La presión de los fabricantes logra retrasar hasta 2027 la entrada en vigor de la polémica Euro 7

Los pasos que está siguiendo Europa hacia la descarbonización del automóvil empezó a encontrar meses atrás cierta oposición por parte de varios países sobre todo por lo que a los plazos y las formas se refiere. Primero fueron las presiones de paíeses como Alemania, Italia o Austria que lograron evitar la prohibición de comercializar a partir de 2035 turismos con motores de combustión dándoles una nueva oportunidad a través de los combustibles sintéticos.

Y poco después, un grupo de países –así como la propia industria– comenzó una carrera por evitar la entrada en vigor de la restrictiva norma Euro 7 de emisiones por las millonarias inversiones que ello suponía. Han sido meses de presiones por parte de todos los fabricantes, pero finalmente la Unión Europea ha acordado hoy retrasar dos años hasta 2027 la entrada en vigor de la polémica norma para rebajar las emisiones contaminantes de los coches que tanto daño les hubiera hecho por los altísimos costes que requería lograr su cumplimiento en un momento en el que casi todo el esfuerzo está dedicado al desarrollo del coche eléctrico.

Cumplir con la Euro 7 obligaba a las automovilísticas a un aumento de costes desorbitado que repercutiría en una subida del precio de los coches.

El enfoque común aprobado por mayoría cualificada en un consejo de ministros europeos de Competividad celebrado hoy en Bruselas introduce, además, nuevos límites de partículas para frenos y neumáticos en la evolución de una normativa comunitaria estrenada en 1992 para mitigar las emisiones de CO2 de los vehículos y la liberación de partículas contaminantes.

Ese aspecto seguirá estando presente en futuras actualizaciones de la normativa más allá de 2035, fecha a partir de la cual sólo se podrán comercializar en la UE vehículos nuevos de cero emisiones.

La propuesta inicial presentada por la Comisión Europea contaba con la oposición frontal de un bloque de ocho países (Francia, Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia). Su argumento, similar al de la Asociación de Fabricantes Automovilísticos Europeos (ACEA), es que esas nuevas medidas añaden costes y trabas a la industria para un lapso de tiempo muy breve en el proceso que acabará en vehículos de cero emisiones.

Según la presidencia española, cuya postura defendió el ministro de Industria, Comercio y Turismo de España en funciones, Héctor Gómez, el texto acordado goza de un "compromiso cuidadosamente equilibrado" entre protección del medioambiente y la salud y competitividad industrial.