Los Operadores Móviles Virtuales (OMV), aquellos centrados en el bajo coste que ofrecen servicio a sus usuarios a través del alquiler de las redes de las grandes compañías de telecomunicaciones -Telefónica, Movistar y Orange-, tendrán que disponer en su catálogo de tarifas asequibles para aquellas rentas más bajas.

El Ejecutivo prevé fijar vía decreto ley cuáles son los consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales que podrán optar a tener este tipo de tarifas, si bien de momento no se ha facilitado una fecha concreta sobre cuándo podría estar finalizado este baremo.

"Los precios minoristas en los que se prestan los servicios incluidos dentro del servicio universal han de ser asequibles y no deben impedir a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales acceder a tales servicios. Mediante real decreto, se determinarán los consumidores que tengan rentas bajas o necesidades sociales especiales", explica el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones.

Desde la SEDIA (Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial) ratifica este extremo, reflejado en el texto legal. "Los operadores que presten servicios de acceso a internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija deben ofrecer a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial en condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias".

Abono social en la tarifa

De esta manera, se establece la figura de un 'abono social' en las tarifas para esta clase de colectivos. En concreto, habrá tres. Uno para las comunicaciones de voz desde teléfonos fijos, otro para banda ancha en el hogar y un tercero para quienes deseen disponer de ambos servicios en un paquete convergente.

Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tendrá potestad para proponer a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la modificación o eliminación de las opciones o paquetes de tarifas que las compañías de telecomunicaciones pongan a disposición de las rentas bajas o con necesidades sociales especiales.

Uso de WhatsApp y Telegram

Además, el texto legal refleja por primera vez posibilidad de que el Gobierno pueda intervenir servicios OTT (Over The Top), como WhatsApp o Telegram, para difundir mensajes en el caso de situaciones excepcionales.

"Esta facultad sólo se podrá ejercitar respecto de los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración cuando tengan asignada la obligación de transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso", apunta el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones.