Génova y Juanma Moreno dan un balón de oxígeno a la alcaldesa de Marbella por ahora...

Génova 13 y Juanma Moreno han dado este miércoles un balón de oxígeno a la delicada situación por la que atraviesa la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, cercada por un torrente de informaciones sobre su millonario patrimonio, así como el hecho de que ocultara parte del mismo al Senado. Todo ello con el telón de fondo de una trama sueca, de narcotráfico y blanqueo de capitales, que tiene entre sus miembros al marido de la también senadora del PP, Lars Broberg, y un hijastro de Muñoz. Una de las empresas de esta "organización criminal", como la define el juez, facturó un total de 642.000 euros al Consistorio marbellí, en concepto de adjudicaciones de obras.

La dirección nacional del Partido Popular, por boca de su coordinador, Elías Bendodo, y el presidente de la Junta de Andalucía, horas después se han aferrado al auto del juez García Castellón, conocido este martes, en el que el magistrado de la Audiencia Nacional rechaza la personación del PSOE y refleja algo más importante: no observa la existencia de blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Marbella.

A primeras horas de la mañana el exconsejero de Presidencia de la Junta, ahora 'número 3' del PP nacional, Elías Bendodo, hacía unas declaraciones al programa de Carlos Alsina, en Onda Cero, en las que respondía con un enigmático "en principio nada hace pensar que no sea así". Lo hacía después de que el comunicador radiofónico le preguntara si Ángeles Muñoz iba a ser de nuevo la candidata a la Alcaldía de Marbella en mayo de 2023.

Poco después, en el marco de una especie de argumentario que ha marcado Génova, en sintonía con el PP andaluz, a modo de hoja de ruta, nada más conocerse la importante resolución judicial de la Audiencia Nacional, Bendodo ha dicho que "ni la alcaldesa ni el Ayuntamiento están siendo investigados". El alto cargo popular ha proseguido para recalcar que "en su labor municipal cuenta con el respaldo del Partido Popular". Ha continuación ha aseverado, en alusión a este martes, que "ayer la Audiencia Nacional habló claro y dijo que ni el Ayuntamiento ni la alcaldesa tienen nada que ver con esta cuestión".

Quien fuera mano derecha de Juanma Moreno en el Gobierno andaluz entre 2019 y 2022 considera que "aquí se está intentando hacer leña de una alcaldesa que es valorada y querida por su ciudad". Sostiene Bendodo, en alusión a Muñoz, que "ella me dice que todo está muy claro y los jueces hablarán". Al ser preguntado por Alsina sobre si la alcaldesa está en condiciones de demostrar que todo el patrimonio que tiene la regidora tiene un origen perfectamente legal Bendodo ha respondido con un lacónico "seguro que sí".

Moreno no aprecia irregularidad alguna en la ampliación de patrimonio en el Senado

Por su parte el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se mantenía en silencio sobre este asunto desde el pasado 27 de octubre, ha rodeado de normalidad el hecho de que la alcaldesa y senadora comunicara a la Cámara Alta su ampliación de patrimonio de 2020. Lo hizo días atrás, nueve horas después de que Vozpópuli informara de que era titular al cien por cien de una lujosa villa en Suecia, de la que solo hacía constar el 50% de la propiedad. Un día antes, también este medio de comunicación, había publicado que ocultó la operación que hizo en julio de 2020. Fue entonces cuando se convirtió en socio único de la mercantil Hacienda Property S.L., propietaria de tres inmuebles que hasta entonces compartía al 50% con su marido y ahora son de ella por completo.

"Se producen alteraciones siempre en cualquiera de las declaraciones de bienes que se hacen a lo largo de los cuatro años de una legislatura", ha respondido Moreno Bonilla sobre dicho incremento patrimonial de la senadora. Lo cierto es que no ha ido tan lejos como Bendodo en su respaldo hacia la munícipe. De hecho, cuando Vozpópuli le ha preguntado cuándo se designaría a los cabezas de lista de grandes ciudades que no son capitales de provincia: Marbella, Jerez y Algeciras, entre otras, el gobernante centrista ha dicho que "para enero". En este punto no ha confirmado si Muñoz será de nuevo candidata. A diferencia de sus compañeros de Jerez y Algeciras, plenamente ratificados como candidatos, no ocurre lo mismo con Ángeles Muñoz, por el momento.

Fuentes de la dirección regional del PP, consultadas antes de que se conociera el auto de García Castellón, ya indicaban en privado que no había prisa por designar al candidato o candidata de Marbella. Hasta tal punto que barajaban esperar a ver si se abría una pieza separada en la Audiencia Nacional sobre presunta corrupción municipal, como pretendió, sin éxito, la Policía Nacional al solicitarlo al magistrado, que lo denegó. Tal petición se produjo cuando el hijastro de la alcaldesa, Joakim Broberg, se jactó en una escucha telefónica de tener controlada "la jodida Andalucía", además de que "la ciudad es nuestra", en alusión a Marbella. Fue a raíz de que el PSOE perdiera la Junta en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018.

En sintonía con Bendodo, Moreno ha remarcado que Ángeles Muñoz, "no está imputada ni investigada", y se ha mostrado convencido de los orígenes "lícitos y legales" de su patrimonio. Se ha pronunciado así en una atención a medios en los pasillos del Parlamento, durante un receso del debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2023, que se tramita este miércoles en la Cámara autonómica

Juanma Moreno ha aseverado que "el PP de Andalucía no tiene ningún alcalde o alcaldesa imputada ni investigada", y ha añadido que "lo que no podemos hacer es inculpar, por así decirlo, a personas que tienen un familiar que está siendo investigado".

"El PP actúa cuando hay una acción judicial en torno a algún miembro" del partido, "pero como ayer dijo la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento de Marbella no ha sido utilizado para ningún tipo de operación que sea de carácter ilegal", ha dicho poco antes de citar el auto judicial mencionado .

Lo que sí ha querido puntualizar Moreno es que desconoce "los orígenes" de ese patrimonio de la alcaldesa marbellí, pero ha añadido que "seguro que son todos absolutamente lícitos y legales, puesto que no hay ningún tipo de investigación, ni judicial ni de Hacienda ni de ningún tipo" al respecto, informa Europa Press.

El varapalo de García Castellón al impedir su personación en la Audiencia Nacional

En un auto de tres folios de extensión, fechado el 21 de noviembre y al que ha tenido acceso Vozpópuli el magistrado esgrime como uno de sus principales motivos para denegar la personación que “el solicitante pretende personarse en un momento en que ya se ha dictado el auto de procesamiento, que ha trascendido a los medios, pero no precisa por qué hechos pretende personarse”, reprocha García Castellón al concejal del PSOE y exalcalde marbellí.

De forma paralela el juez que instruyó –entre otros sonados procedimientos– el llamado ‘caso Atlético’, que acabó con una condena por estafa para Jesús Gil y su hijo Miguel Ángel, les recuerda a los socialistas que “en la descripción que se realiza de los hechos en el auto de procesamiento no se menciona a ningún cargo público que, por acción u omisión, pudiera tener relación con los delitosmencionados, ni se menciona tampoco la existencia de ningún destino irregular de fondos públicos”.

Tampoco se afirma en dichos hechos– prosigue el juez en el auto– “que el Ayuntamiento de Marbella haya sido utilizado para la realización de un posible blanqueo de capitales“, recalca García Castellón sobre el delito que se le imputado al marido de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, así como a su hijastro. Este último también está acusado de narcotráfico y pertenencia a organización criminal.

Los socialistas no han hecho uso de la coyuntura que podía darles –en caso de alegar algún tipo de relación del Ayuntamiento de Marbella, con esta causa penal–  el hecho de que un agente de la Policía Local, exescolta personal de la regidora y senadora del PP, esté entre los procesados. En su caso por recibir sobornos de Joakim Broberg, hijo del primer matrimonio del marido de Muñoz, Lars Broberg. 

García Castellón esgrime también, entre sus argumentos para denegar la citada personación que el auto de procesamiento, dictado con carácter previo al juicio oral que se celebrará en la Audiencia Nacional “fija los hechos objeto del debate procesal hasta el punto de que habría que proceder a la ampliación del mismo si se pretendiera incluir otros nuevos (con independencia de la calificación jurídica)”. Añade, además, que en la investigación practicada “no se han desvelado indicios que revelen el tipo de conductas al que hace referencia el solicitante, y por otro lado, el mismo no aporta ningún hecho nuevo, o fundamento que permita tal ampliación” de las pesquisas.

Así pues, el juez instructor de esta causa penal resuelve “inadmitir la personación como acusación popular que se propugna, por tratarse de hechos ajenos al procedimiento actual, sin perjuicio de que el solicitante pueda formular denuncia ante las autoridades competentes, fuera de este procedimiento, si tiene conocimiento de alguna irregularidad que pudiera constituir una conducta delictiva”, concluye al indicarle a Bernal una vía judicial distinta a la Audiencia Nacional.

En otro pasaje del auto el magistrado le comunica al edil socialista que lo pertinente, como acusación popular, sería la interposición de una querella por su parte, así como el depósito de una fianza. Extremos en los que no entra de lleno, al haber rechazado de plano la solicitud del PSOE por los motivos anteriormente expuestos.

Otras fuentes jurídicas consultadal, ajenas a este caso pero expertas en Derecho Penal, señalan que dado lo avanzado del procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional “había pocos visos” de que García Castellón aceptara la personación, como acusación, del PSOE. Añaden también que el mero hecho de ampliar la investigación, sin abrir una pieza separada, supondría “importantes dilaciones” en caso de que el juez pudiera hallar algún indicio racional de presunto delito cometido por la alcaldesa. Su condición de senadora y, por tanto, aforada, provocaría que el instructor tuviera que inhibirse en favor del Tribunal Supremo.