Publicado: 19/03/2020 18:56
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha mostrado contundente este jueves contra aquellos jueces y magistrados que han planteado en los últimos días, y como manera de afrontar la crisis del coronavirus, reducciones de personal en las instalaciones judiciales de comunidades autónomas con competencias en materia de Justic¡a, como es el caso de Cataluña. Así lo plantearon el pasado martes 10 jueces y magistrados de Barcelona que denunciaron la falta de medios de protección y acusaron tanto a la Generalitat como al CGPJ de haber adoptado medidas ineficaces para poder trabajar en condiciones de seguridad.
Ante esta situación, los mismos jueces y magistrados plantearon la posibilidad de prescindir de personal dado que consideran que hay un número "excesivo" de funcionarios judiciales. y denunciaron situaciones como que la Consejería de Justicia catalana, dirigida por la republicana Ester Capella, no les hubiera suministrado el material de protección necesario. También indicaron que, bajo el estado de alarma, las cuestiones a resolver pueden derivarse al juzgado de guardia. En lo relativo a los juzgados penales, proponían que algunas tareas se llevaran a cabo vía teletrabajo.
A estas reivindicaciones ha respondido la Comisión Permanente del CGPJ con un durísimo comunicado en el que el que advierte de que la actuación de los jueces es "garante último de los derechos de los ciudadanos en toda circunstancia, muy especialmente en la actual del estado de alarma". Una situación que, además, "no contempla en modo alguno el abandono de los servicios públicos y menos aún el propio de la Administración de Justicia", al que, en el Real Decreto, se hace "especial referencia".
El CGPJ advierte a los jueces y magistrados que se quejan de su situación de que "los Juzgados y Tribunales permanecerán abiertos", salvo que la situación sanitaria requiera lo contrario.
Advertencia a las comunidades
El mismo órgano lanza también un aviso a las comunidades autónomas que, como Cataluña, tiene competencias sobre medios personales y materiales en la Administración de Justicia: "La Administración prestacional no puede, ni de manera directa ni indirecta, impedir o desactivar los acuerdos adoptados por el órgano de gobierno del Poder Judicial establecido en la Constitución Española para asegurar la prestación del servicio que dicho poder tiene sobre el encomendado".
El máximo órgano de gobierno de los jueces va más allá al exigir a las comunidades autónomas que "se abstengan de adoptar medidas que, directa o indirectamente, impidan o dificulten el cumplimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia definidos en los acuerdos adoptados".
Decidirá el juez de vigilancia penitenciaria
Por otro lado, los líderes independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1-O tendrán que esperar a lo que decida un juez de vigilancia penitenciaria para saber si pueden o no pasar las próximas semanas en sus domicilios y no en la prisión. Desde el Ministerio de Interior se ha aclarado este jueves que, hasta que no lo decida un juez "en su plan de tratamiento individualizado", los presos acogidos al llamado segundo grado o 100.2 "no tienen posibilidad de pernoctar en sus domicilios ni de acceder al control telemático".
Una aclaración que Interior se ha visto obligado a realizar tras filtrarse que Instituciones Penitenciarias había ordenado que los presos de tercer y segundo grado pernoctaran en sus domicilios durante la crisis del coronavirus. A esta filtración respondieron desde la Consejería de Justicia catalana que solo los de tercer grado podrían estar en sus domicilios. "Esto solo puede hacerse con internos en tercer grado", ha asegurado en una entrevista en RAC1 el secretario de medidas penales de la Generalitat, Amand Calderó. Por ello, la Generalitat ha enviado a sus domicilios a 251 reclusos hasta que acabe la crisis. Sin embargo, los líderes del procés seguirán en prisión, hasta que el juez de vigilancia penitenciaria decida sobre cada uno de ellos.
Algo que, finalmente, ha tenido que confirmar este jueves Interior a través de un comunicado, dejando claro que son las juntas de tratamiento de los establecimientos penitenciarios las que tienen la potestad de decidir qué hacer con la población reclusa en una situación como esta. "La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no puede ordenar, ni ha ordenado, que se envíe a los clasificados en tercer grado a finalizar su condena en casa", se explica en la nota, intentando dar respuesta así a las quejas de la Consejería de Justicia.
En estos momentos, dos de los líderes condenados, Josep Rull y Dolors Bassa, están confinados en las enfermerías de sus respectivos penales tras haber dado positivo en coronavirus. Un tercero, Jordi Sánchez, está aislado por haber tenido contacto con un enfermo.
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