El tope al alquiler amenaza la entrega de 10.000 millones de fondos UE

El Gobierno negocia con Bruselas el cuarto tramo del Plan de Recuperación, dotado con 10.000 millones de euros, que incluye reformas aprobadas en el segundo semestre de 2022 (con el 31 de diciembre como fecha límite). El foco ha estado puesto hasta ahora en la reforma de las pensiones, que se cerró in extremis el 10 de marzo. Sin embargo, la Ley de Vivienda también forma parte de las reformas comprometidas en este tramo y lleva un retraso aún mayor, ya que el calendario acordado con la Comisión Europea establecía el 30 de septiembre de 2022 como plazo máximo para la entrada en vigor de la normativa.

Pero más allá del plazo, el problema que plantea la Ley de Vivienda de cara a que la Comisión Europea dé su aval es que el acuerdo al que llegó el pasado viernes el Gobierno con ERC y Bildu incluye un tope general al alquiler.

Además de imponer límites al precio de los alquileres en zonas tensionadas, (algo que contenía el anteproyecto desde el principio), la ley ha dado un paso más: se eliminará el Índice de Precios de Consumo como referencia para actualizar el conjunto de los contratos de alquiler, de modo que los arrendamientos ya no estarán vinculados al mercado. Esta medida colisiona con la decisión del Consejo Europeo de 2021 sobre el Plan de Recuperación de España, que establece que la Ley de Vivienda "impedirá que se adopten medidas que puedan obstaculizar la oferta de vivienda a medio plazo".

Si un tope al precio de los alquileres por zonas podía chocar con este requisito -el Gobierno parecía dar por descontado que esta intervención la contemplaba la ley-, ahora se consagra la intervención en la actualización de los contratos, fuera de la excepcionalidad de la pandemia y la crisis.

De esta forma, al límite del 2% por Real Decreto-ley para el 2022 y 2023 se añade un 3% en 2024 y, a partir de entonces, se creará un nuevo tope siempre por debajo del IPC, de forma que la nueva regulación supondría desligar definitivamente los alquileres del mercado.

Precisamente, éste ha sido uno de los asuntos conflictivos en las negociaciones parlamentarias. La propia vicepresidenta primera y ministra para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se mostraba contraria a asumirlo a finales de febrero.

Hasta el 30 de junio para el cuarto tramo

El Gobierno tiene hasta el 30 de junio para pedir el cuarto tramo, lo que se hace cuando ya está avanzada la negociación y se cuenta con cierto refrendo de Bruselas. Así lo ha trasmitido en el caso de la reforma de las pensiones, si bien existen algunas dudas sobre la financiación del programa de Vivienda, en especial, los 4.000 millones con cargo a fondos UE anunciados por el presidente el pasado miércoles. "No podemos dar información sobre plazos porque todavía no está firmada la adenda necesaria", reconocen fuentes gubernamentales a este diario.

Justo este jueves se ha conocido la respuesta del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, a una pregunta parlamentaria de cuatro eurodiputados de PPE sobre si ha solicitado el Gobierno español que se modifiquen o aplacen los hitos 408, 409, 410 y 415. Se trata de los relativos a la sostenibilidad del sistema público de pensiones de jubilación, que deberían haberse cumplido durante el segundo semestre de 2022 para solicitar el pago del cuarto tramo de financiación. La pregunta de los populares fue formulada el 7 de febrero, en plena negociación.

Gentiloni responde que el Ejecutivo español no ha pedido cambios y aprovecha para echar un capote al Gobierno de Sánchez: "España es uno de los Estados miembros que han presentado de forma más oportuna las solicitudes de pago correspondientes".

Salvada la reforma de las pensiones como las palabras de los Ejecutivos español y comunitario parecen indicar, el escollo que ahora deben sortear en el cuarto tramo es la intervención del alquiler. Fuentes conocedoras de la negociación advierten de que el acuerdo en relación con la Ley de Vivienda era evitar obstaculizar la oferta de vivienda, lo contrario de lo que incluye finalmente la norma, y ven la amenaza de que haya un hito incumplido, que puede provocar el bloqueo de pagos. Esto se conocerá en septiembre u octubre y afectaría al déficit del próximo gobierno.

Sanciones millonarias

La Comisión Europea ha concretado la metodología que seguirá cuando un Estado Miembro no cumpla 'al pie de la letra' su Plan de Recuperación. Ésta era una de las peticiones que había realizado el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) con España en el foco, tal y como informó 'Vozpópuli'.

El Ejecutivo comunitario publicó el pasado 21 de febrero un documento que detalla la metodología que utilizará para aprobar pagos parciales a los Estados miembros cuando considere que algunos de los compromisos que contempla un desembolso no han sido totalmente satisfechos.

La cifra a pagar se reduciría por cada incumplimiento en una cantidad igual a la división de todos los fondos asignados por país entre total de hitos y objetivos del plan. En el caso de España, las cifra es de 69.500 millones entre 415 hitos.

Es una penalización que puede quintuplicarse para aquellos compromisos "relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa". En base a estos cálculos, si Bruselas considerara incumplido el hito que se refiere a la reforma completa de la vivienda, podrían estar en juego más de 800 millones.

Fuentes comunitarias han asegurado que "no cumplir una reforma fundamental de un plan (de recuperación) costará mucho, como debe ser" al ser preguntadas en particular por la reforma de las pensiones en España, según informa Efe.