Bruselas ha aprobado este miércoles el Plan de Recuperación español y el Gobierno tiene garantizados 19.000 millones de euros que recibirá de la Unión Europea este año, a cambio de reformas y medidas que ya ha aprobado o que están próximas a su aprobación. De esa cantidad, 9.000 vendrán como anticipo a finales de julio y 10.000 se cobrarán previsiblemente en diciembre.

Sin embargo, a partir de esa cantidad empezará lo complicado. Si el Gobierno quiere poder acceder al siguiente desembolso de fondos, que podría tener lugar en junio de 2022 y ser de unos 12.000 millones de euros, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes comunitarias, ya sí tendrá que acreditar que ha cumplido ciertos hitos y metas en las inversiones y reformas prometidas a Bruselas, incluida la laboral y la de pensiones.

De ahí en adelante, sólo si acredita que va cumpliendo el calendario de reformas podrá acceder a la totalidad de los 69.500 millones de euros en subsidios que la Comisión ha puesto a su disposición.

Según se recoge en el anexo del Plan de Recuperación español, hecho público por Bruselas ya que el Gobierno no lo publicó, la ficha del componente 30 para la reforma de las pensiones especifica que ya a finales de este año 2021 el Gobierno tendrá que aprobar una norma que garantice la revalorización de las pensiones con el IPC, así como medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación como incentivos a la prolongación de la vida laboral, el fomento de la jubilación activa o medidas para desincentivar la jubilación temprana.

Sacar adelante esa norma será imprescindible para poder acceder al siguiente pago, pero para ello el Ejecutivo necesita antes llegar a un acuerdo con los agentes sociales en la mesa de diálogo social.

El gran reto: sacar adelante la reforma laboral

En el plano laboral, más complicado aún que el anterior, el Ejecutivo se ha comprometido a aprobar en el último trimestre de 2021 una reforma del Estatuto de los Trabajadores que sirva para reducir el abuso de los contratos temporales.

"Respetando el diálogo social y como parte de un enfoque razonable, equilibrando la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado laboral, entrará en vigor la reforma del real decreto legislativo 2/2015 del 23 de octubre para aprobar un nuevo texto para el Estatuto de los Trabajadores para apoyar la reducción del empleo temporal racionalizando el número de tipos de contratos", especifican.

El Gobierno ya presentó la semana pasada una propuesta a patronal y sindicatos para limitar el uso de los contratos temporales y sustituirlos en la práctica por contratos fijos-discontinuos, pero se topó con la negativa de la CEOE, que no considera factible acabar con este tipo de contratos dadas las peculiaridades de nuestro tejido productivo.

Muchos frentes para sólo seis meses

Esa primera reunión terminó sin ningún progreso y el Gobierno tendrá que hacer serios esfuerzos para diseñar una propuesta que sirva para limitar esos contratos -cumpliendo con lo prometido a Bruselas- y que sí sea aceptada por los agentes sociales antes de la recta final de este año.

También se han comprometido a aprobar antes de fin de año un real decreto para "una nueva estrategia de empleo para España en el periodo 2021-2024", que persiga una redefinición de las políticas activas de empleo; y la aprobación del nuevo instrumento similar a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para evitar que haya despidos en momentos de crisis. Esto también tendrá que ser negociado en el diálogo social.

Entre las medidas prometidas para 2021 figuran también algunas encaminadas a reforzar el papel de la negociación colectiva (que no están detalladas, pero también se harán en el último trimestre del año) y una mejora de los derechos de los trabajadores de subcontratas. Muchos frentes para tan sólo seis meses.

Las reformas laboral y de pensiones se culminarán los próximos años

Aplazan a 2022 la aprobación de una ley de empleo; la implementación de las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre incentivos a la contratación; una reforma de los subsidios no contributivos de empleo;o la reforma del Ingreso Mínimo Vital para que sus beneficiarios puedan encontrar un empleo y ser insertados en el mercado laboral.

Ya en 2023 llevarán a cabo una modernización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); prometen que se habrán llevado a cabo al menos 68 proyectos para grupos vulnerables de emprendimiento y microempresas; o que se habrán abierto 20 centros públicos para guiar en la búsqueda de empleo.

Para 2025 prometen que haya al menos 18.300 personas que hayan completado programas de juventud; que como mínimo 23.200 personas hayan seguido el programa "Plan Empleo Mujer, Áreas Urbanas y Rurales" para víctimas de violencia de género; que 825.000 hayan seguido programas de digitalización.

En 2022 aprobarán una ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión pública

También se aplaza a los próximos años el resto de medidas encaminadas hacer sostenible el sistema público de pensiones, como ampliar el periodo de cómputo de la vida laboral que se utiliza para calcular la pensión, que se aprobará a finales del año que viene. El Gobierno no precisa a cuántos años se ampliará, después de la polémica que surgió al conocerse que el Ministerio barajaba ampliarlo a 35 años.

El año próximo, además, se creará un nuevo instrumento -similar al factor de sostenibilidad- que ligue la pensión con la esperanza de vida, lo que en la práctica supondrá un recorte de las pensiones.

La reforma del sistema de cotización de los autónomos, para conseguir que coticen en función de sus ingresos reales, entrará en vigor el próximo año. También aprobarán entonces una subida de las bases máximas de cotización.

La reforma fiscal, en 2023

Además de la laboral y la de pensiones, la tercera gran reforma que España tiene por delante es la del sistema fiscal, pero esta ha sido aplazada al año 2023, una vez que el grupo de expertos constituido por el Ministerio emita dictamen sobre sus recomendaciones.

En concreto, el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tener aprobada antes del 31 de marzo de 2023 una reforma de los beneficios fiscales y otra serie de medidas relacionadas con la fiscalidad medioambiental, los impuestos que pagan las empresas, la economía digital, e incluso la armonización en los impuestos sobre la riqueza (en alusión al Impuesto de Patrimonio).

"El grupo de trabajo busca hacer recomendaciones sobre cómo modificar o eliminar estos beneficios fiscales en los próximos años para hacer el sistema más eficiente, aumentar la recaudación, apoyar la transición ecológica y promover la justicia", apuntan.

Aunque la reforma fiscal no se llevará a cabo hasta 2023, el Gobierno se compromete a tener aprobados en junio de 2022 un impuesto sobre el depósito de residuos y las plantas de incineración; otro sobre envases de plástico de un sólo uso; sobre los gases de efecto invernadero; y un tributo o peaje que grave la movilidad o el registro de vehículos y revisar los subsidios a combustibles como el diésel.