Anticorrupción asume la investigación del caso Negreira por orden del fiscal general

Cambio de calado en el caso Enríquez Negreira. La Fiscalía Anticorrupción va a asumir la investigación por los pagos del Barça al que fuera número dos de los árbitros. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así lo ha ordenado en un decreto en el que apunta que los delitos por los que se pide investigar al club blaugrana y a otros exdirectivos (entre ellos los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu) son competencia de Anticorrupción.

De esta manera retira la investigación a la Fiscalía Provincial de Barcelona que ha sido la que ha dirigido este asunto y la que terminó interponiendo denuncia este pasado viernes contra el equipo y otra serie de personas. Ahora el fiscal general ha ordenado que la causa que se sigue en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona pase a manos del órgano que dirige Alejandro Luzón, según confirman fuentes fiscales.

Las mismas explican que el motivo reside en que se trata de "delitos relacionados con la corrupción de especial trascendencia". La Fiscalía de Barcelona plasmó en su denuncia del pasado viernes que el equipo habría abonado un total de 7,3 millones de euros en dos décadas a Enríquez Negreira para que le beneficiase en su actuación con los árbitros. Por ello considera que se debe investigar si se produjo un delito continuado de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, administración desleal y apropiación indebida.

Favorecer al Barça

Se trata de delitos especialmente graves y que acarrean inhabilitaciones superiores a los 5 años lo que implica un plazo de prescripción de 10 años. El primero de los delitos contempla penas de prisión que van de los seis meses a los cuatro años de cárcel, mientras que los otros dos conllevan penas que van de los seis meses a los tres años de prisión cada uno. En total, los exdirectivos podrían afrontar una petición de hasta 7 años de cárcel por los presuntos pagos encubiertos al dirigente arbitral.

El Ministerio Púbico sostiene que, de la investigación que ha practicado en los últimos meses, hay indicios suficientes que demostrarían que los pagos del club de Joan Laporta no correspondían a servicios de coaching y asesoramiento, sino que vendrían a responder a pagos encubiertos para inclinar la balanza con los árbitros y también alterar el resultado de las competiciones. Al respecto el Ministerio Público hizo hincapié en su denuncia que el Comité Técnico de Árbitros del que era número dos Enríquez Negreira controlaba los ascensos y descensos de los colegiados.

Aunque se han identificado pagos desde principios de los 2000 la investigación refleja únicamente los abonados desde 2014. Se trataría de un total de 3 millones que ahora están bajo la lupa de la Justicia. Por ejercicio se desprende que Enríquez Negreira ingresó del club 645.559 euros en 2014 y en 2015 640.970 euros. Un año después, en 2016, 644.600 euros; en 2017 655.519 euros y 385.022 euros en 2018.

Según el Ministerio Público se trata de pagos que no tienen soporte documental. De hecho, denunciaron que cuando se le requirió al Barça todas las facturas sobre estos abonos el club respondió que no tenía dicha documental. Por todo ello la Fiscalía sostiene que tanto el club como Rosell y Bartomeu y el propio club alcanzaron y mantuvieron un "acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Enríquez Negreira para que, "a cambio de dinero", "realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase".

Testigos clave

Cabe destacar que, además del Barça como persona jurídica y sus dos expresidentes, la Fiscalía actúa también contra el director ejecutivo Óscar Grau, y el director de deportes profesionales, Albert Soler, aunque no se descarta más imputaciones a lo largo de la instrucción judicial. La causa, de hecho, arrancó a tenor de una querella interpuesta por el árbitro Xavier Estrada Fernández. En el marco de la misma la Fiscalía quiere que declaren testigos de excepción entre los que se encuentran los antiguos entrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde.

El objetivo del Ministerio Público -que insiste en que los pagos no tuvieron soporte legal alguno- sería probar no solo la presunta ilegalidad de los abonos sino también un enriquecimiento injustificado por parte de Enríquez Negreira. Al respecto destacaron en su denuncia que su empresa (Dasnil 95), se nutrió exclusivamente de los pagos del Barça y giró facturas al equipo "sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicio de asesoramiento real".