La Audiencia Nacional incoa diligencias sobre la ampliación de capital del Popular de 2012

La Audiencia Nacional da el primer paso para investigar la ampliación de capital del Banco Popular de 2012. El magistrado Alejandro Abascal ha incoado diligencias por un posible delito de estafa a inversores en relación a una querella interpuesta contra el entonces presidente del banco, Ángel Ron, y su vicepresidente Roberto Higueras. Se trata de unas diligencias separadas de las que se siguen también en la Audiencia Nacional desde 2017 por la ampliación de 2016 y la posterior resolución del Popular un año después.

Así se recoge en un auto de este mismo lunes y al que ha tenido acceso Vozpópuli en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 da traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe, en primer lugar, sobre la competencia de este órgano para investigar estos hechos.

El auto del magistrado se produce en respuesta a una querella interpuesta por el despacho Duran&Duran abogados en nombre de los accionistas que suscribieron acciones de dicha ampliación de capital y perdieron sus ahorros. Cabe recordar que el Juzgado Central de Instrucción número 4 que dirige las diligencias por la caída del banco, ha canalizado numerosas querellas en las que se solicitaba que se incluyera en la investigación penal la ampliación de 2012.

Sin embargo, hasta la fecha ni la Fiscalía Anticorrupción ni el titular de dicho juzgado, José Luis Calama Teixeira, han accedido a investigar este capítulo de la historia del Popular al considerar que excedía de la investigación penal abierta en 2017 contra los antiguos gestores de la entidad. De hecho, esta misma querella que ahora estudiará el magistrado Alejandro Abascal se remitió directamente al Juzgado Central de Instrucción número 4, si bien su titular respondió negándose a investigar estos hechos.

Ampliación de capital del Popular

En concreto, en un auto del pasado 19 de abril, Calama Teixeira explicó que dicha querella no debía confundirse con los hechos del procedimiento penal por la resolución del Popular a mediados de 2017 o las inversiones hechas por particulares tras la ampliación de capital de 2012. "En varias ocasiones los hechos objeto de la querella ahora presentada han sido expresamente excluidos del perímetro de las diligencias de este juzgado y por la Sala de lo Penal", expuso el instructor.

Por ello devolvió la querella a reparto y ha recaído ahora en el juzgado que dirige el magistrado Alejandro Abascal, quien ha dado el primer paso para investigar el asunto al considerar que "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". La querella en cuestión recoge que el Consejo de Administración bajo el mandato de Ángel Ron habría ocultado la verdadera situación del banco para conseguir que los inversores suscribieran acciones del Popular. La finalidad, denuncian, sería dar una apariencia de solvencia cuando en realidad se estaba ante una entidad ruinosa.

El despacho precisa que los querellados habrían alterado presuntamente la imagen fiel de la entidad, especialmente tras la integración de las cuentas del Banco Pastor, con el objetivo de ocultar su situación real. Por ello la querella se dirige contra el entonces presidente del Popular, Ángel Ron, y su antiguo número dos, Roberto Higuera, quienes ya figuran como imputados en la investigación que arrancó en la Audiencia Nacional en 2017.

Dos causas del Popular

En dichas diligencias, que van camino ya de su quinto año de vida, se investiga también a los antiguos miembros del Consejo de Administración así como al último presidente de la entidad, Emilio Saracho, por dos hechos concretos: por un lado por posibles irregularidades de la ampliación de capital de 2016 y, por otro, por los últimos meses de vida del banco antes de que la JUR lo resolviera y redujera su valor a cero.

En este momento, el magistrado Calama Teixeira se centra en recabar información de las inspecciones que el Banco Central Europeo impulsó en el Popular en 2017 en relación a tres puntos clave: el riesgo de ciertos acreditados, el déficit de provisiones y la cobertura mientras los minoristas. Mientras el equipo de Ron sostiene que el banco era solvente y que la entidad cayó por la gestión de Saracho, este último asegura que heredó un banco herido de muerte y que no le quedó otra opción que reformular las cuentas de 2016 y buscar una salida para la entidad.