y de las “medidas de seguridad” que disponían esos objetivos. De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional advirtió tras el estallido de la causa que practicaron los registros y las detenciones "ante la certeza" de que planeaban actuar entre el aniversario de la consulta del 1-O y el anuncio de la sentencia del procés, que se hizo público el 14 de octubre de ese año.

Además de las figuras públicas ya citadas, los investigadores señalan que los miembros de los CDR habrían desarrollado “actos preparatorios”, tales como labores de reconocimiento, vigilancia, control o toma de fotografías y vídeos de instalaciones ubicadas en Barcelona como la Comandancia Naval, el Gobierno Militar, la Delegación del Gobierno, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Parlament. También de "miembros" y "vehículos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los investigadores, que insisten en que los acusados integraron “una organización criminal con actividad terrorista”, destacan que, aunque en un principio realizaron funciones como el control de una red de comunicaciones segura, el asunto cobró otra dimensión cuando se les encargó la fabricación de sustancias explosivas para las acciones previstas.

La hermana de Puigdemont

La Guardia Civil destaca el trabajo que habrían llevado a cabo los CDR investigados en la adquisición de materias primas y realización de síntesis químicas para "la obtención de sustancias deflagrantes" o "incendiarias". Entre ellos, el "agente termita" o sustancias como el hexógeno, el nitrato de amonio, la tetralita, la nitrocelulosa, la cloratita, el amonal, el amosal o el Anfo; compuestos empleados en otras ocasiones en atentados terroristas. Al respecto explican que de las pesquisas realizadas desde el arranque de la causa y de los "precipitados" registros se desprende que emplearon el jardín de uno de ellos (Alex Codina) para realizar los ensayos de los productos y las pruebas de los compuestos químicos.

Además de Jordi Ros, Alex Codina y Xavier Buigás, el grupo lo integraban Ferrán Jolis, Eduardo Garzón, Germinal Tomás, David Budria, Clara Borrero y Guillem Xavier Duch. No obstante, con el avance de la causa, en junio del año pasado se imputó a otras cuatro personas más relacionadas con estos hechos. Los agentes recuerdan también que la primera acción que se tiene constancia de este grupo de ERT fue la reunión 'in itinere' llevada a cabo dentro de un vehículo en movimiento con una de las hermanas del expresidente catalán Carles Puigdemont a las que se entregó material "super confidencial".

La preparación de acciones supuestamente violentas coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal y el manejo de los explosivos anticipó la operación de detención para todos ellos. Tras su declaración en sede judicial, el magistrado al frente de la causa, Manuel García Castellón, acordó prisión provisional y sin fianza atendiendo el criterio de la Fiscalía y ante la gravedad de los delitos imputados.

Tres meses después, la Audiencia Nacional atenuó las medidas impuestas y les comenzó a dejar en libertad con importantes fianzas. Pese a ello, los investigadores han seguido manteniendo que había indicios de sobra para atribuirles delitos de integración en organización terrorista, que ahora ratifica en su último informe la Guardia Civil.