El cierre nuclear en España tendrá una factura de 22.600 millones para empresas y consumidores

El actual calendario de cierre de las centrales nucleares conllevaría una dependencia de otras fuentes de energía y un encarecimiento de la producción eléctrica que podría alcanzar 22.600 millones de euros. Una cifra que llegaría por costes directos y que tendría que ser soportado inevitablemente por las empresas y consumidores españoles.

Esta es una de las conclusiones que salen del estudio '¿Verde, competitiva y segura?' que ha realizado el think tank OIKOS en colaboración con la consultora AFRY. La investigación asegura que un cierre anticipado de las centrales nucleares, comparado con un escenario alternativo de cierre al término de su vida útil técnica similar al de otros países, provocaría en España tantos gases de efecto invernadero como genera nuestro país en tres años de emisiones medias.

El informe subraya que las centrales nucleares aportan robustez al sistema eléctrico español por ser una tecnología libre de emisiones de efecto invernadero, contribuir a reducir el coste del mercado eléctrico y garantizar una fuente de energía fiable e independiente de las condiciones meteorológicas.

Además, este cierre anticipado conduciría a una fuerte caída del margen de reserva, situándolo por debajo de niveles aceptables para un suministro seguro que haría necesario recurrir a combustibles fósiles.

Nucleares para reducir las emisiones

Para Luis Quiroga, cofundador de Oikos, “la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares ayudaría a garantizar la seguridad del suministro del sistema, conduciría a una reducción de las emisiones de carbono y contribuiría a reducir el coste total de la generación eléctrica”.

En todos los escenarios considerados en el informe, y gracias a la progresiva transición hacia fuentes de energía renovable, que en España son viables económicamente a un coste inferior al de la generación a partir de combustibles fósiles, se espera una reducción progresiva de los precios de la electricidad.

El informe constata que, a partir del año 2030, podrían conseguirse costes energéticos comparables a los niveles históricos e inferiores a los proyectados en un entorno europeo descarbonizado, lo que dejaría a España mejor posicionada que otros países del entorno a la hora de conseguir una ventaja de costes de producción para actividades intensivas en consumo energético y para políticas activas de industrialización.

No obstante, es de esperar que, como consecuencia del abandono de la generación eléctrica de origen fósil, se produzca un empeoramiento del margen de reserva que difiere mucho en función de las distintas políticas propuestas y que, en algunos casos, puede poner en peligro la seguridad del suministro.

Seguridad de suministro

“Es fundamental incorporar la seguridad de suministro al debate de las políticas de transición energética, dotándonos de un marco que permita desarrollar soluciones efectivas y es necesario fomentar la inversión en infraestructuras que aumenten la flexibilidad del sistema eléctrico, particularmente en soluciones de almacenamiento de larga duración”, añade Quiroga.  

Esa flexibilidad favorecería la creación de un entorno atractivo para la inversión en energías renovables. Se amortiguaría así la fuerte canibalización de la energía fotovoltaica, que puede provocar que dejen de ser rentables y desincentiven inversiones adicionales al tiempo que ponen en peligro la continuidad de la transición energética.

Entre las diferentes soluciones flexibles, el almacenamiento por bombeo, con una duración superior al de las baterías disponibles en la actualidad, podría ser clave para facilitar el crecimiento sustancial de las energías renovables y su integración en el sistema eléctrico, pues España dispone de un potencial no desarrollado de suficiente tamaño como para favorecer su máximo aprovechamiento.

La cuestión del almacenamiento, largamente ausente en las políticas actuales, resulta clave para cimentar una transición energética sostenible.