Abogados y procuradores exigen al Gobierno pensiones dignas: "Hay compañeros que morirán con la toga"

"Engañados", "indefensos" y "víctimas de una estafa piramidal" que comenzó hace ya más de tres décadas, así se sienten miles de profesionales de la abogacía y la procura que observan con temor las "míseras pensiones" con las que tendrán que poner fin a sus carreras. "Después de toda una vida trabajando, mis últimas noticias son que cobraré una pensión de alrededor de 300 euros", este es el testimonio de Irma, abogada del turno de oficio que lleva más de treinta años como colegiada y que sufre las condiciones de la Mutualidad de la Abogacía.

Como ella, miles de trabajadores se afiliaron en los años 80 y 90 a este sistema de pensiones, donde las previsiones de beneficios parecían superar a las de la Seguridad Social. Según detallan a Vozpópuli varios afectados, al principio de sus carreras era obligatorio estar inscrito en la Mutualidad hasta que en el año 1995 les ofrecieron pasarse al sistema RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Los procuradores no pudieron optar por esta vía hasta el año 2001.

Cuando se creó el sistema de Seguridad Social se absorbieron la mayoría de las mutualidades, pero no en el caso de la abogacía y la procura que continuó operando de manera independiente. Aquellos que quisieran pasarse al RETA "perderían todo", una condición ineludible que limitó la salida de miles de usuarios, explica Nuria Cachafeiro de la plataforma de abogados mutualistas de Vigo.

Existen infinidad de casos con características únicas cada uno de ellos, que convierten a esta realidad en una compleja problemática que necesita la implicación de expertos y la coordinación de varios ministerios. Si la situación no se resuelve pronto, "el Gobierno se va a encontrar con un gran problema" para poder resarcir a miles de damnificados procedentes del 'baby boom'.

Entre los más afectados destacan aquellos que no pudieron salir del sistema de Mutualidad a tiempo y que subsisten, exclusivamente, de sus beneficios. Los rendimientos económicos que obtienen dependen -principalmente- de inversiones, de ahí las bajas cuantías con las que cuentan tras décadas cotizadas. Desde el año 2005, las cajas de las mutualidades dejaron de ser individuales, por lo que han pasado de ser "un fondo de provisión a un fondo de inversión". Es decir, quien decida sacar su dinero, podría perder la gran mayoría de mismo como penalización fiscal.

Alargar la vida laboral de abogados y procuradores

Esta situación ha provocado que muchos abogados y procuradores alarguen su vida laboral todo el tiempo que su salud se lo permite. "Hay compañeros que morirán con la toga puesta. Es imposible dejar de trabajar con esas pensiones tan pequeñas", sentencia Irma.

Algunos testimonios revelan que "hay compañeros que viven en situación muy precarias", que se ven obligados a pedir ayuda. Muchos viven gracias a ahorros adicionales, la ayuda de familia o amigos o, incluso, gracias al apoyo de fundaciones

Abogados y procuradores de toda España se han unido para salir a las calles el próximo 3 de febrero, donde asociaciones y grupos de varias comunidades autónomas preparan una concentración a nivel nacional para exigir al Gobierno soluciones urgentes para esta problemática.

Abordar el problema de las pensiones

Entre ellos, el Movimiento J2 ha conseguido llevar la propuesta de crear una pasarela de las mutualidades al sistema RETA a varios parlamentos autonómicos. En Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Cataluña y Madrid ya han conseguido la aprobación de Proposiciones No de Ley con el objetivo que lleguen al Gobierno central y se tomen medidas para abordar esta realidad que afecta a miles de trabajadores.

El primer reto es la creación de un grupo de expertos capaz de diseñar una hoja de ruta capaz de acoger las particularidades de cada caso; mutualistas íntegros o mutualistas afiliados a la Seguridad Social, entre otras.

Ahora toca esperar a que el Gobierno de Pedro Sánchez mueva ficha y ponga a trabajar a varios de sus ministerios en este tema. La ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anunciado su intención de eliminar ese servicio privado y traspasarlo a la gestión pública, no obstante, no planea acabar únicamente con las mutualidades de la abogacía o la procura, sino que pretende suprimir la gestión independiente de servicios profesionales, cobertura social y pensiones.