La Fiscalía acorrala al Barça: abre la puerta a imputar a más directivos por el caso Negreira

La Fiscalía Provincial de Barcelona tiene claro que el Barça y otras cuatro personas (entre ellos dos expresidentes) deben rendir cuentas ante la Justicia por los pagos a José María Enríquez Negreira. No obstante, además de todos ellos, no descarta que en la causa judicial que ahora arranca acaben imputados más exdirectivos de la etapa de Sandro Rosell.

En concreto, pone el foco en las figuras de director general, CEO y director ejecutivo del Barça entre los años 2011 y 2014. También el extesorero (cargo que ejerció la empresaria Susana Monje) y el jefe del área económica están bajo sospecha para el Ministerio Público, que considera que hay indicios más que suficientes para concluir que el club pagó hasta 7,3 millones de euros en dos décadas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) únicamente para que les beneficiara en los partidos.

Así pues, los hechos investigados podrían acabar salpicando a más ex altos cargos de la etapa de Sandro Rosell como presidente. Tras meses de investigación, la Fiscalía ha consolidado sus indicios en un durísimo escrito en el que acota la presunta participación de los denunciados en los pagos a Enríquez Negreira. Por ese motivo no acusa solo por los años comprendidos entre 2016 y 2018 -como se apuntó en un principio-, sino que se retrotrae hasta 2014.

10 años de prescripción

Así pues, se actúa contra Josep María Bartomeu (quien ya declaró como investigado ante la Unidad Policial adscrita a la Fiscalía), el director ejecutivo Óscar Grau, el director de deportes profesionales Albert Soler, y también contra Sandro Rosell. Pide que se les investigue por delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Se trata de delitos que acarrean inhabilitaciones superiores a los 5 años y, por tanto, tienen un plazo de prescripción de 10 años.

El primero de los delitos contempla penas de prisión que van de los seis meses a los cuatro años de cárcel, mientras que los otros dos conllevan penas que van de los seis meses a los tres años de prisión cada uno. En total, los exdirectivos podrían afrontar una petición de hasta 7 años de cárcel por los presuntos pagos encubiertos al dirigente arbitral.

El Barça, por su parte, se enfrenta a un castigo diferente. La Ley permite actuar contra el club como persona jurídica tras la reforma del Código Penal de 2010, de manera que, aunque no se juega la cárcel, podría ser inhabilitado o incluso condenado al pago de una jugosa multa. Cabe recordar que este asunto que ahora desemboca en el juzgado arrancó por una inspección fiscal al Barça en julio de 2019 por el impuesto de sociedades en los ejercicios comprendidos entre 2015 y 2018.

Pillados por Hacienda

Hacienda constató irregularidades con los desembolsos efectuados a Dasnil 95; la firma de Enríquez Negreira. Por ello requirió copia de las facturas, el contrato y los medios de pago utilizados. La respuesta del club que preside Joan Laporta es que no tenían esos papeles. En consecuencia Hacienda consideró que no se podía deducir el gasto en el Impuesto de Sociedades ni tampoco el IVA porque no había una conexión clara entre los pagos al colegiado con los servicios.

Pero no solo eso. Este intento fallido del Barça de deducirse impuestos con las facturas falsas propició el nacimiento de esta investigación. Aunque la Fiscalía de Barcelona se ha centrado únicamente en los años comprendidos entre 2014 y 2018, queda acreditado que la relación entre el club y el exnúmero dos de los árbitros se remonta a principios de este siglo. En total, el Barça le habría desembolsado 7,3 millones de euros, de los cuáles 3 están bajo la lupa de la Justicia.

Pese a que desde el club se defiende la existencia de este servicio de coaching, la Fiscalía no tiene dudas: hubo un acuerdo verbal "confidencial" entre las partes por el que se le pagaron cuotas millonarias a cambio de "actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase".

Al respecto, la denuncia recuerda que Enríquez Negreira era el 'número dos' de un órgano que se encargaba de designar a los colegiados para cada partido y de evaluarles para ascensos y descensos. Además, constata que la sociedad del dirigente arbitral giró facturas en todos esos años sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicio de asesoramiento técnico real.

El foco, en Bartomeu

Pese a que en estas charlas participó el hijo de Enríquez Negreira, la Fiscalía le deja fuera de su acusación en tanto no tiene pruebas de que "conociera y compartiera el propósito de su padre". Las relaciones terminaron en 2018, coincidiendo con la salida de Enríquez Negreira de la vicepresidencia del CTA. Llama la atención que durante todos esos ejercicios los pagos oscilaran entre 640.970 y 655.519 euros, si bien en el último año el abono no llegó a los 386.000 euros.

Ello propició que el colegiado amagara vía fax con tirar de la manta de todo lo ocurrido estos años si el club no terminaba de abonarle lo que él reclamaba. Se trata de pagos que -en palabras de la Fiscalía- supusieron una "auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General". "En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno", concluyen.

La denuncia se presentó este pasado viernes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, donde se instruye ya una causa por estos hechos a tenor de la querella presentada hace apenas unos días por el árbitro Xavier Estrada Fernández.