Nueve países de la UE presionan para evitar la entrada en vigor de la norma Euro 7

Los pasos que se están dando en Europa hacia una descarbonización del automóvil empieza a encontrar cierta oposición por parte de varios países sobre todo por lo que a los plazos y las formas se refiere. Si ya ante la presión de Alemania, Italia o Austria lograron evitar la prohibición de comercializar a partir de 2035 turismos con motores de combustión dándoles una nueva oportunidad a través de los todavía en desarrollo e-fuels, ahora un nutrido grupo de países –y la propia industria– quieren evitar también la entrada en vigor de la restrictiva norma Euro 7 por las millonarias inversiones que supone.

España, a través de su ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, no se opone a ello pero sí aboga por encontrar un "equilibrio" entre la descarbonización en el transporte y la competitividad industrial en lo que respecta a esta controvertida normativa.

"Es un expediente que estamos trabajando con el Ministerio de Industria y con el de Transición Ecológica y creo que lo más sensato es encontrar ese equilibrio entre esa necesaria consecución de los objetivos de descarbonización pero hacerlo de una manera que no afecte negativamente a la competitividad", dijo Sánchez.

La ministra respondió así a preguntas de Efe a su llegada a un consejo de ministros de Transporte de la Unión Europea celebrado en Luxemburgo en el que ocho países han pedido incluir el tema en la agenda. Ese bloque de Estados formado por Italia, Francia, Polonia, Bulgaria, República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia se oponen a la propuesta de la Comisión Europea para endurecer los estándares mínimos, extremo que tampoco gusta a la industria de la automoción, que considera que requiere inversiones y trabas burocráticas para una reglamentación que caducará en 2035.

Aunque no forma parte del grupo que pide retirar la propuesta, Alemania también se mostró crítica con los plazos de aplicación que, según el ministro germano de Transporte, Volker Wissing, son "inviables".

"¿Realmente merece la pena invertir tanto que va a tener repercusiones negativas en la transición a vehículos de emisiones cero?", se preguntó durante el debate el titular alemán, quien señaló que la Euro 7 en su versión actual es inaceptable.

Hungría señaló también que los plazos no son realistas, Italia pidió normas más pragmáticas y menos ideológicas y Eslovaquia avisó de que la norma "puede hacer que la renovación de la flota sea más lenta" y pidió que se cambie radicalmente.

Problema de costes

En el polo opuesto, países como Luxemburgo consideran que no se puede descafeinar la propuesta actual e incluso creen que habría que reforzarla mientras Dinamarca pide elevar los niveles de ambición en medidas restrictivas.

Austria, aunque reclama ambición, entiende las dudas sobre la fecha de entrada en vigor y Chipre y Países Bajos se situan en la línea de España, reclamando que la propuesta busque un equilibrio. Y es que los fabricantes europeos estiman que la normativa "Euro 7" será entre cuatro y diez veces más cara de lo que proyecta el Ejecutivo comunitario y encarecerá unos 2.000 euros cada coche con motor de combustión.

En concreto, los costes se estiman se dispararán de media en 2.629 euros para los coches diésel y 1.862 euros para los de gasolina para cumplir unos estándares de CO2 y partículas finas más estrictos entre 2025 y 2035, fecha en la que no se podrán vender en la UE coches nuevos que emitan dióxido de carbono.

La ministra Raquel Sánchez insistió en que buscará una posición que "equilibre ese necesario compromiso por esa movilidad que debe de ser más sostenible", pero teniendo en cuenta al "sector de la industria de la automoción, que en nuestro país tiene un peso muy importante".

Para que se apruebe la Euro 7, los Veintisiete deben acordar una posición conjunta al igual que el Parlamento, para enfilar una negociación final entre ambas instituciones, con ayuda de la Comisión Europea, que podría coincidir con la presidencia española del Consejo de la UE, que arranca el próximo 1 de julio.