Seis meses de la nueva plusvalía: devoluciones masivas y "amnistía fiscal"

Se cumplen seis meses de la entrada en vigor de la nueva plusvalía municipal que creó el Gobierno de forma exprés cuando el 26 de octubre el Tribunal Constitucional (TC) tumbó este impuesto, segunda fuente de financiación de los ayuntamientos. El balance que hace la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) es de "devoluciones masivas" por parte de la práctica totalidad de los municipios de las situaciones no consolidadas, eso sí, en un escenario en el que la mayoría de los consistorios todavía no se ha adaptado a la norma, para lo que tenían estos seis meses, y aplican la norma estatal.

En este sentido, una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos les auxilia y blinda sus actuaciones aunque no se hayan adaptado, como avanzó Vozpópuli.

Y además, se ha producido de facto, alertan los Inspectores Locales, una "amnistía fiscal", por haber decidido el TC que su fallo no fuera retroactivo. Se ha ofrecido un "borrón y cuenta nueva", han alertado, para todos los que en los últimos años no pagaron el impuesto debiendo hacerlo. Cabe recordar que la primera sentencia del Constitucional que cuestionó el impuesto, después de años de gran litigiosidad y anulaciones del tributo por parte de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) como el de Castilla-La Mancha, es de 2017.

En el caso de que prosperen los recursos contra la nueva norma de PP y Vox ante el TC, el Real Decreto-ley quedaría anulado hasta que esté en vigor el proyecto de ley que ahora tramitan las Cortes, con lo que esta amnistía puede ampliarse.

Sobre las devoluciones masivas, los inspectores han apuntado a que puede haber alguna excepción, en alusión al informe del Consell Tributaria del Ayuntamiento de Barcelona que consideró, en contra de lo que dice el Real Decreto-ley que creó el impuesto y que está en vigor desde el 10 de noviembre, de la propia sentencia del TC y de su doctrina, el informe considera que la nueva plusvalía se aplica a todos los casos abiertos, incluso a los anteriores a la entrada en vigor de la norma.

Asimismo, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local ha denunciado que las Administraciones Públicas locales continúan externalizando a entidades privadas los servicios de Inspección de los tributos locales ante la falta de medios del personal funcionario. "Una práctica fraudulenta que acumula sentencias en contra desde hace años y que supone una vuelta de tuerca más en el abandono que sufre la inspección tributaria", ha subrayado.

ANIHPL ha formulado esta denuncia durante la jornada Una visión de la reforma fiscal desde la óptica de la Hacienda Local, organizada conjuntamente con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). Según la Asociación, existen entidades locales que traspasan líneas rojas al suscribir contratos no muy distintos -cuando no iguales- a los que previamente han sido ya anulados por resolución judicial.

Desde ANIHPL se observa que, amparándose en términos como “apoyo”, “asistencia”, “colaboración” o “soporte” a la inspección local, las entidades privadas desarrollan potestades públicas de inspección legalmente vedadas a empresas. Así, las tareas de los adjudicatarios no se limitan a asistir a los funcionarios, han advertido, sino que los trabajadores de estas compañías llegan incluso a conocer los planes reservados de la Inspección, e incluso -más grave todavía- los elaboran, seleccionando de paso a los contribuyentes que pueden ser objeto de una inspección. Son prácticas ya juzgadas fraudulentas por distintos tribunales.

La razón de esta externalización masiva se debe a la carencia de medios de los entes locales para obtener los ingresos que les corresponden de acuerdo con el ordenamiento jurídico tributario.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha resuelto que la actividad inspectora eficaz y vigilante no sólo no es una opción sino "una exigencia inherente a un sistema tributario justo", convirtiéndose la lucha contra el fraude fiscal en "un fin y un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos, singularmente al legislador y a los órganos de la Administración Tributaria" (STC 110/84, de 26 de noviembre y 76//90, de 26 de abril).

Los impuestos locales, olvidados por Hacienda

Los Inspectores de la Hacienda Local también han lamentado que la propuesta de reforma fiscal que recoge el Libro Blanco elaborado por el comité de expertos "incurra en el error de pretender analizar la tributación en conjunto sin una de sus partes, la local". Eso sí, esto no constituye ninguna sorpresa, pues el Gobierno advirtió desde un principio que no se iba a incluir la financiación local en el  análisis para la reforma.

Más allá de criticar que las Haciendas locales sean las "grandes olvidadas", ANIHPL ha destacado que "continuamos con esquemas tributarios de mediados del siglo XIX y que en ciertos tributos contamos con una tutela estatal" que, en muchas ocasiones, condiciona el buen funcionamiento de la gestión e inspección de los mismos.

De hecho, admite que los tributos locales se mueven en una inseguridad jurídica permanente, poniendo como ejemplos los casos de la plusvalía, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el Actividades Económicas (IAE).