Ron contraataca y pide informes del supervisor y del BCE para probar la solvencia del Popular

Ángel Ron contraataca en el caso Popular. El expresidente de la entidad ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en pleno cruce de reproches con su sucesor, Emilio Saracho, por la caída a mediados de 2017 del entonces sexto grupo bancario del país. El banquero solicita una decena de diligencias dirigidas al Banco de España y al Banco Central Europeo (BCE) con un único propósito: tratar de demostrar que cuando dejó la presidencia, el Popular era solvente.

De esta forma pide que se requiera a los peritos del supervisor designados por la Audiencia Nacional para que calculen el incremento de los coeficientes de solvencia que se hubieran dado de haberse ejecutado las medidas previstas en el Plan de Negocios diseñado durante su mandato. También propone al magistrado José Luis Calama Teixeira que recabe del Banco Central Europeo abundante documental sobre determinados aspectos de su inspección en el Popular.

El magistrado acaba de dirigirse a esta institución de la Unión Europea para que reporte todas las conclusiones del inspector en lo que respecta al riesgo de ciertos acreditados, el déficit de provisiones y cobertura. Los investigadores consideran que es determinante adherir el resultado de los trabajos de Jesús Martínez Usano, el inspector que supervisó los últimos meses de vida del Popular y que declaró como testigo en estas diligencias el pasado mes de marzo.

El criterio del BcE

Frente a las dudas que mostró acerca del déficit de provisiones del Popular (dijo que superaban los 1.000 millones) o la estructura de sociedades del banco en Luxemburgo, ahora Ron quiere que se pronuncie también sobre el criterio que aplicaron en las inspecciones relativo a cuando debe registrarse la recomendación de mayores provisiones. Su defensa, que ejerce el prestigioso Bufete Choclán, precisa que el BcE debe pronunciarse sobre este aspecto para dilucidar cuál fue el criterio predominante en relación con la contabilización de las provisiones.

Por eso reclama que se adhiera a estas diligencias el manual sobre revisión de la calidad de los activos bancarios (AQR) y el resultado de las inspecciones llevadas a cabo sobre el riesgo de crédito. El objetivo es que esta cifras se confronten con las conclusiones de los peritos del Banco de España. Los inspectores designados por el juzgado concluyeron tras más de un año de estudio que la caída del Popular se debió, principalmente, a una feroz fuga de depósitos ya en sus últimos meses de vida que hizo que su valor se redujera al mínimo.

Entre las diligencias de prueba solicitadas se incluye que se oficie a KPMG para que identifique a todo el personal que participó en la AQR de 2014 y, tras ello, se les cite como testigo. Al respecto alegan que han tenido conocimiento de que durante la preparación de la AQR se mantenían "reuniones periódicas" entre representantes del supervisor, el BcE, KPMG y Oliver Wyman. "Solicitamos, por tanto, que se requiera al Banco de España las actas de las reuniones mantenidas por los intervinientes relativos al Popular", recoge el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La solvencia del Popular

De esta forma el que fuera presidente del Popular entre 2004 y 2017 contraataca en esta causa en la que se investiga a los antiguos gestores del banco que terminó siendo resuelto por la JUR a mediados de 2017. Desde prácticamente el inicio de las diligencias, el equipo de Ron, por un lado, y el de Saracho, por otro, han mantenido posturas diametralmente opuestas en relación con los verdaderos motivos de la caída de la entidad.

Así, mientras Saracho alega que heredó un banco herido de muerte, Ron mantiene que fue esta etapa final la que le dio la puntilla. Una teoría que vuelve a recordar en este nuevo escrito al insistir en "la inoperancia e inactividad" del último presidente como motivo real de la pérdida del valor del Popular. Del mismo modo también niega que existiera déficit de capital en el banco durante su presidencia.

"La ejecución del Plan de Negocio, irresponsablemente aparcado por el Sr. Saracho, hubiera permitido a la entidad incrementar los recursos propios en más de 2,25% (...). De admitirse dialécticamente la existencia de este déficit, la falta de adopción de las medidas necesarias para el incremento del capital acreditaría de modo directo la responsabilidad de Don Emilio Saracho por su inactividad, lo que permitiría imputar objetivamente la situación de déficit (de ser cierta) a un incumplimiento del deber de lealtad (de acción) del Sr. Saracho para con la sociedad administrada", precisa.

La petición de Saracho

Ron vuelve a recurrir al peritaje del Banco de España -que determinó que la entidad era solvente- para cuestionar la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción de que estos peritos vuelvan a estudiar las cuentas del Popular del ejercicio de 2015 aplicando retroactivamente los resultados de inspecciones anteriores sobre el crédito de riesgo y los activos adjudicados. Al respecto reitera su argumento de que el banco tiene que cumplir las Normas Internacionales de Información Financiera y no los criterios introducidos después por la circular del Banco de España de diciembre de 2016.

Así, defiende las cuentas de 2015 y también las de 2016, año de la ampliación de capital, recordando de nuevo que los peritos del Banco de España descartaron que se incumpliera la normativa. Al hilo insiste en que el Banco Popular, en los ejercicios bajo la lupa de la Justicia, contaba con un mínimo de 3.270 millones de euros de capital adicional. Según sostiene, la ejecución del plan propuesto implicaba que a fecha de abril de 2017 el banco disponía de 3.255 millones de euros de recursos propios sin necesidad de acudir a accionistas ni ampliaciones de capital.

Ron confronta de esta forma algunos de los extremos manifestados por el inspector del BcE en su declaración en sede judicial así como por Saracho. Pese a que considera suficiente el estudio efectuado por el Banco de España, su sucesor acaba de proponer al magistrado que acuerde una ampliación de la pericial elaborada por los inspectores del supervisor para que se esclarezca si se respetó la normativa del BdE y si se alteraron los coeficientes de solvencia al cierre del 2016, año en que Saracho todavía no había asumido la presidencia del banco.