Publicado: 27/04/2023 04:45
Actualizado: 27/04/2023 04:50
"La Ley de Vivienda prohibirá que se venda a fondos buitre", es uno de los eslóganes que ha adoptado Pedro Sánchez en su campaña electoral. La última alusión despectiva del Ejecutivo hacia entidades de inversión como Blackstone o Azora que compraron vivienda pública en España pero que también han impulsado buena parte de las empresas de alquiler que hay en el país.
Según ha podido confirmar Vozpópuli, las relaciones se han torcido hasta echar por tierra el proyecto que negociaba el Gobierno con estos fondos para la cesión de 30.000 de sus viviendas. Fuentes gubernamentales reconocen que es este tramo de pisos el que falta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para cumplir su objetivo de incorporar 100.000 viviendas al parque protegido.
De ellas, el Ministerio ha podido iniciar la activación de cerca de 70.000, que empezarán a entrar en el mercado la próxima legislatura. Los fondos han ofrecido 30.000 nuevas viviendas por 25 años a precios con un 15-20% de descuento respecto al precio de mercado, frente a los 50 años con hasta un 40% de descuento que desearían en el lado gubernamental.
Claro que la propuesta de los fondos era más asequible para las arcas públicas, con un coste global de unos 2.000 millones, y la posibilidad de tener las viviendas disponibles en un plazo más corto. Sin embargo, diferencias en los números, la ubicación y el componente electoral de Unidas Podemos habrían terminado por dinamitar las conversaciones.
El Gobierno necesita a los fondos privados de inversión para llevar a cabo su promesa de añadir 50.000 viviendas al parque público a través de la Sareb
Paralelamente, el Gobierno necesita a los fondos privados de inversión para llevar a cabo su promesa de añadir 50.000 viviendas al parque público a través de la Sareb. Hasta 15.000 de las prometidas por Sánchez penden de programas de colaboración privada. Además, Aliseda y Anticipa, del fondo Blackstone, e Hipoges, de KKR, gestionan la comercialización de 21.000 viviendas de la Sareb, y Servihabitat, de Lone Star, se encarga de 14.000 de carácter social.
Los planes de los inversores podrían verse resentidos por la misma Ley de Vivienda. Y es que la norma desligaría los contratos del Índice de Precios de Consumo, hasta ahora el principal vector de seguridad jurídica y financiera para los inversores en vivienda asequible. A lo que cabe añadir, en suma, la complejidad añadida por la nueva Ley al desahucio de okupas para los grandes tenedores o la eventual imposición -compensación pública mediante- de un 30% de vivienda protegida en nuevas promociones.
Respecto a los desahucios de okupas, la Ley alarga el proceso y exige más requisitos, especialmente, aquí sí, a los propietarios de más de 10 inmuebles, lo que desde el sector subrayan que amenaza la seguridad jurídica y supone una anomalía en Europa.
La Ley de Vivienda reclama más de 600.000 viviendas sociales
En total, al menos 45.000 viviendas prometidas por Sánchez penden del grado de sintonía entre la Administración Pública y los inversores privados. Pero a la ecuación también hay que añadir las dificultades que entraña el paquete exclusivamente público.
Así lo refleja el hecho de que la última promesa de 20.000 nuevos pisos de Sánchez proceda en verdad de un plan que el Gobierno anunció hace cuatro años. O que las 43.000 viviendas nuevas y/o cedidas con cargo al Instituto de Crédito Oficial pendan de una adenda a los fondos europeos que todavía hay que negociar con Bruselas -y con los bancos-.
El objetivo de vivienda protegida que se ha fijado la nueva Ley de Vivienda para 2040 precisa que las 183.000 viviendas prometidas por Sánchez estuvieran ya en el mercado esta Legislatura
Lo anterior guarda mayor relevancia si se atiende al objetivo con el que se promociona la Ley que se aprobará previsiblemente este jueves en el Congreso: elevar la cuota de la vivienda pública en zonas tensionadas hasta el 20% hacia 2040.
Dicho objetivo precisaría entre 600.000 y un millón de unidades exclusivamente en las zonas afectadas, esto es, una velocidad de gestión que consiguiera que las 183.000 viviendas prometidas por Sánchez estuvieran ya en el mercado esta legislatura.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.
este Antonio cada vez que habla sube el pan,con el rollo de las elecciones hay que ver como crecen las viviendas y una vez pasadas adios muy buenas ,en cinco años no ha tenido tiempo de hacer nada en este tema,bueno todo esto es mas de lo mismo y seguimos igual
La demonización de estos fondos revela la ignorancia de los españoles, cuidadosamente cultivada desde 1983 para que se crean los dogmas de una izquierda completamente fracasada en todos los casos de aplicación de sus doctrinas. La gestión de politicos en las cajas creó un clásico efecto de gestión socialista de la economía, fabricación de productos cuyo valor no cubre el coste de producirlos y que por tanto quedaron vacíos. Los clientes y entorno de las cajas perdieron una pila de millones por ello. Aun del valor reducido de esos pisos los políticos de izquierda jalearon una mentalidad de permitir su saqueo y reducir todavía más su valor por efecto de okupaciones. Y ahora se niegan a permitir la actuación de la gente capaz de poner el trabajo y el dinero para que un piso inservible se repare y se ponga a disposición de quien está dispuesto a trabajar para pagarlo
¿No son fondos de inversión? si asumís el llamarlos así le hacéis el juego.