Sánchez endosa a la Abogacía del Estado los arbitrajes de las renovables que asumía Ribera

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es uno de los brazos más activos del equipo de Teresa Ribera. Un organismo que gestiona los fondos europeos dedicados para temas energéticos y que ejecuta la hoja de ruta ‘verde’ que marca el Ministerio. Una labor que compatibiliza, hasta ahora, con tareas judiciales. El IDAE gestiona los arbitrajes abiertos contra el Reino de España por el cambio de remuneración de las renovables en 2013. Un ‘marrón’ que, desde ya, Sánchez ha quitado al equipo de Ribera. 

En su tercer paquete de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, el Gobierno ha actualizado las funciones del IDAE. Un movimiento que se ha realizado exclusivamente para liberar al organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica de la tarea judicial y centrar sus tareas en potenciar las energías renovables, la eficiencia energética y la transición energética.

Fuentes del Ministerio que lidera Ribera confirman a Vozpópuli que el IDAE abandona su tarea de intervenir en los procesos arbitrales. La tarea será asumida en su totalidad por la Abogacía del Estado, que hasta ahora se encargaba de la defensa final de los intereses del país en estos pleitos internacionales. El organismo que depende del Ministerio de Justicia deberá realizar la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera de los gastos y las contrataciones que sean precisos para la defensa de los intereses del Reino de España en los arbitrajes internacionales.

1.000 millones de 'multa' a España

Unos procesos por las renovables que seguirán dando trabajo. El origen del conflicto entre España y la comunidad inversora está en la reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con las primas a las renovables que había aprobado en 2007 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional avalaron la reforma del Ejecutivo popular.

Este cambio normativo supuso, según las estimaciones de 2013, una reducción de los beneficios de estas instalaciones de 1.700 millones de euros. España ha sido condenada hasta la fecha por los tribunales arbitrales internacionales por casos que se elevaban hasta los 1.000 millones de euros.

Eiser fue la primera compañía que logró una victoria frente a España por el recorte a las primas de las energías renovables. La energética y su filial luxemburguesa presentaron la solicitud de arbitraje en diciembre de 2013 ante el CIADI invocando el Tratado de la Carta de la Energía.

Menos arbitrajes y más renovables

Un 'marrón' que ahora asumirá en su totalidad la Abogacía del Estado. El IDAE necesita reducirá sus funciones, ya que se ha convertido en uno de los organismos de toda la Administración que más fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Esta tarea se veía bloqueada por la aparición en su agenda de algún nuevo capítulo de la lucha entre inversores extranjeros y el Reino de España.

Mientras que la Abogacía del Estado se va preparando para asumir estas gestiones burocráticas, el IDAE hará estas labores de forma temporal durante un período máximo de cuatro meses. La tarea que ocupaba la mayoría de sus licitaciones. Como se registra en el perfil del IDAE en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la mayoría de sus contratos públicos era para 'fichar' a bufetes internacionales, expertos financieros, traductores y peritos judiciales para defenderse de la demanda de los inversores internacionales.

Acabar con el atasco en las renovables

Una labor administrativa vinculada a los arbitrajes que, como defienden desde el sector, siempre ha estado más asociada a la Abogacía del Estado que se trasladó al IDAE cuando las renovables estaban paralizadas. Ahora el escenario es otro. Ribera y su equipo necesitan mayor respaldo, entre otras cosas, por el atasco administrativo existente en el despliegue de las energías renovables.

El IDAE utilizará en 2023 todos sus recursos para acelerar las medidas en curso y dar cumplimiento, de forma urgente, a las actuaciones recogidas en el Plan Más Seguridad Energética (+SE) y el programa REPowerEU. También el Gobierno le pide a este organismo apoyo a la Secretaría de Estado de Energía en el seguimiento e implementación del resto de medidas energéticas.