Las comunidades y Ada Colau deberán indemnizar a promotores si imponen vivienda social

Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos deberán indemnizar a los promotores de vivienda si se les impone vivienda social en sus promociones, según señalan fuentes del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de acuerdo al anteproyecto de ley de vivienda que se publicará este miércoles.

Según comunican desde el ministerio, se facultará a las comunidades para que su legislación urbanística pueda establecer una reserva del 30% en suelo urbanizado, "debiendo articular las administraciones urbanísticas los mecanismos de compensación que sean pertinentes a los afectados".

"El Gobierno articulará mecanismos que garanticen a los inversores las compensaciones pertinentes, se trata de asegurar la seguridad jurídica. Barcelona, por ejemplo, tendrá que hacerlo", explican fuentes de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sobre el ayuntamiento de Ada Colau, que ya ha impuesto un 30% de vivienda social en nuevas promociones sin compensaciones.

"Las compensaciones vienen de una exigencia del Tribunal Constitucional. Las administraciones competentes tendrán que ajustar esas compensaciones en función del propietario y el perjuicio que se le provoque", añaden las mismas fuentes.

Las bonificaciones, solo para las CCAA que adopten la ley

El Gobierno remarca que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos no están obligadas a implantar esta imposición. Desde el ministerio además remarcan que solo se impondrán bajadas de precio del alquiler conforme al índice de precios de referencia a grandes propietarios y tras un plazo de 18 meses posterior a la entrada en vigor de la Ley en el que se desarrollaría ese índice de precios de referencia para todo el Estado.

Paralelamente, de cara a los pequeños propietarios, el 85% del mercado, se ha establecido una línea de bonificaciones fiscales de hasta el 90% para aquellos en zonas declaradas tensionadas que accedan a rebajas -70% en el caso de aquellos que alquilen a jóvenes menores de 35. Solo se podrán beneficiar de estas bonificaciones fiscales los particulares en Comunidades Autónomas que adopten la ley al completo.

La Ley de 2019 ya limita las subidas en contratos en vigor al IPC y la nueva, indexaría el contrato de un pequeño propietario con un nuevo inquilino con el precio del inmediato anterior. A partir de ese principio, el propietario podrá subir los precios en una proporción delimitada en virtud de supuestos que desarrollará la ley. Los caseros con menos de 10 inmuebles podrán subir los precios en zonas declaradas tensionadas hasta un 10% en el plazo de 10 años.