No sólo peajes: subida de carburantes, impuesto a billetes de avión: los compromisos con Bruselas que oculta Sánchez

El compromiso con Bruselas de aplicar peajes en 2024 que le ha estallado al Gobierno de Pedro Sánchez a tres días de las elecciones es sólo uno de los acuerdos impopulares con la Comisión Europea que oculta. La subida de la fiscalidad de gasolina y diésel, la creación de un impuesto a los billetes de avión, entre muchos otros tributos verdes, y la supresión de la tributación conjunta en el IRPF son algunos de los elefantes en la habitación sobre los que el próximo ejecutivo va a tener que responder.

Estas promesas cobran fuerza además una vez que la Comisión Europea ha cambiado el tono y no duda ahora en desmentir informaciones favorables al Gobierno de Pedro Sánchez en El País ni afirmaciones como la de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que aseguró categóricamente que no se iban a pagar peajes cuando el director General de Tráfico, Pere Navarro, recordó que el Gobierno se había comprometido con Bruselas a hacerlo desde enero. "Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de 'quien contamina, paga'", ha confirmado en rueda de prensa este jueves la portavoz económica de la Comisión, Veerle Nuyts.

La decisión del Consejo Europeo de junio de 2021 sobre el Plan de Recuperación de España establece que en el primer trimestre de 2023 deberán entrar en vigor "las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de personas expertas relativas a los diferentes elementos del sistema tributario español, con el fin de acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media de la UE". Se trata del quinto pago, de más de 8.000 millones, que medirá las reformas e inversiones realizadas hasta el 30 de junio de 2023, entre ellas, la reforma fiscal que aplique las propuestas del comité de expertos designados con este fin.

El compromiso concreta que se debe "garantizar un impuesto mínimo sobre la renta de las sociedades, hacer que el sistema tributario sea más eficiente, modernizarlo y adaptarlo a las nuevas tendencias, lo que incluye una perspectiva de género, centrándose en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de la tributación patrimonial y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes. Las reformas irán acompañadas también de un análisis de su impacto distributivo, en el que se prestará especial atención a las familias con hijos".

Nada de lo que plantean los expertos en su Libro Blanco se ha hecho, y de lo que sí se ha aprobado, la creación de los impuestos a banca y energéticas no forma parte de sus propuestas y el impuesto a grandes fortunas, que podría parecer alineado con la armonización de Sucesiones y Patrimonio que plantean, tampoco. De hecho, los sabios abogan por imponer tipos máximos y mínimos que deberá ponderar el Gobierno en una reforma de los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y no un impuesto pergeñado en un mes como enmienda a una ley no orgánica.

El capítulo más detallado del Libro Blanco es el relativo a la fiscalidad medioambiental, en el que plantean una subida del diésel e impuestos verdes que asciende a un total de 15.023 millones de euros. Recomiendan un alza del diésel y la gasolina de 6.850,2 millones, en la que proponen una equiparación de diésel y gasolina y una subida adicional. A esto se añade un incremento de 1.960,6 millones de la accisa del gas natural; una modificación del Impuesto de Circulación que supondrá 610,8 millones más y otra del de Matriculación para reunir 2.335,1 millones más; la tributación de combustibles de la aviación, marítimos y agrarios, con un objetivo de recaudar 1.701 millones; el pago por uso infraestructuras viarias, por 1.397,9 millones, y la creación de un impuesto a los billetes de avión, que reportará 951,8 millones.

Estos son sólo algunos de los impuestos verdes que proponen. El informe, que el Plan marca de obligada puesta en marcha, pone el foco en la subida de diésel y gasolina y en la creación de un impuesto a billetes de avión.

Hacienda emprendió el proyecto de creación de un impuesto a billetes de avión justo antes de la pandemia propuesto por Transición Ecológica, que llegó a estar en consulta pública, pero con la crisis del coronavirus se paralizó. Este impuesto, que tienen en vigor Francia, Alemania y otros países, ha sido estudiando por uno de los expertos del comité, Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo experto en fiscalidad medioambiental, que analiza distintos escenarios que van desde un impuesto medio de 2,94 euros por pasajero en los vuelos domésticos y 9,06 euros en los vuelos internacionales para recaudar 900 millones a reunir 1.500 millones gravando 5,43 euros los vuelos domésticos y 16,76 euros los vuelos internacionales. El Plan de Recuperación se compromete de entrada a "revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores".

Llueve sobre mojado con la propuesta del Libro Blanco de subir la fiscalidad de diésel y gasolina y de establecer peajes. El Gobierno también se comprometió a establecer "impuestos o pagos relacionados con la movilidad, como la introducción de peajes de carretera y la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación de vehículos; y la revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante a más tardar el 30 de junio de 2022".

Esto debería haber entrado en el tercer pago, que se pidió en noviembre y se ha avalado en febrero y cobrado en marzo, sin que se haya hecho nada de esto. En la adenda del Plan que el Gobierno ha remitido a Bruselas este junio vuelve a incluir estos compromisos.

Sobre el impuesto de matriculación, en enero de 2022 se recuperó la subida de 2021 que el Congreso congeló en la tramitación de la Ley de Lucha contra el Fraude para el segundo semestre. Se trata de la adaptación a la normativa europea para medir el consumo y las emisiones basada en el ciclo WLTP que se traduce en un aumento de los vehículos gravados por el impuesto de matriculación y, por lo tanto, en el valor de los coches nuevos. Bruselas reclamaba una subida adicional.

Una de las medidas de más calado medioambiental y que puede generar más contestación en la calle es la subida fiscal al diésel para equipararlo a la gasolina. El PSOE la llevaba en su programa en 2018 y suponía el alza de 3,3 euros al mes de media que ya llevaban los Presupuestos de 2019, que se cayó en la negociación de enmiendas con el PNV en otoño de 2018, mucho antes de la pandemia, y que Bruselas plantea incluso duplicar. Ya en noviembre de 2021, Teresa Ribera advirtió de que se vivía un incremento "muy notable" de los precios de los combustibles fósiles en los mercados internacionales, por lo que introducir un nuevo impuesto al diésel sería "enormemente sensible", ya que "perjudicaría a los que más lo necesitan".

Además de designar a los expertos y publicar su Libro Blanco, lo único que ha hecho el Gobierno es crear los impuestos a residuos y plásticos, que estaban ya diseñados antes del Plan de Recuperación y que han entrado en vigor con retraso.

El 3 de marzo de 2022, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió el Libro Blanco de la reforma fiscal del comité de expertos, cuando Rusia acababa de invadir Ucrania, y advirtió de que no habría subidas de impuestos en el corto y medio plazo, en alusión a los impuestos verdes.

Polémico fin de la tributación conjunta en el IRPF

El informe de los expertos que han asesorado al Ministerio de Hacienda en la reforma fiscal recupera una de las medidas más polémicas y que más quebraderos de cabeza han causado al Gobierno de Pedro Sánchez: la supresión de la tributación conjunta en el IRPF, medida que apareció en la publicación del Plan de Recuperación y que levantó gran controversia y contestación por tratarse de un beneficio fiscal de más de 1.000 millones de euros para las familias. Y lo hizo en un momento especialmente inoportuno para el Ejecutivo: justo antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021, cuando el Gobierno puso en barbecho todos su planes de subidas de impuestos para intentar competir con Isabel Díaz Ayuso. De hecho, el Ejecutivo ocultó todos los sus compromisos de subidas de impuestos en la primera información que dio sobre el Plan, el 30 de abril, y sólo se conocieron el 5 de mayo, al día siguiente de que Díaz Ayuso ganara las elecciones.

La vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, llegó a calificar la presencia de la supresión de la tributación conjunta en el IRPF en el Plan de Recuperación de "errata" y "sorpresa" y aseguró por una parte que no había nada al respecto en la reforma fiscal y a la vez dijo que en cualquier caso era un "planteamiento poco claro".

La propuesta no aparecía entre los componentes fiscales sino en los de igualdad "para fomentar la incorporación de las mujeres al trabajo", pero era clara: "Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta (principalmente mujeres)".

Entonces el Gobierno decía que habría que esperar a que acabaran los trabajos del comité de expertos de la reforma fiscal, y que si proponían esta medida, la contemplaría. Cabe recordar que ejecutar las propuestas de los expertos es un compromiso del Plan.

Pus bien, el informe propone suprimir esta reducción de 3.400 euros en la base imponible, que beneficia a cerca de cuatro millones de contribuyentes individuales y supone un coste de 1.070 millones de euros para las arcas públicas, según el cálculo de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado. La reducción beneficia sobre todo a familias donde uno de los cónyuges no trabaja o existe una gran diferencia entre las rentas de uno y otro.