La Audiencia frena el intento de relacionar en el 'caso Zed' a Fridman con la guerra de Ucrania

El magistrado Manuel García Castellón ha frenado el intento de implicar en la causa contra Mijail Fridman el asunto relativo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El instructor que vuelve a investigar al magnate ruso en el marco del procedimiento abierto por la caída del Grupo Zed se ha pronunciado por primera vez sobre este asunto para aclarar que nada tiene que ver la actual guerra con la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional por estos hechos.

En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor explica que el conflicto en Ucrania "ninguna relación ostenta" con los hechos que se investigan en este procedimiento, respondiendo de esta forma a Patricia Pérez Dolset. Su hermano, Javier Pérez Dolset, mantiene un enfrentamiento abierto con el magnate ruso por la caída de la multinacional de la que era dueño. En concreto, sostiene que Fridman se concertó con sus socios rusos para trazar un plan que pasaba por asfixiar a la tecnológica para propiciar su caída y quedarse con ella.

Se trata de una tesis que no comparte el instructor, el cual archivó las diligencias para el dueño de la cadena de supermercados Día al considerar que no había pruebas que le implicasen. No obstante, la Sala de lo Penal revocó su decisión en julio y ordenó que se le volviera a imputar ante los indicios en su contra y las pruebas que había propuesto la Fiscalía Anticorrupción y que estaban pendiente de practicarse.

El papel de Fridman

El instructor aprovecha este nuevo pronunciamiento para insistir en que "no comparte la hipótesis" de la familia Pérez Dolset acerca de que existió una "confabulación" entre policías, Grupo Planeta y la Fiscalía Anticorrupción para actuar en su contra. Según sostiene, sus alegaciones son "meras opiniones" que no estarían sustentadas con indicios que corroboren la realidad". "Ni existen indicios de la existencia de un plan urdido entre distintas instancias ni se ha acreditado su realidad en modo alguno", responde.

Por ese motivo deniega la petición de adherir a la causa Zed el testimonio íntegro de dos piezas del caso Villarejo. Se trata de la número 12 y la 18; ambas relativas a un presunto espionaje por parte del comisario jubilado a Javier Pérez Dolset y su entorno. El mismo se habría auspiciado desde la dirección del Grupo Planeta, tal y como sostienen los antiguos dueños del Grupo Zed, que se amparan en las anotaciones del comisario jubilado en relación a un encargo del grupo editorial para espiarles.

El magistrado declina la petición y explica que los cuadernos personales de Villarejo incluyen "meras anotaciones" que no están corroboradas por ningún elemento adicional y, por tanto, "resultan insuficientes" para acreditar su contenido. "Se desconoce cuál era el motivo de las programaciones allí reflejadas, si tuvieron lugar los encuentros, el tenor de las conversaciones mantenidas -si es que se produjeron- y su relación con los hechos investigados. Nos encontramos, por lo tanto, ante aspectos que no presentan una conexión directa e inmediata con los hechos objeto de esta instrucción", responde.

Las agendas de Villarejo

Los empresarios se habían amparado en un reciente auto de la Sala de lo Penal en el procedimiento abierto por las irregularidades en el Canal de Isabel II (caso Lezo). Los magistrados dieron luz verde a que se investigasen unas anotaciones también del comisario jubilado sobre uno de los principales imputados en esta causa: Ignacio González. Según explicaron, era "incontestable" que todos los apuntes del agente encubierto sobre el expresidente madrileño afectaban a su derecho de defensa.

Por ese motivo corrigieron el criterio del instructor y ordenaron que se incluyeran en el procedimiento. Además se acordó que se investigase si era cierto que, como reflejó Villarejo en sus agendas privadas, fue víctima de una campaña auspiciada en el PP madrileño en 2013. Ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 responde a la petición de los Pérez Dolset incidiendo en que nada tiene que ver el supuesto del caso Lezo con el que aquí se investiga.

"Hemos de referir que nos hallamos ante peticiones distintas, en causas diferentes y con una finalidad diversa. En el marco del caso Lezo se ha acordado la incorporación de pasajes concretos de las agendas intervenidas. En nuestro particular, la parte solicitante interesa que incorpore testimonio íntegro de dos piezas del procedimiento Tandem, en concreto, las piezas 12 y 18. Como podemos observar, existe una diferencia sustancial entre las peticiones realizadas: en el caso aquí investigado se lleva a cabo una petición genérica, omnicomprensiva", responde.

Asfixia del Grupo Zed

Por su parte, la defensa de Fridman, que ha vuelto a asumir el abogado Carlos Gómez-Jara, se opuso a la pretensión de los Pérez Dolset alegando que el auto de la Sala de lo Penal sobre el caso Lezo al que hacían referencia no contemplaba adherir dos piezas de una macrocausa en otra, sino unas anotaciones concretas de los cuadernos personales de José Manuel Villarejo. Una teoría que apoya ahora el magistrado García Castellón, ya que especifica que en dicha diligencia se precisó "con claridad y nitidez" qué concretos pasajes de las agendas se tenían que incorporar.

Con todo, los hermanos Pérez Dolset siguen manteniendo que existió un vínculo importante entre la policía patriótica y el Grupo Planeta y que las agendas del comisario contienen numerosas alusiones al empresario madrileño y a este supuesto encargo. Cabe destacar que estos asuntos se investigan en el marco de dos piezas separadas del caso Tándem; por un lado la pieza número 12, y, por otro, la 18. En las mismas se indaga si Pérez Dolset fue una víctima más de los encargos del comisario. El juez llegó a imputar al miembro del Consejo de Administración de Atresmedia, Mauricio Casals, si bien le acabó archivando la causa.

Con todo, también mantiene un frente abierto contra Mijail Fridman por la caída de la empresa familiar. De hecho, acaba de pedir al magistrado García Castellón que acuerde su petición de imponerle una fianza cercana a los 2.000 millones de euros al magnate de origen ucraniano a tenor de la aparición de nuevas pruebas, tales como extractos bancarios y correos electrónicos, que le implicarían en ese plan urdido para dejar sin liquidez al Grupo Zed, retirarle los créditos bancarios y abocarla al concurso de acreedores.