Los fondos ofrecen al Gobierno 30.000 pisos sociales a cambio de contratos 'a la irlandesa'

Los grandes tenedores de vivienda en España tocan la puerta del Gobierno. Y ya, a viva voz, tras el tope a la actualización de los alquileres conforme a la inflación en la víspera de la nueva Ley de Vivienda que impondría más límites al negocio residencial.

Los fondos han puesto a disposición de las autoridades públicas los 30.000 pisos de alquiler social que se han propuesto por esta vía, a condición de que el Estado siga para ello el modelo de su homólogo irlandés. El llamado Enhanced Long Term Social Housing Scheme es una de las medidas que viene impulsando el Ejecutivo con base en Dublín -ahora de coalición entre la centro derecha y los verdes- para combatir el problema de la vivienda en ese país.

El mecanismo consiste en la cesión con descuento por parte de grandes propietarios de viviendas amuebladas en alquiler a la Administración Pública a condición de que esta les garantice contratos a su favor de 25 años. Bajo este modelo, el ente público asume el 95% de los gastos durante ese tiempo (en favor de los propietarios) y la relación con los inquilinos, mientras que el arrendador original está obligado a garantizar los servicios de mantenimiento. Las rentas deberían actualizarse conforme a la inflación cada tres años.

En el caso de España, grandes propietarios con el mayor de ellos, el americano Blackstone, a la cabeza, están dispuestos a ofrecer de partida descuentos del 15% o hasta el 20% sobre el precio de mercado. Los mismos inversores están además abiertos a que la referencia de las rentas sea el índice de precios en el que trabaja el Gobierno con motivo del proyecto de Ley de Vivienda. Otra basa con la que juegan los fondos es la velocidad con la que el Ejecutivo podría incorporar estas viviendas a su parque social, frente el coste y el tiempo de las de nueva promoción.

Las dificultades para el acuerdo sobre la vivienda

La interlocución entre el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y representantes del mercado de los grandes tenedores se mantiene desde principios de año, con la ubicación y la calidad de los pisos potenciales entre los meollos de un proyecto todavía en ciernes, informó ya este medio. Entre esos pisos que están dispuestos a ceder los fondos los hay vacíos, precarios y 'okupados'. Luego, además, está el factor de los criterios sobre los precios, que varían sensiblemente de una comunidad a otra.

El otro gran factor que tensa las negociaciones pasa por la difícil predisposición del socio del Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, a alcanzar acuerdos de tal recorrido en el tiempo con fondos de capital riesgo como el propio Blackstone, a los que siempre ha querido poner coto.

La vía de una cesión de larga duración despierta especial simpatía entre los fondos que invirtieron en vivienda desde la pasada crisis económica y pretenden ya cerrar el ciclo de sus inversiones

La vía de una cesión de larga duración despierta especial simpatía entre los fondos que invirtieron en vivienda desde la pasada crisis económica y/o durante la última década y pretenden ya cerrar el ciclo de sus inversiones. Algunos de ellos ansían seguridad jurídica para encontrar salida a sus activos de cara a inversores de largo plazo -por ejemplo, grandes aseguradoras y/o fondos de pensiones- ante la creciente regulación de la vivienda en España.

Oficialmente, el responsable de vivienda del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín, se ha limitado a señalar que existe todavía una distancia entre lo que pretenden las autoridades y los propietarios. Preguntado por este asunto en el foro Vivienda: accesibilidad y programas de colaboración público-privada de Esade, Martín ha incidido en que la problemática viene agravada por el hecho de que las competencias en Vivienda en España corresponden a las CCAA, lo que dificulta la tarea al Gobierno a la hora de presentar un contrato marco general para todos los inversores, como estos reclaman.

Según fuentes del mercado, el coste total de la operación para las arcas públicas rondaría al menos los 2.000 millones de euros. Se presenta en sí como la alternativa más rápida -pero insuficiente- para paliar el déficit de viviendas asequibles en el mercado, de más de un millón de unidades que difícilmente se levantarán antes de 2035.