El cabecilla del 'caso Azud' carga contra Fiscalía pero no niega los pagos al PSOE valenciano

Jaime Febrer, el promotor cabecilla de la trama Azud y propietario del Grupo Axis, se defiende ante la Justicia. El constructor arremete contra la juez y la Fiscalía que investigan presuntos amaños del PSOE valenciano y defiende que los hechos que le atribuyen son del 2007 y, por tanto, están prescritos. Ahora bien, no niega que efectuara pagos tanto al PSPV como a su entonces tesorero José María Cataluña y a otro empresario cercano a la formación socialista.

Según esgrime en un reciente recurso interpuesto ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, se trataría de unos abonos lícitos porque ninguno de ellos era funcionario o autoridad. Así pues, aunque carga contra los investigadores por maniobrar, según dice, para mantenerle imputado, lo cierto es que el presunto cerebro de esta parte de la macrocausa no niega la tesis de la UCO acerca de que habría conseguido desviar 2 millones en mordidas con un ambicioso proyecto de Acuamed.

"Estamos claramente ante hechos que no pueden ser considerados delictivos en cuanto a los señores Vera, Cataluña y el partido PSOE en cuanto a los supuestos cobros provenientes del Sr. Febrer (al no ser funcionarios ni autoridades) y que estarían prescritos para él, como supuesto cohechador activo. También en cuanto a la alcaldesa y el concejal del PP de Xixona", reza el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Vulneración de derechos

La defensa de Febrer recurrió el auto de la magistrada Pepa Tarodo del pasado 20 de marzo en el que decidía acumular la investigación al PSOE valenciano en la pieza principal de la trama Azud. La misma arrancó en el año 2017 por presuntos amaños en el Ayuntamiento de Valencia y puso rápido en el foco al vicealcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau. El avance de esta investigación principal (que suma decenas de imputados) acabó salpicando al PSOE al constatar que habría adjudicado proyectos de Acuamed a cambio de mordidas de empresarios que habrían ido para financiar campañas electorales.

Al respecto Febrer figura como uno de los cabecillas de esta parte de la red. Su defensa, sin embargo, sostiene que los hechos que se le imputan estarían prescritos y que si la magistrada ha optado por unificar estas dos partes de la macrocausa es precisamente para poder actuar contra él. Al hilo recuerda que pidió el archivo para este promotor valenciano y que el juzgado lo denegó y acumuló la investigación que salpica al PP y al PSOE en lo que considera que es un movimiento que vulnera su derecho de defensa.

En relación a los hechos que se le atribuyen, asegura que no hubo irregularidad alguna con la adjudicación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de El Espartal en Jijona (Alicante) al Grupo Axis. Sin embargo Anticorrupción lo señala como uno de los amaños urbanísticos clave con el que se habrían desviado mordidas millonarias. El mismo se firmó en 2007 con Acuamed, empresa pública creada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

De hecho, el contrato (que nunca llegó a ejecutarse) se cerró un año después de que el exlíder del PSOE otorgara a Acuamed el control de Aguas del Júcar. Para ello el Grupo Axis firmó un convenio con la firma pública y con el Ayuntamiento de Jijona. El objetivo era ampliar la desaladora de las localidades alicantinas de Muchamiel y Campello de manera que el incremento de producción se destinase a abastecer la localidad de Jijona.

2 millones en comisiones

La UCO atribuye un papel clave en esta historia a José Luis Vera. Sostiene que el empresario y exjefe jurídico de Divalterra impulsó la firma entre el Grupo Axis y Acuamed debido a su estrecho vínculo con el PSOE. La UCO destaca además dos reuniones celebradas el 20 de febrero y el 27 de marzo de 2007 entre Vera y Febrer en las que se acordó el pago de una comisión de 2 millones de euros. De éstos, 1 millón se lo quedaría el empresario ligado al PSOE y otro millón sería para el propio partido.

Ello se desprende de las anotaciones que el extesorero del PSPV José María Cataluña recogió en sus cuadernos personales. El histórico dirigente socialista plasmó el reparto de este presunto amaño que se materializó a través de contratos ficticios a los que se les dio apariencia de legalidad. Los mismos se firmaron con empresas proveedoras de las campañas electorales del PSOE, de manera que el dinero acabaría en las arcas del partido, como algunos de sus propios empleados confirmaron ante los investigadores.

Ahora Febrer expone en su recurso que los pagos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción no son delictivos porque, en lo que respecta al PSOE, en 2007 no existía la figura que permite la imputación de personas jurídicas, y en lo relativo a Vera y Cataluña no eran funcionarios. Su defensa incide en que, de haberse cometido delito de cohecho, ya no sería perseguible porque prescribe a los 15 años. De hecho, dice que la juez abrió la pieza separada con premura en agosto del año pasado porque los hechos estaban próximos en prescribir; en concreto, el 17 de ese mes.

Contra la UCO y el PP

Del mismo modo dice que se ha impulsado una investigación prospectiva y que el informe de la UCO del pasado mes de junio sobre el Pai del Espatal es "insostenible" en términos jurídicos. "Describe hechos que nunca pueden ser punibles o, de serlo, estarían prescritos", reza el recurso. Además habla de filtraciones de este informe antes incluso de que se incorporara al juzgado.

Sin señalar a nadie en concreto apunta que "llegó a manos de un partido político que lo distribuyó a un gran número de medios de comunicación. "Ha sido el eje de la política nacional, con debates en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, Congreso, Senado, con petición de comisiones de investigación y reprobaciones varias, causando un daño irreversible a muchísimas personas, llegando incluso a motivar que tres acusaciones populares hayan pretendido personarse en la causa, habiéndose admitido a dos de ellas", sostiene en referencia al PP y a Vox.