Caso Koldo: La UCO investigó más de 340 cuentas corrientes en una treintena de bancos

Los investigados por el caso Koldo crearon una compleja de red de mercantiles para eludir el control de las autoridades. A pesar de lo amplío de este entramado, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificaron a los sujetos sospechosos y realizaron un profundo rastreo de todos los bienes que figuraban en sus nóminas, y los que no. Los funcionarios analizaron más de 300 cuentas corrientes de una treintena de bancos tanto de España como de fuera, según aparece reflejado en un informe al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La UCO tuvo en el radar más de 340 cuentas corrientes de los miembros de la trama que estaban siendo investigados. Tuvieron que realizar un total de 31 requerimientos a las diferentes entidades bancarias que guardaban, eso sí sin conocerlo, los secretos de una compleja red.

Máxima discreción con los bancos

Para llegar a conocer estos entresijos, los funcionarios realizaron un requerimiento tipo desde la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Solicitaban a los bancos "la información que conste en sus bases de datos, relativa a las cuentas bancarias que se relacionan a continuación, así como la siguiente información: o relación de movimientos obrantes en las mismas desde su apertura. Esta información se deberá remitir en soporte informático y en formato NORMA 43".

Los agentes también buscaban cualquier otro productos relacionados con las mismas como préstamos, créditos, tarjetas, talonarios de cheques, planes de pensiones, fondos de inversión o carteras de valores. "Esta documentación e información debe ser facilitada por los Servicios Centrales, no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria ni con el titular objeto del requerimiento o persona alguna ajena a la entidad, al objeto de preservar las actuaciones", este texto se esgrimió para no alertar a los sujetos investigados.

La vida laboral de los investigados

No fue el único requerimiento de la trama Koldo. Los investigadores también pidieron a la Agencia Tributaria que facilitara la información de más de una veintena de personas desde el año 2017 hasta la actualidad. Desde el impuesto de sucesiones a los ingresos en sus cuentas corrientes. También se solicitó a la AEAT la copia de la vida laboral de una decena de personas. Alguno tiempo después fueron detenidos, otros finalmente no.

El hermetismo de los agentes de la UCO en la trama Koldo no permitió que algunos de sus integrantes conociera que estaban en el punto de mira. Los funcionarios comprobaron que el exasesor de José Luis Ábalos y su hermano tendrían conocimiento y de la investigación sobre ellos y "estarían tomando medidas relativas a su patrimonio", según un informe al que ha tenido acceso Vozpópuli. A pesar de ello, las escuchas interceptadas a la trama Koldo desvelan gestiones de los imputados hasta incluso semanas antes de las detenciones.

El chivatazo del caso Koldo

Meses antes de su detención, Joseba García Izaguirre, el hermano de Koldo, ya le advirtió a su familiar que "él se quita de en medio para que no les vean juntos". Una afirmación que pone de relieve que ya conocían que se había iniciado una investigación. Joseba incluso llegó a modificar su testamento, aunque no concretó en el mismo todas las solicitudes de su hermano.

En esos días, Koldo cambió parte de su patrimonio, al igual que su entorno, "con la intención de tratar de revertir aquellos movimientos" relativo a su "incremento patrimonial injustificado". "Por otro lado, las alusiones a dinero en efectivo resultan de gran importancia para la investigación en curso, habida cuenta que, como línea de investigación, podrían haberse pagado comisiones vinculadas a los contratos investigados de esta forma", afirmaron desde el Instituto Armado.

Y es que los investigadores eran conscientes de la "existencia de una fuente de financiación desconocida que proveería de dinero en metálico a Koldo y su familia". Otro de los investigados, Víctor Aldama, estaba "llevando a cabo una deslocalización de sus bienes en territorio nacional". Para ello empleó un "entramado empresarial en el que participarían sus socios Luis Alberto Escolano Marín, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano Costumero y César Moreno García, según los investigadores de la UCO.