El juez del caso Popular abre una pieza secreta por la financiación de la ampliación

El caso Popular cuenta con una pieza más para investigar la presunta financiación a clientes para participar en la ampliación de capital de 2016. El magistrado José Luis Calama Teixeira ha abierto una pieza separada "reservada" para indagar, bajo secreto de sumario, los pormenores relativos a la ampliación de 2.505 millones de euros. La Audiencia Nacional había impulsado en los últimos meses esta línea de investigación ante la sospecha de que directivos del banco habrían dado instrucciones precisas de financiar a clientes para que éstos participaran en la ampliación.

En un auto de este mismo lunes y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado de la Audiencia Nacional precisa que, de las diligencias practicadas hasta el momento, se puede afirmar que "las cantidades financiadas no se restaban del capital del Popular". Para ahondar en esta línea abre otra pieza y la declara secreta por el plazo de un mes. La misma se adhiere a las dos grandes líneas de investigación hasta el momento: una relativa a la gestión del equipo de Ángel Ron antes de dejar la presidencia y la otra tras la llegada de Emilio Saracho, el último presidente que tuvo la entidad antes de su resolución por parte de la JUR en junio de 2017.

Desde la apertura de esta causa, en octubre de ese mismo año, los investigadores se han centrado en esclarecer si se produjo delito de estafa a inversores o falsedad contable con la caída del entonces sexto grupo bancario de España. Por ello se impulsaron una serie de actuaciones, entre las que se encontraba tomar declaración a los principales gestores de la entidad. Al respecto el asunto relativo a la financiación de clientes para que participasen en la ampliación de capital ya surgió durante la ronda de interrogatorios. El propio Saracho así lo expresó en su turno en la Audiencia Nacional en octubre de 2019.

Cuentas alteradas

El economista expuso entonces que el banco extinto financió con 400 millones de euros la compra de acciones y que se hizo así por orden del exconsejero delegado bajo la etapa de Ron, Francisco Gómez. Desde ese momento el instructor comenzó a investigar más a fondo la ampliación de 2016 que, según anunció el Popular en mayo de ese año, buscaba fortalecer el balance y mejorar sus índices de rentabilidad y solvencia, así como la calidad de sus activos. Sin embargo, en el hecho relevante de abril de 2017, el Popular ya tuvo que informar que Auditoría Interna estaba revisando varios asuntos, entre ellos la financiación de 2.505 millones de euros.

En concreto, el hecho relevante apuntó que se había puesto el foco en "determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital de mayo de 2016". El objetivo era esclarecer si ocultaron el auténtico destino de la financiación para no deducirla del capital regulatorio. "La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros", recogía el hecho relevante.

El documento interno clave

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 puso el foco en este asunto y adhirió un documento interno del Popular "de enorme trascendencia" para la causa. Se trata de un informe de fecha 2 de octubre de 2017 que elaboró Heraclio Peña (entonces vicesecretario del Consejo de Administración) en el que apuntaba que se dieron instrucciones precisas para financiar a los clientes del Popular y que participaran en la operativa de 2016. El juez entendió que de este documento se podía deducir que tanto el consejero delegado del Popular como los directores generales de Banca Minorista y Negocio de Clientes lideraron dicha iniciativa.

Además, implicó en los hechos también al departamento comercial así como a Intervención General, Auditoría Interna y Riesgos y recordó que el Manual de Políticas de Riesgos de la entidad prohibía expresamente la financiación para la compra de acciones. "Dicha prohibición, expresa y categórica, se eludió haciendo constar
como destino de los créditos otros distintos a la financiación de acciones. Para ello se impartieron instrucciones específicas a la red comercial", dijo el magistrado al frente del caso en febrero del pasado año.

Así, no solo reprochó la ausencia de investigación (en el Popular, en el auditor externo y en el BCE), sino que reclamó una batería de documentos para estudiar de cerca este capítulo del banco. Al respecto solicitó al Banco Santander ficheros para identificar a clientes que suscribieron más de 5.000 acciones en la ampliación de capital y, tras ello, imputó a los tres principales directivos de estas áreas. El avance de las pesquisas le llevó a citar como investigados a otros cinco exdirectivos más (entre ellos los exjefes de Auditoría y Riesgos). En su comparecencia ante el juez todos descartaron instrucciones veladas a los clientes.

La pericial del BdE

En paralelo, el juez también llamó a declarar a clientes implicados en los hechos. Algunos de ellos, como es el caso de Luis Cort (antiguo dueño de Valdebebas) negaron que desde el Popular se les presionara para participar en la operativa, pero sí admitieron que se les trasladó que sería una buena oportunidad. Por ello, en algunos casos se ampliaron créditos y préstamos hasta por valor de 1,5 millones de euros. Ello motivó que, a tenor del avance de esta causa, le pidieran al juez que les congelase los créditos de manera temporal, teniendo en cuenta la situación.

La petición contó con la férrea negativa del Banco Santander (que litiga en el procedimiento en calidad de heredero del Popular). El banco respondió que con esta actitud trataban de entorpecer el avance de las diligencias. La tensión entre las partes fue en aumento hasta el punto que pidieron al juez que limitara la capacidad de actuación del Santander, que figura como responsable civil subsidiario de los hechos que tuvieron lugar hasta junio de 2017, momento en que la JUR resolvió el Popular y dejó el valor de su acción reducida a cero.

Por su parte, los peritos del Banco de España, tras estudiar toda la documental del Santander, elaboraron una pericial sobre la financiación de acciones. En sus conclusiones, remitidas a la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, concluyeron que un total de 14.299 clientes del Popular suscribieron acciones por importe de 702 millones de euros y que entre finales de mayo y junio de 2016 incrementaron la financiación.