Cobra fuerza el posible adelanto electoral conjunto en Andalucía y Castilla y León

El reciente anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al darse un plazo hasta febrero para ver si procede el adelanto electoral, ha supuesto una buena oportunidad para su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que pretende sumarse a las intenciones del barón moderado del PP andaluz y celebrar una cita conjunta en las urnas.

Así lo aseguran fuentes cercanas a la dirección regional del Partido Popular castellano y leonés, consultadas por Vozpópuli. Si ya de por sí Mañueco barajaba tal posibilidad y había, incluso, entablado conversaciones con Moreno, ahora el titular que dejó el presidente andaluz en El Mundo, el pasado domingo, sobre el mes de febrero para decidir el adelanto, ha hecho retomar con fuerza tal posibilidad, que es vista como viable por la fecha barajada para dar por concluida la presente legislatura.

Los Presupuestos andaluces para 2022 se encuentran en fase de tramitación, tras llegar al Parlamento días atrás. A falta de un acuerdo in extremis del PP con el PSOE, para que esta formación se abstuviera, los últimos movimientos desplegados por Juan Espadas invitan a los populares a pensar que los socialistas bloquearán las cuentas, sin retirar la enmienda a la totalidad anunciada, a lo que se suma el voto contrario de Vox, su hasta ahora socio parlamentario.

Con el escenario anterior Juanma Moreno y Juan Marín, su vicepresidente y coordinador regional de Cs, juegan ya con la más que posible prórroga presupuestaria. Ambos afirman, sin dudarlo, que podrían gobernar de tal forma. Lo que teme el presidente es una situación de bloqueo parlamentario, por parte del PSOE y resto de fuerzas políticas, incluida Vox, que le llevaría a un "callejón sin salida" si no puede aprobar los decretos y demás asuntos que rigen la rutina de la agenda plenaria de la Cámara.

Para entender las pretensiones que tiene Mañueco para no agotar la legislatura hay que hacer uso de la calculadora y de los plazos. Y es que el 11 de marzo se cumple un año de la moción de censura fallida que el PSOE intentó, sin éxito, para desbancar al PP de la presidencia de Castilla y León. Así pues, si el presidente no ha disuelto las Cortes regionales para tal fecha y convocado elecciones se expone a otra moción que, en este caso, sí prosperaría, como dan por hecho todas las fuentes consultadas.El Reglamento de la Cámara prohibe que ningún diputado firme una segunda moción sin haber transcurrido un año de por medio.

Por otro lado, fuentes cercanas a Moreno Bonilla no descartan que pueda haber una cita electoral conjunta entre las dos comunidades autónomas "pero sería siempre Castilla y León la que se sumara a Andalucía", dejan claro para recalcar la importancia de una de las comunidades consideradas históricas y la necesidad de que haya un "debate andaluz" que, a ser posible, no se solape con el de otros comicios simultáneos.

Si Mañueco se suma a Moreno el PP andaluz no lo vería mal, al contrario, porque serían dos altavoces potentes para activar el voto del centroderecha y habría una mayor cobertura e interés nacional. En Castilla y León los populares buscan, a toda costa, combatir las bolsas de votantes abstencionistas de una comunidad caracterizada por su baja densidad de población y que ha sido siempre uno de los graneros electorales conservadores. Ahora, con un Ciudadanos en desaparición y la recuperación de sus votantes, el panorama pinta mejor para Mañueco que en 2019, cuando cerró el pacto de Gobierno con los liberales liderados por Francisco Igea.

Esta doble cita electoral podría redundar  en muy buenos resultados para el PP que, como es previsible, el presidente nacional, Pablo Casado, rentabilizaría a su favor desde Génova en su camino hacia La Moncloa. Mañueco podría desprenderse en las urnas de un socio incómodo, como es Cs, y lo fiaría todo a un acuerdo con Vox, incluso de gobierno bipartito, apuntas las fuentes citadas.

Hay una fecha para abrir las urnas de nuevo en Andalucía que gusta especialmente en San Telmo. Se trata del domingo 24 de abril, el primero después de la Semana Santa. De fijarse tal jornada para esta importante cita, parte de la campaña electoral se desarrollaría entre procesiones por toda la comunidad autónoma, una circunstancia que no desagrada al PP andaluz, todo lo contrario, y que permitiría a Moreno Bonilla, cofrade desde su niñez, recorrerse las ocho provincias con presencia garantizada en la salida de los pasos, denominados tronos en su Málaga natal, donde cumpliría también con la tradición de sacar a hombros a su cristo de La Exaltación, el Miércoles Santo.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece que deben transcurrir 54 días desde la publicación en el BOJA del decreto de disolución de la Cámara y adelanto electoral hasta el día de la votación. Así pues, podría ser el 1 de marzo la fecha para disolver, un día después de la festividad de Andalucía, jornada del 28-F en la que son tradicionales los sondeos de intención de voto. Otro acicate más para el adelanto, si se tiene en cuenta lo bien que le va en la demoscopia a Moreno hasta ahora, con posibilidad, incluso, de reeditar un Ejecutivo con Cs sin necesitar a Vox, que es lo que más desea.

El 'sudoku' de Mañueco en Castilla y León

Así como el calendario que tiene Juanma Moreno por delante para fijar el adelanto electoral no entraña mayores problemas y parece allanado, sin mayores obstáculos, ocurre todo lo contrario en el caso de Alfonso Fernández Mañueco. Al hándicap de tener que disolver antes del 11 de marzo, si quiere evitar una nueva moción de censura del PSOE, se suma el hecho de que el partido Por Ávila (una escisión del PP en esta provincia con representación en las Cortes autonómicas), le ha pedido al presidente garantías de que no habrá elecciones anticipadas si él y Ciudadanos quieren contar con su voto favorable a los Presupuestos 2022, actualmente en fase de negociación.

Otro inconveniente que podría tener Fernández Mañueco, en caso de que la fecha elegida por Moreno Bonilla para votar fuese el domingo 24 de abril, radica en que el sábado 23 se celebra el día de la comunidad de Castilla y León y, por tanto, es festivo. No se trata de un puente como tal, pero las fuentes populares de aquella autonomía consultadas reconocen que no se trataría de la fecha más idónea para ellos, porque el factor de desmovilización de su electorado puede influir de forma negativa, advierten.

Además, otro obstáculo que afronta Mañueco en su endiablado calendario es la celebración del juicio por el llamado 'caso Perla Negra'. El expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrrera (PP) está citado a declarar como testigo a partir del 14 de marzo de 2022, fecha del arranque de la vista oral en la que se sentarán en el banquillo, como acusados, otros exactos cargos políticos, así como empresarios. Se investigan presuntos delitos en torno al arrendamiento y posterior compra de un edificio destinado a la Consejería de Economía en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), tal y como adelantó elDiario.es.

La celebración del citado juicio, durante el mes de marzo, es perjudicial para los intereses del PP de Castilla y León, de ahí que la fecha que Mañueco barajó en su momento para un posible adelanto electoral fuera noviembre. Otro mes en su agenda –en este caso para coincidir con Andalucía– era marzo, siempre antes del 11 y del 14. Con ello mataba dos pájaros de un tiro: por un lado, evitaba la moción de censura y por el otro la coincidencia con el juicio.

Sin embargo, el último anuncio de Moreno Bonilla sobre que, tras el mes inhábil de Enero, a efectos parlamentario, "en febrero veremos si me obligan a adelantar elecciones", ha provocado que Mañueco desee amoldarse a la fecha por la que opte finalmente su homólogo andaluz. 

Otro escenario complejo para Mañueco radica en que su propio socio de coalición, Ciudadanos, podría si quisiera interponer contra él una moción de censura sin esperar al 11 de marzo, porque los números dan. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ya se encargó de recordárselo al presidente hace pocas fechas.

Y es que para presentar una moción de censura en Castilla y León es necesario recabar el 15% de firmas de la Cámara (13 procuradores). Cs cuenta con 11 actas, por lo que le faltarían 2. Una de esas firmas sería la del nuevo procurador socialista que, recientemente sustituyó a la dimisionaria Virginia Barcones, que dejó su escaño para ser delegada del Gobierno. Ella sí firmó la anterior moción de censura, pero su sustituto no. Para cuadrar los 13 se sumaría la firma de la ex parlamentaria 'naranja' María Montero, que tampoco la firmó en marzo de 2020.