Publicado: 19/04/2023 04:45
Actualizado: 19/04/2023 04:50
A menos de nueve meses para las generales, el Gobierno tiene mucho que hacer para cumplir su promesa de activar la incorporación al parque público de 100.000 nuevas viviendas. Y las entidades financieras españolas, con CaixaBank a la cabeza, pueden jugar un papel muy importante. El Ejecutivo aspira a que el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri ponga en el mercado miles de viviendas, lo que contribuiría a evitar el fiasco de una iniciativa impulsada por el propio Pedro Sánchez.
El Gobierno ya tiene claro que unas 50.000 unidades vendrán de la mano de pisos y suelos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, de forma que los últimos terrenos se licitarían en verano y el plan se terminaría de poner en el mercado en 2025/2026.
Al Ejecutivo le faltan sin embargo otros 50.000 pisos para cumplir con su promesa original. Para ello, tanto el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño como el Transportes trabajan en distintas alternativas; algunas de ellas, distintas a las anunciadas inicialmente y, probablemente, más costosas y lentas.
Si bien el Gobierno ha presentado en plena precampaña electoral una ley de Vivienda de corte intervencionista que recuerda a las leyes franquistas, lo cierto es que en el propio Ejecutivo reconocen que existe un déficit superior al millón de pisos en alquiler que amerita un relanzamiento de la vivienda social. Y las 50.000 desde la Sareb no alcanzan: de hecho, sólo 21.000 de ellas estarían disponibles antes de verano de 2024, al tiempo que buena parte de las ya disponibles se encuentran en zonas "no tensionadas".
En el plan del Ministerio de Transportes del PSOE, el nuevo parque de vivienda se nutriría de la cesión, más rápida, de pisos ya existentes que sean propiedad de los fondos de inversión en alquiler en España, como Blackstone o Cerberus.
El Gobierno evita las viviendas de los fondos
La intención original del Ministerio de Raquel Sánchez era que estos grandes tenedores aportaran en torno a 30.000 pisos al plan del Gobierno. Los mismos fondos llegaron a plantear una alternativa al Ejecutivo siguiendo el modelo irlandés, mostrándose dispuestos a ceder ese volumen de pisos -en algunos casos, okupados- con un descuento del 20% y bajo un contrato de 25 años con el Estado.
Según ha podido saber Vozpópuli, la alternativa de los fondos ha sido "enterrada" por el Gobierno que el PSOE comparte con Unidas Podemos. De hecho, una enmienda de ERC al proyecto de ley de vivienda que desarrollaba la colaboración de los fondos ha sido desechada.
Desde el Ministerio de Asuntos Económicos señalan a este diario que el Ejecutivo negocia ahora la cesión de hasta 15.000 pisos por parte de las entidades financieras. De entre ellas, las mismas fuentes mencionan el nombre de CaixaBank, donde el Estado controla más del 16% del capital. Paralelamente, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han iniciado ya los trámites para la promoción de unos 34.000 pisos en un plazo de diez años.
Una de las fórmulas que está sobre la mesa pasaría por que las entidades traspasaran los activos del Fondo Social de Viviendas directamente al parque público social
Claro que esa vía llevaría mucho más tiempo que la cesión por parte de las entidades financieras como CaixaBank. Al respecto, fuentes del banco trasladan que en estos momentos no hay conversaciones oficiales con el Gobierno. Una de las fórmulas que está sobre la mesa pasaría por que las entidades traspasaran los activos del Fondo Social de Viviendas directamente al parque público social. Este fondo, creado por el Gobierno en colaboración con los bancos, contiene casi 9.900 viviendas de las entidades. Su objetivo es reforzar la protección a los deudores hipotecarios más vulnerables.
Con este convenio suscrito con las patronales bancarias, las entidades facilitan el alquiler de los pisos que se han adjudicado a los desahuciados de su vivienda habitual. CaixaBank es precisamente la entidad que más contribuye a este fondo, con cerca de 6.700 viviendas. Paralelamente, el mismo banco que preside Gorigolzarri es, con diferencia, el mayor tenedor de vivienda en alquiler en España entre las entidades financieras, con más de 20.000 unidades.
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Los ayuntamientos que recibían el 10% de los nuevos desarrollos ¿qué hicieron?
Blablablá. Una pelota hecha de propaganda y ganas de enredar. Poner esos pisos en alquiler efectivo exige gestión e inversión. Casi nada. Quién hará éso, la menguante burocracia bancaria o los funcionarios? Sarpullido me produce escribirlo.