Iberdrola y Endesa piden audiencia a Teresa Ribera para extender la vida útil de las nucleares

“No me he reunido nunca con Teresa Ribera”, señala Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear. “Pero es algo que he solicitado para desatascar las situación”, añade el representante de la asociación que lidera Iberdrola y Endesa. Los siete reactores nucleares de España iniciarán su cierre en 2027 y este año es clave para evitarlo. Los dueños quieren negociarlo y el Gobierno no les da audiencia. 

El acuerdo alcanzado en 2019 entre Iberdrola, Endesa y Naturgy, principales dueños de las instalaciones, pactaron con Teresa Ribera el cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035 que extendía la vida útil de las centrales hasta una media de 46 años. Para el Foro Nuclear ese acuerdo se adoptó en una situación muy diferente a la actual donde la pandemia, la crisis energética y la senda de los países europeos para ser energéticamente independientes ha cambiado el paradigma. “Lo mejor sería sentarse y ver cómo podemos abordarlo, algo que de momento no hemos logrado”, explica Araluce. 

Este martes, la asociación de dueños de los centrales compartía que los siete reactores nucleares españoles en operación han demostrado, un año más, que son esenciales para garantizar el suministro eléctrico al operar de forma constante y estable prácticamente el 90% de las horas del año. En 2023, han generado más del 20% de la electricidad consumida y han conseguido evitar unos 20 millones de toneladas de CO₂. “Estas cifras reflejan el esencial papel de la energía nuclear tanto en el proceso de descarbonización como en la estabilidad del sistema”, explican.

Las centrales nucleares españolas han generado durante el pasado año 54.275,01 GWh, una cifra que representa el 20,34% del total de la producción eléctrica neta. Con una potencia instalada neta de 7.117 MW, tan solo el 5,71% del total, ha conseguido ser la segunda fuente de producción en España, según datos de Red Eléctrica analizados por Foro Nuclear. 

“Estos datos demuestran la garantía de suministro que ofrece día a día y año tras año la energía nuclear”, indica Ignacio Araluce. “El sistema eléctrico necesita contar con fuentes de base, estables y con una producción constante como la nuclear, que aporta estabilidad, robustez y potencia firme al sistema”, puntualiza. El representante de estas centrales que controla Iberdrola y Endesa certifica que, como sucede en otros países, se está en disposición de ampliar la vida útil hasta 20 años más, pero se necesita una predisposición del Gobierno. 

Las nucleares pagarán más

El problema ahora no es sólo que toda la actividad nuclear en España acabará en 2035, algo que cada vez parece más irremediable, sino que desde este año tendrán que pagar más por su ‘funeral’. El Gobierno pretende elevar un 40% la llamada 'tasa Enresa', aquella con la que los titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos que lleva a cabo la empresa pública. Esta cuantía que sitúa de los 7,98 euros por megavatio hora (MWh) que producen las centrales se elevaría hasta los 11,14. La entrada en vigor de estas nueva tarifa sería a partir del 1 de julio de 2024.

Así consta en el proyecto de Real Decreto por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de la empresa nacional de residuos radiactivos (Enresa) a las centrales nucleares en explotación.

Reclaman información

El Foro Nuclear reclama al Gobierno información económico-financiera por la Enresa respalda esta subida y solicita una ampliación del plazo para hacer alegaciones al Real Decreto, que se encuentra en fase de consulta pública desde el pasado 13 de enero y, en principio, hasta el próximo 2 de febrero.

El representante de las centrales que controla Iberdrola y Endesa destaca que cada año se pagan 450 millones de euros al fondo Enresa, sumado a los 200 millones que se invierten en las instalaciones para tenerlas preparadas. Las nuevas tasas suben cerca de 2.000 millones la factura que tienen que pagar las empresas.

Ignacio Araluce asegura que estas nuevas tasas podrían cubrirse si las centrales operaran cuatro o cinco años más. Por ello, insiste que hay que replantearse el cierre y que lo que al sector le gustaría es llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, sentarse con el Gobierno y hablar del futuro. Unas reunión que no se ha producido y que tampoco se espera que se mantenga en el corto plazo.